No terminamos de salir del ciclo de desmontaje de instituciones que se instaló en julio de 2021. El desmontaje comenzó en el periodo de Pedro Castillo. Para diciembre de 2022, el Congreso ya había intervenido la Sunedu y había elegido a la mayoría del actual Tribunal Constitucional, que en estos años ha quebrado la línea de construcción constitucional progresiva sostenida por sus anteriores conformaciones. Desde que comenzó el periodo de Boluarte, las muertes en las protestas iniciadas en diciembre de 2022 intensificaron el ciclo, instalando en el Estado un discurso antiderechos que se expandió con la designación del actual defensor del Pueblo y con la elección de los miembros de la actual JNJ.
En el proceso han quedado vacías de contenido instituciones fundamentales para el equilibrio del sistema. Ese vaciamiento ha estado asociado a la forma en que se han desarrollado los procedimientos de designación de quienes las tienen a su cargo. Pero no se agota con haber ocupado esos puestos. El vaciamiento se produce cuando estas posiciones se convierten en plataformas para sostener discursos banales —recuerden al defensor del Pueblo sugiriendo el cierre de la Cámara de Diputados— o de ruptura —como la pretensión de limitar la aplicación de la jurisprudencia internacional a los casos en que el Perú haya sido parte—. La banalidad tiene más de una forma. Pero todas se construyen dando más peso a los discursos basados en preferencias o intereses personales, en formas y detalles simbólicos que terminan ocupando un espacio que debería estar ocupado por consideraciones públicas, constructivas, abiertas al debate.
El ciclo de desmontaje fue sostenido desde el Congreso unicameral. El símbolo más claro de lo que representó el vaciamiento de los procesos parlamentarios en su periodo fue la aprobación de las llamadas “leyes pro crimen”, entendidas como aquellas que fueron escritas para favorecer posiciones particulares en investigaciones posibles o en curso. Estas fueron usadas para debilitar instrumentos como las escuchas telefónicas que sostuvieron el caso de los Cuellos Blancos o allanamientos como el practicado a la señora Boluarte.
Las elecciones de abril han introducido una diferencia importante respecto al ciclo anterior. La derrota de las franquicias que dominaron el escenario anterior ha abierto la posibilidad de recuperar una representación organizada alrededor de tres bloques principales: derecha, centro e izquierda. Aunque el proceso sea embrionario y esté cargado de mensajes ambiguos; aunque no todos sus protagonistas sean de nuestro agrado, todavía tenemos ante nosotros una oportunidad para reconstruir la política parlamentaria. En un Parlamento de dos cámaras sin mayorías uniformes, la imposición de decisiones por simples juegos de correlaciones se ha vuelto mucho más difícil. Pero la ausencia de mayorías no produce por sí sola los procedimientos equilibrados que necesitamos.
Todas las perversiones tienden a reproducirse, incluso cuando cambian sus protagonistas. El riesgo que enfrenta ahora el Parlamento es que su pluralidad no lo convierta en una fuente de deliberación equilibrada, sino en un espacio sobrepoblado de discusiones triviales, procedimientos inconducentes y resultados irrelevantes. Un Parlamento sobrecargado de formalidades, que termine prestando más atención a sus problemas internos que a los problemas del país, puede producir el mismo resultado que habría causado la reproducción de la mayoría anterior: vaciarlo de contenido.
Sería un desperdicio malgastar la oportunidad que tenemos delante convirtiéndolo en un espacio visiblemente improductivo.
La última escena muestra a la presidencia del Senado reclamando las leyes como propias, cuando son del Congreso. Un gesto como este puede ser leído como parte de ese proceso sostenido de vaciamiento de contenidos institucionales que arrastramos. El gesto forzó un debate sobre símbolos y formas parlamentarias, en un momento inoportuno, cuando la discusión terminó restando espacio a otros asuntos de verdadera urgencia: los incendios forestales, la posible insuficiencia de campamentos de evacuación, el riesgo inminente de inundaciones y de falta de agua potable y la caducidad del Reinfo, asuntos que deberían estar ocupando el centro de nuestras discusiones.
El riesgo, sin embargo, proviene del proceso anterior, cerrado cuando se registró este incidente, pero que constituye su antecedente inmediato: la primera delegación de facultades legislativas. Desde el origen, el gobierno renunció a usar en este proceso el formato usual en nuestra historia parlamentaria de una solicitud más bien cautelosa, limitada a los principales aspectos técnicos usuales —impuestos, producción, reformas administrativas, especialmente—, en formatos cortos que permitan hacer debates ordenados. El gobierno eligió presentar una solicitud sobrecargada de contenidos, empujada por urgencias que requieren otros procedimientos. En el camino, el debate sobre la necesidad y consistencia de las materias solicitadas cedió el paso a una disputa abierta sobre los poderes de una cámara frente a la otra.
La pluralidad debe convertirse en una oportunidad para reconstruir nuestras instituciones. Pero puede terminar reducida a una competencia de posiciones incapaces de producir resultados equilibrados. La diferencia depende de que nuestros representantes comprendan que su función no consiste simplemente en ganar posiciones, sino en construir decisiones públicas que puedan justificarse ante todos.
El Congreso actual tiene la oportunidad de recuperar esa función. No debería desperdiciarla. Salir del ciclo de desmontaje requiere leyes e instituciones definidas mediante procesos reflexivos. No solo botas, celdas, posts en redes y prisas mal fundadas. Pero tampoco solo derogaciones y bloqueos intuitivos.
