Una persona puede comprar una vivienda o un vehículo mediante una operación aparentemente legal y descubrir, tiempo después, que el bien está vinculado con una actividad ilícita atribuida a su anterior propietario. ¿Qué puede hacer para demostrar que actuó de buena fe y recuperar su patrimonio si resulta afectada por un proceso judicial?Esta problemática es el eje de una investigación desarrollada por Karina Alejandra Mamani Cruz, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Continental, campus Arequipa, junto con Nancy Elizabeth Huarca Ppacco. El estudio obtuvo el primer puesto nacional en la categoría de proyectos en curso, modalidad póster, área de Humanidades, del IV Congreso Nacional de Semilleros de Investigación (CONASEIN 2026).
Estudiantes de la Universidad Continental ganan concurso nacional con propuesta para fortalecer la ley de extinción de dominio |
Fuente: Universidad Continental
La propuesta plantea modificar el Decreto Legislativo N.º 1373, que regula la extinción de dominio en el Perú, para reconocer expresamente la protección de terceros de buena fe e incorporar mecanismos de restitución y reparación frente a afectaciones injustificadas.“Una de las principales dificultades es que la persona puede haber adquirido un bien mediante una operación aparentemente legítima y, tiempo después, descubrir que este está vinculado con una actividad ilícita atribuida a su anterior propietario o a otra persona”, explica la estudiante de la Universidad Continental.
Estudiantes de la Universidad Continental ganan concurso nacional con propuesta para fortalecer la ley de extinción de dominio |
Fuente: Universidad Continental
Extinción de dominio: ¿qué ocurre con los terceros de buena fe?La extinción de dominio permite al Estado obtener la titularidad de bienes vinculados con actividades ilícitas mediante un proceso judicial autónomo del proceso penal. Este mecanismo, regulado desde 2018, busca impedir que los beneficios económicos del crimen organizado permanezcan en manos de quienes los obtuvieron ilegalmente.Sin embargo, su aplicación y alcance han generado controversia, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley N.º 32326, en mayo de 2025. Esta norma modificó el procedimiento e incorporó nuevas exigencias y excepciones relacionadas con la necesidad de contar con sentencias firmes o laudos previos.Según el Poder Judicial, hasta septiembre de 2025 se habían transferido al Estado bienes y dinero por más de US$ 194 millones mediante sentencias de extinción de dominio. No obstante, en febrero de 2026, el coordinador del subsistema especializado de esta materia estimó que los cambios normativos habían significado alrededor de US$ 50 millones menos en activos recuperados durante 2025. Esta última cifra corresponde a una estimación institucional y forma parte del debate sobre los efectos de la reforma.En ese contexto, la investigación pone el foco en cómo garantizar que la recuperación de patrimonio ilícito no perjudique a personas que adquirieron sus bienes legítimamente.“Actualmente no hay un criterio unificado de los jueces para determinar quién es un tercero de buena fe, por lo que, en la práctica, una persona no sabe de forma exacta qué acciones debería realizar para evitar verse involucrada en actos delictivos”, sostiene Mamani Cruz.¿Qué propone la investigación para proteger el patrimonio?Entre las recomendaciones del estudio figura incorporar un nuevo artículo al Decreto Legislativo N.º 1373 que establezca criterios para reconocer la buena fe y contemple mecanismos de reparación para quienes resulten afectados injustificadamente.La propuesta también plantea que la restitución del bien y la determinación de una eventual indemnización puedan evaluarse dentro del mismo proceso judicial. Así, la persona perjudicada no tendría que iniciar otro procedimiento para reclamar una compensación.“Se debe restituir el bien, no se debe disponer del bien antes de una sentencia firme en todos los casos. Debe determinarse el perjuicio y, conforme a ello, evaluar el monto de indemnización, todo ello dentro del mismo proceso para evitar otro proceso extenso”, explica Mamani Cruz.Para sustentar la iniciativa, la investigación incluye una comparación de las legislaciones de Colombia y Chile, con el objetivo de identificar mecanismos que puedan contribuir a mejorar la protección de terceros en el Perú.Según la estudiante, el modelo colombiano reconoce la protección de la propiedad obtenida legítimamente y contempla garantías para terceros de buena fe, mientras que en Chile la reparación puede reclamarse al autor del hecho delictivo.La investigación representa una aplicación de los conocimientos jurídicos desarrollados durante la formación universitaria. Desde la carrera de Derecho de la Universidad Continental, iniciativas como esta permiten vincular el análisis normativo con problemáticas que afectan los derechos de los ciudadanos.
