La construcción se prepara para cerrar 2026 con un crecimiento cercano al 10%, según Macroconsult, pero la consultora anticipa un primer semestre de 2027 marcado por las interrupciones que podría provocar el fenómeno de El Niño (FEN). Las empresas consultadas mantienen planes de inversión y desarrollo de proyectos, mientras la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) considera que la recuperación del ritmo de ejecución podría comenzar entre mayo y junio.
Pamela Bernabé, economista senior de Macroconsult, proyecta un crecimiento cercano al 10% para 2026 y superior al 5% para 2027. Explica que el resultado de 2026 se sustenta en un primer semestre excepcional, impulsado por la inversión privada, mientras el aporte del sector público se mantuvo estancado. Para el próximo año, identifica tres factores de moderación: una base de comparación elevada, el primer año de las nuevas gestiones regionales y locales, y el impacto del FEN.
La consultora incorpora en sus estimaciones un evento muy fuerte hacia finales de 2026 y durante el primer trimestre de 2027, cuyos efectos podrían extenderse hasta el cierre del primer semestre. “Prevemos que el sector se desacelere de forma importante en ese periodo para luego repuntar en la segunda parte del año”, sostiene Bernabé.
El Informe Económico de la Construcción (IEC) 105 de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) calcula que el sector habría crecido 10,6% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo período de 2025. El cálculo combina los resultados oficiales del INEI hasta julio con una estimación de Capeco para agosto. Para esos ocho meses, el gremio estima un aumento de 11,7% en el consumo de cemento y de 8,3% en el avance de obras públicas. Según el informe, sería el mayor crecimiento acumulado a agosto desde 2013, sin contar el rebote de 2021 tras la caída por la pandemia.
César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), también espera un cierre positivo de 2026, aunque advierte una tendencia de moderación durante los últimos meses por la incertidumbre climática. Para el primer semestre de 2027, mantiene una perspectiva de cautela, pues considera que la continuidad de las obras dependerá de la intensidad del FEN y de la capacidad de respuesta del Estado.
El impacto y los tiempos de recuperación
Para Macroconsult, el efecto neto del FEN al cierre de 2026 sería acotado e incluso podría favorecer temporalmente la actividad mediante labores de prevención, limpieza de cauces y descolmatación, antes del pico de lluvias. Bernabé ubica el mayor impacto entre enero y marzo de 2027, con precipitaciones superiores a lo normal en la costa norte, la costa central y la sierra noroccidental.
La economista identifica como segmentos más expuestos la obra pública subnacional de la costa norte, la infraestructura vial y la autoconstrucción de las zonas afectadas. Explica que el choque se transmite mediante paralizaciones por lluvias y huaicos, interrupciones de rutas que retrasan y encarecen los insumos, reasignaciones de presupuesto y personal técnico hacia la emergencia y postergaciones de nuevos proyectos inmobiliarios.
Candela destaca la exposición histórica de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, además de zonas vulnerables de Áncash, Lima e Ica y corredores viales de la sierra. Advierte que los efectos podrían incluir mayores costos de transporte, materiales, maquinaria, protección de frentes de trabajo y rehabilitación de accesos, junto con pérdida de productividad y mayores gastos generales.
La SNCI considera posible que la ejecución comience a recuperarse durante el segundo trimestre, particularmente entre mayo y junio, si disminuyen las lluvias y las empresas pueden reactivar sus operaciones sin mayores daños en la infraestructura. Sin embargo, sitúa una recuperación más sostenida y generalizada desde el tercer trimestre.
“No obstante, debemos distinguir entre reiniciar una obra y recuperar plenamente su ritmo de ejecución”, sostiene Candela. Explica que retomar actividades puede requerir semanas o meses adicionales para normalizar la productividad, reorganizar la logística y ajustar los cronogramas.
Bernabé espera que las obras privadas recuperen su ritmo desde el segundo trimestre, porque responden a decisiones de inversión ya tomadas. El conjunto del sector, ubica el repunte en la segunda mitad del año, impulsado por la reanudación de obras privadas y el gasto en rehabilitación.
En el componente público, la economista advierte que parte de la ejecución podría desplazarse a 2028. A las interrupciones físicas se sumarían la curva de aprendizaje de las nuevas autoridades subnacionales y la reprogramación de recursos hacia la emergencia. La recuperación, añade, dependerá del daño a la red vial, la habilitación de recursos, la capacidad técnica de los gobiernos y el esquema institucional de una eventual reconstrucción.
La inversión que sostiene las obras
Macroconsult prevé que la inversión privada explique la mayor parte del dinamismo de la construcción en 2027. Entre sus motores menciona el avance de Tía María, el inicio previsto de la optimización de Cerro Verde y de Pampa del Pongo, las reposiciones y ampliaciones de unidades mineras, los proyectos de electrificación, el segmento inmobiliario y la autoconstrucción.
Javier Amézaga, vicepresidente del directorio de Cosapi, espera que la demanda de construcción durante el primer semestre esté impulsada principalmente por inversión privada en edificaciones. Para la segunda mitad de 2027, anticipa adjudicaciones en minería e infraestructura pública.
“La minería continuará siendo el principal motor de la construcción de gran escala en el país”, sostiene. El ejecutivo señala que ese impulso proviene tanto de nuevos proyectos como de ampliaciones y optimizaciones de operaciones existentes.
Cosapi proyecta cerrar 2026 con ventas cercanas a S/1.180 millones en sus operaciones de ingeniería y construcción, por encima de 2025, apoyadas en proyectos mineros, de infraestructura y edificaciones. Para todo 2027, Amézaga estima un crecimiento aproximado de 10%, mediante nuevas adjudicaciones e inicios de proyectos vinculados principalmente a inversión privada e infraestructura estratégica.
El ejecutivo precisa que una parte importante de la actividad prevista para 2027 cuenta con etapas de desarrollo avanzadas, mientras el crecimiento adicional depende de inversiones que todavía se encuentran en evaluación.
Candela considera que los proyectos con mejores condiciones para avanzar son los que ya están en ejecución y cuentan con financiamiento asegurado, contratos vigentes, permisos aprobados y terrenos disponibles. Así, menciona inversiones mineras con obras comprometidas, frentes habilitados de la Línea 2 del Metro de Lima, proyectos de transmisión eléctrica y obras de transporte, saneamiento, salud y educación preparadas para ejecutarse.
Por el contrario, advierte posibles postergaciones en proyectos todavía en estudios, estructuración financiera, liberación de terrenos o contratación. También identifica riesgos en obras de la costa norte cuyos accesos y abastecimiento podrían verse afectados.
Vivienda mantiene planes de crecimiento
Diana Puga, gerenta de Negocios Inmobiliarios de Albamar Grupo Inmobiliario, espera cerrar el 2026 con una inversión superior a la de 2025, ventas de alrededor de 700 departamentos por aproximadamente S/300 millones y unas 500 unidades entregadas en cinco proyectos. Las ventas previstas se comparan con los S/265 millones registrados el año pasado.
Para 2027, la empresa proyecta mantener 18 proyectos en cartera, con cuatro desarrollos que se cierran hacia finales de 2026 y cuatro nuevos que se incorporan durante el próximo año.
Puga señala que los proyectos de vivienda Gran Cornejo, Move y Flex tienen previsto iniciar construcción en el último bimestre de 2026. Para el primer semestre de 2027, identifica oportunidades en Lima Moderna y Lima Centro, en zonas conectadas y próximas a servicios, tanto para primera vivienda como para compradores que buscan invertir.
“Esperamos que la demanda se mantenga activa durante el primer semestre de 2027”, sostiene. La ejecutiva explica que las condiciones de crédito pueden determinar si una compra se concreta o se posterga y que, en los proyectos donde corresponde, los bonos habitacionales facilitan el acceso y favorecen nuevas etapas de desarrollo.
Gustavo Latorre, gerente comercial de Edifica, proyecta cerrar este año con una inversión aproximada de US$40 millones, ventas por S/680 millones y la entrega de 950 departamentos. Frente a 2025, estas metas representan aumentos de 40% en inversión, alrededor de 10% en ventas y 25% en entregas.
Durante el primer semestre de 2027, la empresa prevé incrementar en al menos 20% la inversión destinada a comprar terrenos frente al mismo período de 2026. Latorre también anuncia aproximadamente cuatro lanzamientos de proyectos en lo que resta de este año, con foco en Lima Top y zonas seleccionadas de Lima Moderna.
“La evolución de la demanda dependerá del segmento”, sostiene. En Lima Top, al menos 40% de los compradores utiliza recursos propios, lo que reduce su dependencia del crédito hipotecario, explica.
Bernabé mantiene perspectivas favorables para la vivienda por el impulso del financiamiento hipotecario tradicional de la banca privada. Sin embargo, identifica riesgos en la vivienda social por la reducción prevista para 2027 de recursos para Techo Propio y el Bono del Buen Pagador. Capeco también advierte en su informe que el segmento de vivienda de interés social enfrenta recursos no asegurados hacia el último tercio de 2026.
La economista añade que el FEN podría postergar inicios de proyectos en la costa norte durante el primer trimestre, mientras una eventual necesidad de reponer viviendas afectadas podría reactivar la demanda en el segundo semestre. También advierte que las elevadas tasas internacionales de largo plazo podrían trasladarse al costo del crédito hipotecario local.
Mantener la continuidad
Amézaga identifica como principales riesgos para las obras las interrupciones de accesos, restricciones logísticas y de abastecimiento, menor productividad y dificultades para movilizar personal. Estos factores pueden retrasar actividades críticas y generar mayores costos operativos y de mitigación, anota.
Cosapi refuerza su planificación mediante rutas alternas, abastecimiento anticipado de materiales estratégicos, contingencias para el personal, monitoreo climático y programación flexible. Según el ejecutivo, recuperar el ritmo dependerá de reorganizar actividades y disponer de trabajadores, materiales y equipos críticos.
En Albamar, Puga señala que la preparación comprende revisar los cronogramas, el abastecimiento y la logística según la ubicación y etapa de cada proyecto. “No todos los proyectos tienen la misma exposición”, sostiene. La continuidad de materiales, accesos e infraestructura permitirá mantener el avance previsto y acelerar etapas donde sea posible, añade.
Candela plantea que el Estado identifique las obras públicas más expuestas y apruebe contingencias para proteger los frentes de trabajo, mantener la conectividad y asegurar recursos. A las empresas recomienda actualizar sus matrices de riesgos, anticipar insumos y establecer cronogramas que permitan continuar las actividades técnicamente viables durante las lluvias.
Jimy Fernández Castillo, ejecutivo de Ejecución de Inversión de la Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), señala que la entidad está construyendo obras provisionales a lo largo de 26 km, como ataguías y colocación de roca, para proteger los avances de las obras definitivas y facilitar su reactivación después de las lluvias. “El riesgo principal es la pérdida del avance de obras ante la crecida del caudal por efecto de erosión y socavación”, sostiene. Añade que el impacto sobre los cronogramas deberá evaluarse después del evento.
El reto de ejecutar y reconstruir
Bernabé considera que las obras de prevención y una eventual reconstrucción compensarían solo parcialmente el impacto inicial del FEN. Señala que el Gobierno prevé S/2.500 millones para intervenciones en 2027, adicionales a los S/2.500 millones aprobados para 2026, y sostiene que la principal limitación sería la capacidad de ejecución.
Fernández señala que ANIN requiere aproximadamente S/4.270 millones para sus intervenciones en defensas ribereñas, sistemas de alerta temprana y drenaje pluvial urbano durante 2027. Explica que el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, que se encuentra en el Congreso, contempla unos S/799 millones para esas intervenciones. Sin embargo, precisa que “no se tiene asegurado un presupuesto”, pues este se determinará mediante dicha ley.
El informe de Capeco recoge una ejecución de inversión pública de S/34.945 millones entre enero y agosto, 10,1% más que en igual período de 2025, con información del MEF. Pese al avance, el gremio estima que al cierre del año quedarían S/18.500 millones sin ejecutar.
Para 2027, Macroconsult espera que el impulso público provenga del Gobierno Nacional, las intervenciones de prevención y rehabilitación y la cartera de asociaciones público-privadas. Sin embargo, la consultora advierte riesgos en la ejecución subnacional y en nuevas adjudicaciones que dependen de la gestión del Gobierno.
Amézaga identifica obstáculos en expedientes técnicos, permisos, saneamiento de terrenos, contratación y capacidad de gestión. Ante una eventual reconstrucción, plantea disponer desde temprano de proyectos priorizados, presupuesto y mecanismos ágiles de contratación, acompañados de controles de integridad y transparencia.
Por su parte, Fernández sostiene que “la ANIN tiene la capacidad técnica y operativa para poner en marcha acciones de reconstrucción, siempre que se pueda asegurar los recursos económicos para la continuidad y finalización de dichas acciones”. El funcionario precisa que las afectaciones no pueden determinarse todavía, pues dependerán de la magnitud del FEN.
Candela coincide en que conseguir financiamiento no basta. “Nuestra principal preocupación es que las interrupciones climáticas se conviertan en paralizaciones prolongadas por problemas administrativos, presupuestales o contractuales”, sostiene.
El director ejecutivo de la SNCI propone contar con evaluaciones rápidas de daños, expedientes adecuados, terrenos disponibles y presupuestos habilitados. También distingue las intervenciones inmediatas para restablecer servicios esenciales de las obras definitivas, que deben incorporar criterios de resiliencia climática.
“El Perú no puede seguir reconstruyendo las mismas obras después de cada fenómeno de El Niño”, sostiene Candela. Para la SNCI, anticipar decisiones técnicas, presupuestales y contractuales será determinante para que la recuperación que prevé desde el segundo trimestre pueda traducirse en una mayor normalización de la construcción durante la segunda mitad de 2027.
