La bancada del Partido Cívico Obras, a través de la diputada Diana Hancco, presentó un proyecto de ley que propone autorizar el nombramiento excepcional de docentes que aprobaron los concursos de ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM) de 2022 y 2024, pero no consiguieron una plaza durante los respectivos procesos de adjudicación.
La iniciativa legislativa plantea establecer un procedimiento extraordinario y por única vez para incorporar a estos profesionales a la carrera docente, siempre que cumplan los requisitos generales y específicos de las plazas disponibles.
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta busca aprovechar los resultados de las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación (Minedu).
Además de como cubrir plazas orgánicas vacantes y presupuestadas que permanecen sin adjudicar en las instituciones educativas públicas.
¿Quiénes podrían acceder al nombramiento excepcional?
El proyecto establece que podrán participar los postulantes que figuren en los resultados definitivos de los concursos de 2022 o 2024 como aprobados en las etapas nacional y descentralizada, pero que no hayan obtenido una plaza en la convocatoria correspondiente.
Además, deberán cumplir tres condiciones: no contar con un nombramiento vigente en la Carrera Pública Magisterial, reunir los requisitos generales de ingreso y acreditar las exigencias específicas de la plaza a la que postulan.
En caso de que un docente cumpla las condiciones de ambas convocatorias, participará con un solo registro, de acuerdo con las reglas que establezca el Ministerio de Educación.
La propuesta precisa que el año en que se aprobó el concurso no será un criterio para establecer la prelación entre los postulantes.
Si los puntajes de las convocatorias de 2022 y 2024 no son directamente comparables, el Minedu deberá determinar una metodología de equiparación o aplicar una evaluación complementaria común.
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Asimismo, antes de la adjudicación, se deberá publicar un cuadro provisional de méritos y otorgar un plazo para presentar reclamos. Una vez resueltas las observaciones, se difundirá el cuadro definitivo y se realizará la adjudicación en acto público.
¿Cuántas plazas y docentes comprende la propuesta?
La exposición de motivos presenta cifras de los dos concursos de ingreso a la Carrera Pública Magisterial para sustentar la necesidad de la medida.
En el proceso de 2022 se publicaron 101,509 plazas. De estas, 74,767 fueron adjudicadas a docentes, mientras que 21,015 postulantes no consiguieron una vacante. Además, 28,063 plazas quedaron desiertas.
En tanto, en el concurso de 2024 se convocaron 47,737 plazas. Al término del proceso, 25,237 docentes resultaron adjudicados y 24,174 postulantes no accedieron a una vacante. Paralelamente, 22,500 plazas quedaron sin cubrir.
Para la iniciativa legislativa, estas cifras evidencian que coexistieron docentes que aprobaron las evaluaciones de ingreso con plazas que no lograron ser cubiertas durante los procesos de nombramiento.
¿Qué plazas se utilizarían y quién financiaría los nombramientos?
El proyecto señala que el procedimiento excepcional comprenderá exclusivamente plazas orgánicas, vacantes y presupuestadas que se encuentren disponibles para nombramiento.
El Ministerio de Educación, en coordinación con los pliegos y las unidades ejecutoras competentes, deberá identificar cada plaza mediante su código, institución educativa, UGEL o Dirección Regional de Educación, modalidad, nivel y especialidad, según corresponda.
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La convocatoria también requerirá una opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre su viabilidad presupuestaria y sostenibilidad fiscal. Las entidades involucradas deberán acreditar la disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente y sustentar el financiamiento del costo recurrente en su programación multianual.
En cuanto a los recursos, la propuesta establece que la implementación se financiará con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos competentes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
¿Cuándo se implementaría?
De aprobarse y publicarse la iniciativa, el Ministerio de Educación tendría un plazo de 30 días calendario, contado desde la entrada en vigor de la ley, para aprobar las disposiciones necesarias para su implementación.
