En solo tres meses, la probabilidad de un Fenómeno El Niño (FEN) extraordinario para el próximo verano pasó de 8% en junio a 52% en setiembre, según la comisión ENFEN, y el mar frente a la costa peruana ya supera las temperaturas de 1997 y 1983.
Con el periodo de lluvias a menos de tres meses, el Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales deben concentrar hoy su capacidad de ejecución en las zonas críticas, y no esperar a la emergencia.
Un Niño extraordinario
En setiembre, la anomalía de la temperatura del mar frente a la costa peruana (+4,8 °C) superó los máximos del tercer trimestre de 1997 y 1983, dos de los episodios más severos de las últimas décadas. Al cierre del mes, el mar alcanzó 26 °C, su mayor registro en casi 50 años, cuando en esa época suele situarse entre 20 °C y 22 °C.
Frente a este escenario, el Gobierno priorizó 536 puntos críticos en ocho regiones de la costa. Sin embargo, al 7 de octubre, pese a los intentos del Ejecutivo por acelerar trámites, solo 17% tenía trabajos en ejecución, según la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En la macrorregión norte (191 puntos) y Lima (141 puntos), donde se concentra el riesgo, aquellos puntos en ejecución no superan el 20%.
El rezago no es nuevo. Según cálculos del IPE, al 2025, el país acumuló 926 obras de gestión del riesgo de desastres paralizadas o abandonadas, con una inversión de S/302 millones. Lima (268) y las regiones del norte (149), concentran casi la mitad (45%) de ellas.
Prevenir menos
La prevención tampoco ha sido una prioridad presupuestal en la última década. Entre 2021 y 2025, el gasto en prevención sumó S/1.572 millones, por debajo del quinquenio previo (S/1.625 millones), pese a que en ese periodo ocurrió el FEN de 2023. Posterior a ese episodio, el gasto se redujo en 2025 y, al ritmo de ejecución actual, cerraría 2026 con una segunda reducción anual consecutiva.
El limitado impacto de la prevención tiene consecuencias fiscales cuando se materializan las emergencias. En 2017 y 2023, el gasto en atención inmediata de emergencias se multiplicó por tres respecto al año previo y superó lo destinado a prevención en esos mismos años. Es decir, el Estado gasta más cuando reacciona que cuando se anticipa.
Agro en vilo
El retraso tiene un costo directo para diversos sectores, entre los que destaca el agro. Más del 70% de las intervenciones en los puntos críticos son trabajos de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, orientados a evitar desbordes e inundaciones. Esto es clave para una actividad que ya acumulaba una caída en su producción de 2% entre enero y julio, y más de 6 millones de hectáreas de superficie agrícola están en riesgo elevado por inundaciones, equivalentes al 53% del total, según Cenepred. En el caso de Lambayeque, el 92% de la superficie agrícola está en esa condición.
En ese sentido, las empresas se anticipan y se preparan más rápido que el Estado. En setiembre, las expectativas empresariales en el norte pasaron a terreno pesimista por primera vez desde 2023, sin considerar los meses de campaña electoral. Además, según datos del BCRP, el 77% de las empresas del norte prevé reforzar sus instalaciones y 66% implementará planes de continuidad operativa, frente a casi el 40% en el promedio nacional.
En agregado, el conjunto de analistas económicos, en línea con el BCRP, estima que el FEN podría restar más de un punto porcentual al crecimiento de 2027. De esta manera, se viene repitiendo el patrón de 2017 y 2023. El Estado invirtió poco en prevenir y terminó gastando varias veces más en atender la emergencia.
Corresponde al Ejecutivo fijar metas públicas y semanales para los 536 puntos críticos, destrabar las obras paralizadas en Lima y el norte, y coordinar con las autoridades regionales electas para que la ejecución no se detenga en enero. Lo que no se ejecute hoy en prevención se pagará después, multiplicado, en atención y reconstrucción, afectando en mayor medida a los más vulnerables.
