Conseguir una primera experiencia laboral puede convertirse en un contradicción para miles de jóvenes: algunas empresas exigen experiencia previa incluso para acceder a prácticas preprofesionales. A ello se suman requisitos como cursos de especialización o diplomados, que pueden dificultar su ingreso al mercado laboral.
Frente a este escenario, un proyecto de ley presentado en el Congreso busca prohibir estas exigencias tanto en el sector público como en el privado.
Pero ¿qué cambiaría para las empresas al seleccionar practicantes? ¿Qué requisitos podrían seguir solicitando y qué consecuencias tendría incumplir la eventual prohibición? Acá las respuestas.
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La propuesta legislativa
Una proposición legislativa presentada recientemente busca eliminar las barreras que enfrentan los jóvenes para acceder a sus primeras prácticas laborales.
Para ello, plantea modificar la Ley 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, y el Decreto Legislativo 1401, que regula las prácticas en el sector público.
La principal modificación consiste en prohibir que las empresas privadas exijan experiencia laboral previa, desempeño anterior en actividades similares, cursos de especialización, diplomados u otra formación complementaria como condición para acceder a prácticas preprofesionales.
Según la iniciativa, la selección de los estudiantes deberá sustentarse en su formación académica, considerando que estas modalidades buscan precisamente permitirles adquirir experiencia.
Para el sector público, la propuesta establece restricciones similares: no podrían exigir experiencia previa ni estudios complementarios adicionales.
Asimismo, la iniciativa contempla medidas para facilitar el acceso de personas con discapacidad a las prácticas preprofesionales y profesionales, mediante ajustes razonables y la posibilidad de desarrollar actividades remotas cuando las funciones lo permitan.
¿Qué cambiaría para las empresas?
La aprobación del proyecto obligaría a las empresas a modificar sus convocatorias y procesos de selección de practicantes preprofesionales. Actualmente, la legislación no prohíbe expresamente exigir experiencia previa, cursos de especialización o diplomados, por lo que los empleadores cuentan con un amplio margen para establecer estos requisitos.
Juan Valera, abogado laboralista, explica que las organizaciones tendrían que eliminar exigencias como contar con seis meses de experiencia, haber realizado prácticas anteriores o acreditar estudios complementarios. En su lugar, podrían evaluar el rendimiento académico, habilidades y competencias de los postulantes.
Lidia Vilchez, socia de PPU, añade que la restricción alcanzaría a los filtros automatizados de las plataformas de reclutamiento. Aunque reconoce que la medida limitaría parcialmente la libertad empresarial para definir perfiles, señala que podría justificarse por el objetivo de facilitar la primera experiencia laboral.
Valera sostiene que los empleadores podrían continuar solicitando conocimientos de Excel, Power BI, AutoCAD, programación o idiomas, siempre que sean compatibles con la formación del postulante y no requieran acreditar cursos adicionales.
Vílchez coincide en que estas competencias podrían comprobarse mediante pruebas técnicas o entrevistas, sin exigir certificados. Sin embargo, advierte que el proyecto no define qué constituye formación complementaria, lo que podría generar controversias si las evaluaciones terminan funcionando como requisitos encubiertos.
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¿Qué ocurriría con las empresas que incumplan la prohibición?
Uno de los principales vacíos del proyecto está relacionado con la fiscalización. Aunque establece los requisitos que quedarían prohibidos, no incorpora nuevas infracciones administrativas ni sanciones específicas para los empleadores que incumplan estas disposiciones.
Valera considera que la Sunafil podría supervisar el cumplimiento de la eventual prohibición dentro de sus competencias sobre modalidades formativas. No obstante, alerta que sería necesario precisar las conductas infractoras y sus consecuencias.
Vílchez señala que, actualmente, no existe una infracción específica por exigir experiencia o diplomados a postulantes. Si bien podrían evaluarse disposiciones generales sobre obligaciones formativas, considera que la ausencia de una sanción expresamente tipificada dificultaría su aplicación.
La eliminación de estas exigencias no garantizaría necesariamente un aumento de las vacantes. Ambos especialistas advierten que las empresas podrían modificar sus mecanismos de selección para compensar las restricciones.
Valera considera que algunas organizaciones podrían aplicar evaluaciones técnicas más exigentes o reducir las oportunidades en áreas especializadas, debido al tiempo y los recursos necesarios para capacitar a los practicantes.
Vílchez añade que las empresas podrían elevar los requisitos académicos o trasladar parte de sus vacantes hacia las prácticas profesionales, que no están comprendidas expresamente en la prohibición. Por ello, sostiene que el efecto de la medida dependerá de la respuesta del mercado y de su fiscalización.
¿La prohibición también alcanzaría a los egresados?
Aunque la iniciativa busca facilitar la primera experiencia laboral de los jóvenes, las restricciones propuestas se concentran en las prácticas preprofesionales y no incluyen expresamente a las profesionales.
Valera también identifica esta diferencia entre los objetivos del proyecto y su articulado. Sin embargo, considera discutible extender la prohibición a los egresados, quienes podrían haber adquirido experiencia durante su formación académica.
