El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró improcedente la cuestión previa planteada por la defensa del exmandatario, que cuestionaba los cambios realizados por el Ministerio Público en la calificación penal y el grado de participación que se le atribuye en los hechos.
¿Por qué se rechazó?
Según información de El Comercio, la defensa sostuvo que la Fiscalía modificó la imputación de tráfico de influencias y negociación incompatible sin cumplir con los procedimientos correspondientes.
Inicialmente, el primer delito figuraba como imputación principal y el segundo como alternativa. No obstante, en mayo de este año, el Ministerio Público invirtió ese orden y pasó a atribuirle a Vizcarra la condición de autor en lugar de instigador.
La defensa argumentó que estos cambios vulneraban el debido proceso y requerían una nueva autorización del Congreso o la aprobación judicial correspondiente.
- LEA TAMBIÉN: Poder Judicial acelera proyecto para garantizar cumplimiento de fallos laborales: ¿cómo?
En respuesta, la Fiscalía Suprema sostuvo que no se modificaron los hechos ni los delitos autorizados por el Congreso, sino que únicamente se precisaron la imputación y el grado de intervención atribuido al expresidente.
El juez supremo Juan Carlos Checkley determinó que los cuestionamientos de la defensa deberán evaluarse durante el control formal de la acusación. De esta manera, el proceso continuará sin que prospere el pedido de anulación presentado por Vizcarra.
yt:bJQmoJBai9k
¿De qué se le acusa a Martín Vizcarra en este caso?
De acuerdo con la acusación fiscal, las contrataciones se habrían realizado entre 2018 y 2020, pese a que el cantante presuntamente no cumplía con el perfil requerido para prestar los servicios.
- LEA TAMBIÉN: Vladimir Cerrón: Fiscalía pidió al Poder Judicial aprobar archivamiento por el caso Antalsis
Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para Vizcarra por el presunto delito de negociación incompatible.
De manera alternativa, pidió seis años y ocho meses de cárcel por tráfico de influencias. Asimismo, requirió seis años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La siguiente audiencia de control de acusación fue programada para el 4 de noviembre, a las 2:30 p. m.
