En enero, las nuevas autoridades regionales y municipales recibirán más dinero que cualquiera de sus antecesores. En lo que va del 2026, ya se transfirieron más de S/13.000 millones por canon y regalías mineras en favor de los gobiernos subnacionales, un récord. El próximo año el monto podría bordear los S/20.000 millones. ¿Se traducirán esos recursos en agua, desagüe, escuelas y postas? Si la última década sirve de guía, no es muy probable.
El problema no es el dinero. Es la gestión. Entre el 2017 y el 2025, el presupuesto con recursos mineros de municipios y regiones se triplicó, hasta alcanzar S/8.800 millones anuales. Pero en promedio solo se ejecutaron S/6.000 millones al año: uno de cada tres soles disponibles quedó sin gastar.
Peor aún, lo que sí se gastó se invirtió mal. Entre el 2017 y el 2025, de cada 100 soles que las municipalidades destinaron a proyectos, apenas 21 fueron a agua, saneamiento, educación, salud y electricidad. Otros 26 se destinaron a cultura y deporte (principalmente estadios, coliseos y losas), planeamiento y gestión institucional: más que lo invertido en todos los servicios básicos juntos.
Los resultados están a la vista. En San Marcos (Áncash), el mayor receptor de transferencias mineras, la proporción de viviendas con agua dentro de casa cayó de 83% a 71,5% entre los censos del 2017 y 2025. Ilabaya (Tacna), el segundo distrito con más recursos, sufrió una contracción similar. Le sigue Challhuahuacho (Apurímac), donde la cobertura de hogares con red pública de agua y alcantarillado apenas alcanza 44,5% y 30,8%, respectivamente.
Además, el financiamiento se diluye. Entre el 2017 y el 2026, las municipalidades destinaron recursos mineros a unos 90.000 proyectos. Solo en el 2025 repartieron S/6.520 millones entre más de 20.000 proyectos: unos S/320.000 por iniciativa. Con montos así no se cierran brechas de agua y saneamiento, que exigen soluciones integrales y presupuestos mayores.
Muchas obras ni siquiera se terminan. Uno de cada tres proyectos fueron abandonados y uno de cada 10 se encuentra paralizado. Entre las 10 municipalidades que más recursos mineros reciben, la mitad de las obras adjudicadas por concursos competitivos en el 2018-2026 tuvo un único postor. Y el canon atrae: los distritos con más canon han tenido en promedio 50% más candidatos en las elecciones que el resto.
A todo esto se suma la volatilidad. El canon sube y baja con el precio de los metales. Entre el 2012 y el 2016, las transferencias cayeron 71% a escala nacional; en Arequipa se desplomaron 94% en un solo año. Con altibajos así, se inician obras que luego no se pueden terminar.
¿Cómo salir de este atolladero? Primero, condicionando férreamente el canon. Mientras un gobierno subnacional no alcance niveles adecuados de cobertura de agua, desagüe y electricidad, y de calidad en sus escuelas y postas, con metas fijadas y monitoreadas independientemente, el íntegro de los recursos debe estar destinado a cerrar las brechas pendientes. Ni una plaza ni un local municipal ni un estadio antes de que la población tenga acceso garantizado a servicios públicos de calidad.
La objeción previsible es la capacidad: muchas municipalidades no pueden ejecutar obras complejas. Para eso existen vías que la normativa ya contempla, como las mancomunidades, los convenios con el Ministerio de Vivienda, las obras por impuestos y los acuerdos gobierno a gobierno. La plata sigue yendo al distrito. Lo que cambia es en qué se gasta y quién ejecuta.
Segundo, necesitamos crear un fondo de estabilización con cuentas individuales para cada gobierno subnacional. En los años de vacas gordas, una parte del canon se ahorra en la cuenta de cada entidad; en los de vacas flacas, se usa para no paralizar obras. Nada se centraliza ni se pierde: solo se racionalizan y regularizan los desembolsos a lo largo del tiempo.
Las nuevas autoridades administrarán la mayor bonanza minera de la historia, pero, si las reglas no cambian, en cuatro años estaremos contando más obras paralizadas y no más hogares con acceso a agua y saneamiento.
