El Congreso de la República unicameral que terminó su gestión en julio de 2026 se caracterizó porque en cinco años de gestión, sus integrantes presentaron muchas iniciativas sin mayor impacto, propuestas declarativas que “promovían”, “destacaban”, creaban distritos, entre otros aspectos.
Sin embargo, el Congreso Bicameral que inició su período el 28 de julio de este año, se ha enfocado en proponer proyectos de ley enfocados vinculados a lucha contra la criminalidad, educación, economía, en el sistema electoral, entre otros.
De acuerdo con información revisada por Correo, desde que se instaló la Cámara de Diputados, el bloque de oposición suma el 58% de las iniciativas planteadas.
El bloque de oposición está integrado por Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación, Buen Gobierno y Obras.
CIFRAS
La Cámara de Diputados suma 132 proyectos de ley distribuidos de la siguiente manera: Renovación Popular (43), Juntos por el Perú (38), Ahora Nación (33), Fuerza Popular (12), Obras (3) y el Buen Gobierno (3).
Es decir, la derecha acumula 55 proyectos que representa el 42% de las iniciativas, mientras que el bloque de oposición suma 77 proyectos, es decir, el 58%.
El bloque de oposición ha centrado la mayor parte de sus proyectos en temas vinculados al sector justicia, electoral y a la derogatoria de las denominadas leyes procrimen (ver infografía).
Sobre este último aspecto, JP impulsó 11 iniciativas y Ahora Nación un total de cuatro.
En la materia de justicia, Harvey Colchado de Ahora Nación propuso modificar el numeral 6 del artículo 230 del Código Procesal Penal para ampliar el plazo de intervención, grabación o registro de comunicaciones telefónicas y de otras formas de comunicación hasta por 60 días y permitir prórrogas sucesivas cuando se trate de investigaciones por crimen organizado.
El diputado Héctor Guillén Valencia (JP) presentó un proyecto legislativo para derogar la Ley 32419 que concedió la amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Heber López de Obras presentó un proyecto para modificar las reglas y los plazos para la detención preliminar.
Así, el juez dictará mandato de detención preliminar aunque no se encuentre a la persona en un delito de flagrancia, pero existan elementos de convicción o el inicio de la comisión de un delito sancionado con una pena superior a cuatro años; si el sorprendido en flagrante delito evita su detención o si se fuga del centro de detencion.
Además, plantea que la detención preliminar dure 72 horas, pero si existen circunstancias complejas, puede durar hasta siete días. Sin embargo, si hay delitos como secuestro, sicariato, extorsión, robo agravado, espionaje, terrorismo, entre otros, la detención dura un plazo máximo de 15 días.
Mientras que Gloria Hirache del Buen Gobierno presentó un proyecto modificar el artículo 34 del Decreto Legislativo 635, Código Penal, con la finalidad de ampliar los lugares donde un condenado pueda ejecutar la pena de prestación de servicios a la comunidad.
RANKING
Del total de diputados que han presentado proyectos de ley, hay dos que lideran en número.
Se trata de Ernesto Zunini de JP y Leo De Paz de Renovación Popular (RP).
El primero suma nueve proyectos y el segundo ocho.
Zunini presentó ocho proyectos de ley para derogar las denominadas leyes procrimen y un proyecto para derogar la Ley 31399, ley que regula el derecho de referéndum cuando se trata de reformas constitucionales.
Mientras que De Paz presentó proyectos vinculados al sector justicia (4), constitución (1), educación (1), modernización del Estado (1) y la creación de un día.
En la lista también están Norma Yarrow de RP con siete proyectos; de Ahora Nación están César Holguin (7), Marleny Arminto (7) y Ángel Meneses (5).
Le siguen Carlos Yalta de RP con cinco proyectos y Catherine Palomino de JP con cinco.
OBSERVACIÓN
Para el politólogo Fernando Tincopa, la izquierda tendrá más problemas para generar puntos de consenso que le permitan tener proyectos viables.
Por ejemplo, JP y Ahora Nación coinciden en la derogatoria de las denominadas leyes procrimen. Sin embargo, eso no alcanzaría para cuando dichas iniciativas lleguen al Senado.
“Veo el trabajo de la oposición mucho más exigente cuando se habla de consensos que le permitan incluir fuerzas que no están alineadas. La oposición está pensando en revertir iniciativas del periodo anterior, el oficialismo hace mayor énfasis en justicia y modernización del Estado, mientras que Obras y Buen Gobierno tienen un rol más de expectante”, indicó.
En diálogo con Correo, el investigador del Centro Wiñaq señaló que el gran cambio del actual Congreso con el anterior es la reducción de proyectos de orden declarativo.
“La correlación de fuerzas de hoy permite que los congresistas plantean proyectos pensando en que deben ser lo suficientemente abiertos para tener el respaldo de otras bancadas, esto es si quieren viabilizar sus iniciativas”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que un diputado puede “jugar” a contentar a sus bases con proyectos ideológicos como sucedió en el pasado con, por ejemplo, los proyectos de “nacionalización”. Sin embargo, por ahora se han presentado iniciativas con premisas que permitan que otras fuerzas políticas puedan participar.
Desde su punto de vista, los proyectos que tendrán dificultad en pasar son aquellos que tienen un componente más ideológico que técnico.
CANTIDAD
El analista político César Campos consideró que, sin duda alguna, el sistema bicameral ayuda a visualizar y a procesar mejor las iniciativas. Sin embargo, señaló que “no se trata de que el Congreso sea una fábrica de leyes”.
En ese sentido, indicó que los congresistas tienen tres funciones: legislar, fiscalizar y representar. Aunque en la mayoría de los casos se enfocan en legislar.
“El Perú tiene un exceso de leyes. No se puede impedir que presenten iniciativas legislativas, pero muchas veces descuidan la fiscalización y la representación”, dijo.
Campos recordó que durante el segundo gobierno de Alan García se creó una Comisión Especial Multipartidaria Encargada del Ordenamiento Legislativo del Congreso, para identificar normas obsoletas, duplicadas y que habían perdido vigencia.
“Deberíamos retomar esa comisión. En el Perú no todo se resuelve en base a leyes”, dijo.