La jornada de hoy resulta clave dentro del caso de agresión sexual que involucra a alumnos del Liceo Naval Almirante Guise debido a que el Tercer Juzgado de Familia de Lima tiene programada la celebración de una audiencia de juzgamiento y esclarecimiento con la que busca determinar con precisión lo ocurrido el 15 de septiembre.
Si bien el acta de la audiencia es estrictamente confidencial debido a que involucra a menores de edad, el abogado de la víctima, Juan Peña, aseguró a RPP que esta buscará precisar los eventos que tuvieron lugar al interior del autobús que transportaba a los jóvenes.
Los cuatro menores puestos en comparecencia, el entrenador deportivo y el docente acompañante, así como peritos que participaron de las investigaciones, fueron citados en calidad de testigos a la sesión judicial.
“Es la etapa final del proceso penal, en este caso contra infractores adolescentes. Como su propio nombre indica, el juez quiere esclarecer lo que realmente ha ocurrido en base a lo que puedan decir los órganos de prueba, entiéndase como testigos o eventualmente los especialistas que hayan podido intervenir en la causa, para que eventualmente pueda tomar una decisión ajustada a ley y derecho”, explica a El Comercio el abogado penalista Aarón Aleman.
Hasta el momento existen tres vacíos fundamentales dentro de la investigación. En primer lugar, la línea de tiempo exacta del trayecto, con el fin de determinar cuánto habría durado el ataque. Además, el nivel de participación de cada una de las personas presentes y, finalmente, contrastar las versiones brindadas por los involucrados tanto a la Policía como al Ministerio Público.
En este caso, la audiencia de juzgamiento y esclarecimiento se realiza en reemplazo de la reconstrucción de los hechos, con el fin de evitar la revictimización del agraviado.
Etapa determinante
Cabe recordar que el pasado 18 de septiembre, el Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo contra seis de los investigados como “autores de la infracción contra la libertad sexual”.
Al ser consultado sobre si la audiencia de hoy podría cambiar la situación de alguno de los citados, Aleman no descartó dicho escenario. “Lo que va a tener que pasar es que den su versión. A diferencia de un investigado o acusado, el testigo tiene la obligación de decir la verdad de lo que haya ocurrido y de comparecer ante el juzgado para que puedan dilucidar lo que el juez les pide esclarecer. Va a cambiar su situación si es que mienten y se demuestra esto, o si es que no asisten y pasen a ser citados bajo grado de fuerza de ley”, precisó.
En cuanto a los mayores de edad que participarán de la audiencia, Aleman no descartó que posteriormente se pueda seguir un proceso independiente en su contra. “El juzgado que convoca es competente porque actualmente se debate la eventual responsabilidad de los seis adolescentes. Distinto es el proceso que se les pueda seguir a los mayores de 18 años que han podido estar presentes con respecto a su intervención en los hechos posibles del delito. A ellos tendrá que poder llevarse a cabo una denuncia, una investigación y una eventual iniciación de juicio, pero eso será aparte”, indicó.
En esa misma línea, Sophia Icaza, abogada penalista de Noriega, Icaza y Cárdenas Abogados, precisa a El Comercio el marco legal bajo el cual respondería el personal presente en el bus. “Los profesores y adultos acompañantes deberán responder por el delito de omisión de auxilio al tener la obligación legal de velar por la vida e integridad de los menores, e incluso en un supuesto de omisión impropia por el delito de violencia sexual”, sostiene.
Para la jurista, además de los testimonios, los informes técnicos jugarán un papel determinante. “Son básicos los peritajes que los médicos legistas deben haber evacuado, tanto de reconocimiento físico como psicológicos y de perfil sexual. Estos elementos de prueba serán valorados conjuntamente por la fiscalía de familia al formular acusación y por el juez al emitir sentencia”, señala.
Futuro del proceso
Sobre las siguientes etapas del proceso, Aleman estima que entre finales de octubre e inicios de noviembre debería conocerse un veredicto. “La subsiguiente fecha tendría que ser los alegatos del fiscal, de la defensa, del tercero civil responsable y luego de eso ya concluye el juez. Yo calculo que, después de la audiencia, serán entre dos a tres semanas que ya tengamos una decisión de fondo”, detalló el especialista.
Sin embargo, Icaza plantea una lectura distinta sobre los tiempos reales de la justicia penal juvenil en Lima, donde la causa se rige bajo el Código de los Niños y Adolescentes.
“Hoy se inicia la audiencia con peritos y testigos, y va a terminar con los alegatos de las defensas y de la parte agraviada. Todo esto va a tomar varias sesiones de audiencias. Para que tengas una idea, tengo un caso similar contra un adolescente y continuamos en audiencias desde diciembre pasado, teniendo solo a un investigado”, recalca.
La abogada agrega que, tras estas sesiones, el expediente irá a la fiscalía de familia, donde se formulará la acusación para luego retornar al juzgado. “El juez debe emitir sentencia y de ser el caso imponer la medida socioeducativa, que puede ser de hasta ocho años de internamiento al tratarse de un delito agravado, además del pago de una reparación civil a favor de la víctima”, puntualiza.
Una nueva acusación
En medio de la expectativa por la diligencia judicial, la noche del jueves la madre de uno de los menores recluidos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima conocido como Maranguita por el caso Liceo Naval, acusó a otro de los escolares de haber intentado agredir sexualmente a su hijo en las instalaciones del recinto.
En la acusación interpuesta en la comisaría de San Miguel, la denunciante detalla que el presunto ataque ocurrió cerca de las ocho de la noche en el área común de las duchas. El acusado habría intentado agredir sexualmente a su compañero delante de otros cuatro internos y con características similares a las denunciadas el 15 de septiembre.
El Ministerio Público informó la apertura de diligencias preliminares sobre este nuevo hecho, las cuales estarán a cargo de la Décima Fiscalía Provincial de Familia de Lima por un plazo inicial de 24 horas.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, anunció la realización de acciones de supervisión ante la denuncia presentada. Como parte de ello, personal de la Defensoría se presentó en la comisaría de San Miguel para verificar que la denuncia policial fue presentada y se desarrollaban las diligencias correspondientes, entre ellas el reconocimiento médico legal y la declaración del adolescente en Cámara Gesell.
Al ser consultado sobre la influencia que podría tener este nuevo episodio en la audiencia de hoy, Aleman precisó que “técnicamente no tendría porque son hechos totalmente independientes entre sí”.
“Alegatos referentes a este hecho, ya sea de la parte agraviada o de los propios investigados, no tendría por qué ser objeto de pronunciamiento por la judicatura. El juez haría mal si es que puede valorar o tomar en cuenta esos argumentos. Si toma una posición sobre la base de lo que espera la gente estaría incurriendo incluso en un posible delito de prevaricato al traer otros hechos que no tengan nada que ver con este proceso”, precisó.
