El caso seguido contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por la presunta recepción de dinero ilícito para sus Campañas del “No a la Revocatoria” en el 2013 y la Campaña de Reelección Municipal del 2014, se encamina a cumplir diez años sin sentencia.
Ello, pese a que públicamente, la exfuncionaria reconoció haber recibido dinero de la empresas brasileñas vinculadas al Caso Lava Jato y que siempre tuvo conocimiento de dicha recepción de dinero en su beneficio político.
Villarán de la Puente, actualmente, afronta 12 cargos en su contra donde se le acusa de los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir (organización criminal), lavado de activos, colusión agravada, cohecho pasivo propio y falsedad genérica, por la recepción de más de US$11 millones de Odebrecht y OAS.
Por todo ello, la fiscalía ha solicitado 29 años de cárcel en su contra. Mientras que la Procuraduría para el Caso Lava Jato ha solicitado que - junto a sus coacusados- pague una reparación civil solidaria ascendente a US$286´140,853.39 millones y S/ 23’981,128.72 millones.
El Ministerio Público (MP) inició la investigación preliminar contra Villarán de la Puente en setiembre del 2017. Cinco meses después de que el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, reconoció haber entregado dinero a la gestión de la exalcaldesa para la “No a la Revocatoria”.
En julio del 2018, la fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra la exburgomaestre de Lima y una veintena de personas implicadas en el caso.
Tras un extenso control de acusación, en setiembre del 2025 el Poder Judicial (PJ) inició el juicio oral contra Villarán de la Puente.
En total, fueron 21 personas naturales acusadas en el caso. En la actualidad, dos han fallecido, uno fue el ex gerente municipal, José Miguel Castro, pieza clave en el caso debido a que se acogió a la colaboración eficaz. En junio del 2025, meses antes del inicio del juicio oral, el considerado mano derecha de Villarán, fue hallado sin vida en su departamento de Miraflores.
En el caso también han sido incluidas 10 personas jurídicas y 15 vinculados a responsabilidades civiles.
De acuerdo a la acusación fiscal, en el 2010 se habría conformado una presunta organización criminal que habría ingresado a la Municipalidad de Lima en el 2011 y que estuvo liderada por Susana María del Carmen Villarán de la Puente.
Dicha red criminal, señala la acusación fiscal, operó en la comuna limeña hasta el 2014 y se habría mantenido activa hasta el 2015.
“La referida organización criminal con la finalidad de obtener lucro para sus integrantes (dinero), perpetrando ilícitos penales graves, como por ejemplo delitos contra la administración pública, lavado de activos, contra la fe pública y la falsa declaración en procedimiento administrativo”, señaló la fiscalía en su acusación.
Para efectos de viabilizar la operatividad de la organización criminal -como el presunto lavado de activos, señala la acusación fiscal, se constituyeron personas jurídicas como la “Asociación Amigos de Lima Metropolitana”, “Ciudadanos de Lima Metropolitana”, “Empresa Rentable S.A.C.”, y “Fundación Unidos Para Transformar”.
Mientras que, con la finalidad de buscar perpetuarse en el poder que ostentaba la líder de la empresa criminal en el interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima, instrumentalizó a la Organización Política Local Provincial “Dialogo Vecinal”, persona jurídica que fue instrumentalizada, con la finalidad de prolongar su operatividad y sus fines criminales.
Con la finalidad de lograr su objetivos criminales, la fiscalía señaló que Villarán de la Puente y sus más cercanos colaboradores habrían acordado recibir dinero de las empresas brasileñas que mantenían concesiones públicas con la Municipalidad de Lima.
En total, la exalcaldesa de Lima habría recepcionado y lavado a través de terceras personas vinculadas a diversas asociaciones un total de US$ 11.2 millones de Odebrecht y OAS.
De acuerdo a la tesis fiscal, dicho dinero se habría dado a cambio de otorgar concesiones o mejorar las condiciones de las licitaciones de las obras públicas que tenían a su cargo.
En mayo del 2019, Villarán de la Puente confirmó públicamente la recepción de dinero de Odebrecht y OAS.
La exburgomaestre expresó diversas excusas como que fue “un error” o que recibir ese dinero “era necesario” porque “Lima no podía parar”. Alegó que en ese momento se desconocía que era dinero ilícito; no obstante, confirmó que al momento de recepcionarlo, las empresas que la apoyaron mantenían concesiones con la municipalidad limeña.
“Cometí un error, un error del que me arrepiento y es permitir que empresas que tenían proyectos privados con la ciudad, financiaran la campaña (…) lo que no sabíamos en ese entonces, porque recién se supo a finales del 2015, es que había fondos ilegales de la Caja 2 y de operaciones estructuradas que fue el caso de Odebrecht”, adujo en aquel momento.
Villarán de la Puente, aseguró que no recibió “coimas” y rechazó cualquier acto de corrupción.
“Lo que tengo seguridad es del financiamiento a la campaña del No a la revocatoria, tanto de Odebrecht como de OAS”, reafirmó a Exitosa.
A más de un año de haber iniciado el juicio oral, el proceso contra Susana Villarán sigue su curso, sin prisa y con pausa. Con una o dos sesiones por semana, las audiencias no toman ritmo, y ni siquiera se ha llegado a la mitad de los más de 700 testigos que se han programado para declarar en esta etapa estelar de este caso.
Junto a los casi 500 testigos que aún faltan por declarar -incluyendo testigos que se encuentran fuera del país- cerca de 3,000 documentos deben ser oralizados en el juicio posterior a los testigos.
En esta situación, de acuerdo a las fuentes que participan en el proceso, el juicio contra Villarán de la Puente y otros, aún culminaría dentro de un año o poco más de un año. Sin contar, el plazo de la apelación que probablemente se extenderá por uno o dos años más.
Cabe recordar que, en su momento, la Procuraduría y la Fiscalía solicitaron al Poder Judicial que se habiliten órganos jurisdiccionales dedicados exclusivamente al caso Lava Jato, para que se encarguen de juzgar procesos como los de Villarán de la Puente, lo que habría significado una tramitación más célere para resolver la situación legal de los implicados. El pedido no fue aceptado por el PJ.
Sumado a ello, durante el transcurso del juicio oral, la Fiscalía de la Nación dispuso la desmantelación del Equipo Especial Lava Jato.
El caso Villarán quedó en manos de la fiscal provincial anticorrupción Isabel del Águila Ruiz, quien asumió la representación del Ministerio Público en el juicio oral. La citada fiscal se integró en el 2023 al citado equipo.
La defensa del Estado, la Procuraduría para Casos Lava Jato, tampoco atraviesa un buen momento. Y es que, la actual gestión de la Municipalidad de Lima (MML), a través de su procuraduría, ha solicitado a la Procuraduría General del Estado (PGE) asumir tres casos penales vinculados a Lava Jato, entre ellos el juicio contra Villarán de la Puente.
Ello implicaría que, si la PGE a cargo de María Caruajulca, acepta el pedido de la MML, el juicio contra Villarán sería asumido por un nuevo abogado del Estado.
De acuerdo a fuentes vinculadas al caso, en lo que va del juicio oral, la mayoría de los testigos que ya han declarado, han venido confirmando la tesis fiscal sobre los presuntos actos de pitufeo e ingreso de dinero a las campañas sin el sustento legal.
“Si bien, aún falta mucho por actuar en el juicio oral, digamos, aún siendo conservador, la información que se está teniendo, digamos, introducida en el juicio, está confirmando la imputación. Es decir, no es información que desvirtúa y que juega a favor de la contraparte, no, está confirmando la imputación”, manifestaron las fuentes.
Una de las aristas que se mantiene latente en el desarrollo del juicio oral es la introducción de algún pedido que solicite el archivo del proceso sustentado en las reciente sentencias del Tribunal Constitucional que anuló el proceso judicial y acusación contra la ahora presidenta de la República Keiko Fujimori; y la sentencia impuesta al exmandatario, Ollanta Humala.
“Si bien aún no lo han planteado, no tenemos duda alguna de que lo terminarán introduciendo al juicio”, anotaron las fuentes.
No obstante, precisaron que el caso de Villarán de la Puente tiene como gran diferencial que cuando la acusada recibió el dinero de Odebrecht y OAS, ya era alcaldesa de Lima. Es decir, funcionaria pública y las empresas mantenían concesiones con la comuna.
“Son pagos ilegales, le puedes etiquetar aporte de campaña, apoyo social, lo que quieran, pero son pagos ilegales a funcionarios públicos en el contexto de proyectos públicos. Y eso es una constatación, esa es una conclusión. Eso no es un aporte puro de campaña, no, en lo absoluto”, concluyeron.
El Comercio buscó la versión de Merly Eduquen, abogada de Villarán de la Puente, a fin de conocer la situación de su patrocinada, el proceso y el proceso en el paso del tiempo. Si bien, inicialmente solicitó que se le remitieran las preguntas, posteriormente indicó que no podía responder a los cuestionamientos.
Este Diario también solicitó la versión del Ministerio Público (MP) y de la Corte Superior Nacional, cuyo tribunal de juzgamiento pertenece a dicha judicatura.
A través del área de prensa de la fiscalía señalaron que no iban a brindar sus descargos ya que no se había autorizado responder sobre el tema. No obstante, indicaron que los plazos del juicio oral “depende enteramente del Poder Judicial”.
A su turno, la Corte Superior Nacional Especializada del Poder Judicial (PJ) dijo a El Comercio que el caso vinculado a la excaldesa Susana Villarán “se trata de un proceso de alta complejidad, con 21 acusados, 9 personas jurídicas incorporadas y 16 terceros civiles responsables, además de una extensa actividad probatoria.”
Según precisaron, el juicio oral implica la declaración de 978 testimoniales del MP, Procuraduría, y las partes acusadas.
Así también, precisaron que solo en septiembre, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional -a cargo del juicio por el No a la Revocatoria y Reelección del 2014- registró 103 horas y 53 minutos reales de audiencia, en el marco de la atención de los distintos procesos judiciales a su cargo.
“A ello se suma que el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional tiene otros diez expedientes judiciales en trámite, cuya atención también forma parte de su agenda jurisdiccional”, señalaron.
Aseguraron que el tribunal a cargo viene realizando las sesiones de juicio oral con amplitud de la actividad probatoria y el análisis riguroso que el caso requiere.
En esa línea, proyectaron que el juicio contra Villarán de la Puente y otros, culminaría en septiembre de 2027, plazo que estará sujeto a la evolución del proceso.
Finalmente, anunciaron que se encuentran evaluando la posibilidad de incrementar el número de audiencias semanales a tres sesiones, a fin de avanzar con el juzgamiento.
Señalan que Villarán es consciente que cuanto se dilate, “las condiciones les van a resultar favorables”
En diálogo con El Comercio, el abogado penalista, Luis Lamas Puccio, lamentó que en los últimos años, los casos vinculados a presuntos hechos de corrupción relacionados a políticos se hayan caracterizado porque “se usan todos los medios legales para alargar el proceso”.
En esa línea, consideró que los casos de características complejas, con tintes políticos, como el de Villarán de la Puente, está orientada a tratar, por todos los medios procesales posibles, que el proceso se alargue.
Explicó, por ejemplo, en el caso Villarán, el juicio ameritará una sentencia y ésta implicará una apelación, lo que podría acarrear la nulidad de la condena y retrotraer el proceso a su estado primigenio o confirmar el fallo.
Todo ese proceso, que aún falta transitar en este caso, dijo, significa tiempo. En ese contexto, concluyó, “el paso del tiempo es impunidad legalizada”.
El especialista legal señaló que, de lo que se conoce del proceso y toda la información que se ha recabado, Villarán de la Puente tendría que ser condenada.
Es más, consideró que la exalcaldesa de Lima tuvo que haber sido sentenciada mucho antes, cuando reconoció públicamente haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS.
Sin embargo, el abogado manifestó que los mecanismos legales usados y la dilación del proceso a lo largo del tiempo han diluído la fuerza probatoria de dicha admisión de responsabilidad.
Sumado a que, probablemente -dijo Lamas Puccio- Villarán de la Puente “está totalmente consciente que de lo que se trata en ese momento es dilatar”, sobre todo cuando “el paso del tiempo va diluyendo esa actitud de reconocimiento que ella hizo” y porque, evidentemente, las condiciones jurisdiccionales y penales van cambiando.
Advierten que la edad podría beneficiarla al momento de la sentencia
Luis Gutiérrez, abogado especialista en derecho penal, advirtió que la edad podría ser un factor que termine beneficiando a la exalcaldesa Susana Villarán, sobre todo si es que el proceso judicial se sigue alargando.
La exfuncionaria, quien tiene 77 años en la actualidad, ya había cumplido prisión preventiva en el 2019, pero fue excarcelada y se le impuso arresto domiciliario como medida cautelar. Al día de hoy afronta el juicio oral bajo comparecencia restringida.
Sin embargo, Gutiérrez Oliva recordó que en el 2024 entró en vigencia la Ley 32181 donde se modificó el Código Penal del Perú para establecer que las personas mayores de 80 años, en caso de ser sentenciadas a penas efectivas, no ingresen a un penal o establecimiento penitenciario y puedan cumplir su sentencia en su domicilio.
Según el abogado, a estas alturas del proceso, cuando ya el caso contra Villarán de la Puente se encuentra en juicio oral y ya se avanzó un año, es imposible que se pueda conformar un tribunal a dedicación exclusiva porque quebraría el juicio.
En todo caso, indicó, lo ideal es que se disponga que aquellos casos que el tribunal de juzgamiento tenga a su cargo y aún no inicie el juicio oral, sean distribuidos a otros tribunales. De tal forma, acotó, que el colegiado a cargo del caso Villarán pueda incrementar el número de audiencias semanales.
“Yo te diría que lo más inteligente para el juicio de Susana Villarán es quitarle carga a los jueces que ya están conociendo el juicio (…) Lo que hay que ver ahí es un tema de reducir la carga o cerrar temporalmente el ingreso de nuevos expedientes para estos jueces que ya conocen este y otros casos. Porque los juicios se pueden redistribuir siempre y cuando no hayan iniciado”, expresó Gutiérrez.
