El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo N.° 1742, que autoriza la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el control de los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP).
Se trata del primer decreto emitido tras las facultades legislativas otorgadas por el Congreso.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la medida busca recuperar el orden en las cárceles, impedir el ingreso de objetos prohibidos y evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde los establecimientos penitenciarios.
Según la norma, los militares estarán a cargo de la vigilancia perimétrica de los penales y reforzarán los controles para impedir el ingreso de armas y sustancias ilícitas.
También intervendrán para neutralizar el uso de drones no autorizados y brindarán apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia para detectar antenas ilegales, bloquear comunicaciones clandestinas y prevenir fugas o ataques externos.
La disposición responde a la crisis del sistema penitenciario. A agosto de 2026, las cárceles albergaban a más de 107 mil internos, pese a contar con una capacidad aproximada para 42 mil personas. Además, se identificó a 494 reclusos vinculados a 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua.
La medida se suma a la ampliación del estado de emergencia, hasta enero de 2027, en los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), así como El Milagro (La Libertad).
Asimismo, el Gobierno anunció la construcción de dos nuevos establecimientos penitenciarios en Huacho para reducir el hacinamiento y fortalecer el control carcelario.
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