Una serie de presuntas irregularidades en contrataciones, ascensos y designaciones se habría cometido dentro de la Defensoría del Pueblo. Según reveló el dominical Cuarto Poder, personas sin experiencia previa en el sector público habrían conseguido contratos y puestos en planilla luego de reunirse con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez.
Según informes de auditoría de la Contraloría General de la República, alertaron sobre un presunto incumplimiento reiterado de los requisitos profesionales exigidos para diversos puestos en la institución.
Los registros oficiales indicarían un patrón, donde profesionales que acudían al despacho de Gutiérrez terminaban incorporándose a la Defensoría del Pueblo poco tiempo después de esas reuniones.
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Uno de los casos es el de Lucía Yalán Cano, quien se reunió por más de dos horas con Josué Gutiérrez el 12 de junio de 2024. Semanas después obtuvo su Registro Nacional de Proveedores (RNP), recibió cinco órdenes de servicio consecutivas y posteriormente pasó al régimen CAS como asistente administrativa, pese a no haber trabajado antes para el Estado.
Un caso similar se habría dado con Nicole Mingos Medrano, quien visitó dos veces el despacho de Gutiérrez el 30 de julio de 2024. Tres días después tramitó su RNP, obtuvo cuatro órdenes de servicio y luego fue contratada bajo el régimen CAS.
Cuarto Poder se contactó con ambas involucradas, quienes negaron que sus nombramientos estuvieran vinculados a las reuniones con el titular de la Defensoría.
La Contraloría también detectó observaciones en puestos de mayor jerarquía. Betbiary Díaz Coral fue designada en julio de 2024 como jefa del Programa del Derecho a la Salud, cargo que exigía cuatro años de experiencia específica.
Según el informe de control, se habría consignado como tres años y dos meses de experiencia certificados, pero el documento presentado por la ciudadana acreditaba solo siete días de trabajo. Aunque Díaz debió dejar la jefatura en enero de 2025 debido a estas observaciones, Gutiérrez la designó después como asesora I y posteriormente la ascendió al puesto de adjunta.
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El expediente también menciona a Margarita Yahuana Correa, excolaboradora parlamentaria vinculada al entorno de Gutiérrez. Mientras ocupaba una plaza CAS, postuló a un concurso interno para ingresar al régimen laboral 728.
De acuerdo con la Contraloría, Yahuana intervino en la recopilación y consolidación de información administrativa del mismo concurso en el que participaba como postulante, lo que habría afectado la transparencia del proceso. Tras ganar la plaza, fue promovida a la Dirección General de Administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.