El acceso a energía limpia y de bajo costo sigue siendo una tarea pendiente en el Perú. Según el Minem, el 11% del consumo final de energía del país proviene de combustibles sólidos, como la leña, el carbón o la bosta. En los hogares, esta proporción alcanza el 42%. El sur concentra parte importante de esa brecha, pero también una cartera de proyectos que puede impulsar su cierre y la competitividad regional.
Una brecha que se concentra en el sur
Pese a los avances, casi el 14% de los hogares (cerca de 1,5 millones) cocina exclusivamente con combustibles sólidos, según el Censo 2025. La proporción es mayor en regiones más rurales: en Huancavelica, Apurímac y Puno, oscila entre el 30% y el 37%, más del doble del promedio nacional. En contraste, en Ica y Arequipa ronda el 4%, y en Lima Metropolitana y Callao, apenas el 0,3%. Las brechas también se reflejan en el nivel de consumo energético de los hogares. Según Olade, los hogares en Chile y Argentina consumen más del doble de energía que en Perú, pues el GLP y el gas natural para calefacción y agua caliente se usan en mayor medida.
En las zonas con mayores brechas, la geografía accidentada y la dispersión de los hogares encarecen el abastecimiento. Por ello, ampliar el acceso exige priorizar y combinar alternativas según las necesidades de cada territorio, al menor costo posible. En zonas rurales y dispersas, los programas del FISE, como Vale GLP, Bonogas y de electrificación rural, facilitan la sustitución de leña y otros sólidos por energías más limpias y eficientes.
Las alternativas para el sur
El mismo criterio de eficiencia debe guiar el desarrollo de la infraestructura de gas natural. Construir ductos solo es viable si existen grandes clientes que generen escala de demanda para reducir costos. En la costa sur, ese papel lo cumple el Nodo Energético: la zona concentra el 30% de la capacidad de generación térmica del país. Esta demanda ancla sustenta dos proyectos autofinanciados: el Gasoducto Sur Costero (US$2.072 millones) y la concesión de distribución Sur Oeste (US$236 millones), hoy operada por Petroperú.
En la sierra sur, el panorama es distinto. Las siete regiones que incluye la adenda propuesta por Cálidda (US$550 millones) concentrarían el 16% de los potenciales usuarios residenciales, pero solo el 4% de la demanda industrial y el 3% de la capacidad de generación térmica. Por ello, este proyecto, también autofinanciado, plantea transporte virtual (vía camiones cisterna). En cambio, el Gasoducto Regional Cusco (cerca de US$600 millones) y el Sitgas (US$4.321 millones) requerirían recursos públicos para ser viables.
El Gasoducto Sur Costero y las siete regiones, en conjunto, lograrían ampliar la cobertura hacia el sur a un costo significativamente menor, considerando las condiciones geográficas y de demanda de las regiones. Ello no significa que su desarrollo evite que se construyan otros ductos cuando la demanda crezca.
Potencial sin desarrollar
Ampliar el acceso al gas también exige que la oferta acompañe a la demanda futura. Si bien hoy la disponibilidad no es una restricción pues cerca del 30% del gas de Camisea se reinyecta por una demanda interna aún limitada, desarrollar nuevas reservas toma años. Las reservas probadas de la Selva Centro, es decir, aquellas con alta certeza de extraerse y venderse de forma rentable, suman 6.834 BCF, que alcanzaría para al menos unos 14 años, asumiendo que se mantiene el ritmo de producción actual. El 77% está en el lote 88, que abastece al mercado interno.
Pero existe potencial para ampliar la oferta. El lote 58 cuenta con recursos contingentes de mayor certeza de recuperación: gas técnicamente viable de extraer, pero que requiere concretar acuerdos comerciales para su explotación y transporte. Su desarrollo elevaría las reservas probadas en 38%.
Llevar energía limpia y segura a todas las regiones exige complementar fuentes de energía: redes y ductos de gas donde la demanda lo justifique y apoyo de los programas del FISE donde ello no sea viable. También exige que las autoridades prioricen los proyectos más costo-efectivos y conviertan el potencial gasífero en reservas, con un liderazgo y esfuerzo regulatorio e institucional similar al que hizo viable Camisea.
