Canciller paraguayo descarta que la crisis de Ueno bank haya afectado al resto del sistema

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, descartó este lunes que la crisis de Ueno Bank, intervenido por problemas de insolvencia, haya afectado al resto del sistema financiero, y defendió el proceso político que se puso en marcha tras la destitución del ahora expresidente Santiago Peña y la juramentación como nuevo gobernante de Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente.“De acuerdo con los informes del Banco Central del Paraguay, se trató de una situación particular de la entidad, no de una condición generalizada en el sistema financiero local”, declaró Ramírez, quien esta jornada se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en el país.El titular de Exteriores detalló las medidas adoptadas por las autoridades desde que el Banco Central ordenó el proceso de resolución de la entidad financiera. Ueno Bank ha sido vinculado con Peña, lo que le valió la destitución en un juicio político y una acusación dentro de la investigación penal abierta a raíz de la caída del banco.“Todas estas actuaciones se llevaron adelante observando rigurosamente las normas constitucionales y el debido proceso, incluido el derecho a la defensa”, puntualizó el titular de Exteriores.En ese sentido, indicó que “si bien las investigaciones judiciales y los procedimientos de reparación financiera continúan, la respuesta institucional ha demostrado que en Paraguay rige la ley”.
¿Qué pasó en Paraguay?El sábado, en el primer día de la gestión de Alliana, su Ejecutivo aseguró, en un comunicado difundido por la Cancillería, que el país salió “fortalecido de esta crisis puntual”.Paraguay entró en crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara el pasado martes un procedimiento de resolución o disolución de Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes que recibió durante el mandato de Peña millonarios fondos de entidades públicas.La caída en desgracia del banco dejó congelados los recursos de miles de ahorradores que denunciaron no tener acceso a sus recursos, entre ellos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas de pensiones del país, además de cuentas e inversiones de instituciones del Estado.