El Poder Judicial confirmó la sentencia de cadena perpetua que se impuso a Maicol Liñán Arroyo, de 29 años, sindicado como cabecilla de una banda criminal involucrada en la muerte de un estudiante universitario, ocurrido en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash, informó la Corte Superior de Justicia del Santa.Asimismo, el colegiado ratificó la máxima pena para Luis Azañero Silva (19), Cristofher Herrera Arroyo (19) y Josselyn Quezada Gordillo (19), miembros de la organización que se dedicaba a dopar y abusar sexualmente de jóvenes.Elevan sentencias para otros acusadosEn el mismo fallo, se elevó a cadena perpetua la condena de Néstor Camacho Amiquero (18), quien en primera instancia había recibido 32 años y un mes de prisión. La misma decisión se adoptó respecto de Juan Segura Arroyo, inicialmente condenado a cinco años y un mes; además, se ordenó su inmediata captura.De acuerdo con la fiscalía, la organización captaba a sus víctimas mediante redes sociales. Liñán Arroyo alquilaba el inmueble donde se realizaban las reuniones, a las que acudían jóvenes seleccionados por los integrantes de la banda.Los sentenciados suministraban clonazepam en las bebidas de sus víctimas para dejarlas inconscientes y luego abusar sexualmente de ellas. Además, grababan las agresiones con el fin de comercializar el material a través de una página web.Estos actos ilícitos causaron la muerte del universitario Andrés Rodríguez Cruz, quien falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio luego de ser abandonado en un descampado junto con otra víctima.
Entrevistas ADN
Proyectos mineros demorán 41 años en ejecutarse, señala informe del IPE
La puesta en marcha de proyectos mineros demanda 41 años en promedio, desde la etapa de exploración hasta el inicio de producción, superior al estándar mundial de 28 años, señala el informe de RPP Economía elaborado en colaboración con el Instituto Peruano de Economía (IPE). El informe anota que hay casos de mayor demora, como el yacimiento Ferrobamba, de la mina Las Bambas en Apurimac que tardó 105 años en entrar en operación. En tanto, Quellaveco en Moquegua, demoró más de 80 años; y Antamina, en Áncash esperó 76 años. El economista Carlos Gallardo, gerente general del IPE, señaló que es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de los permisos para que no se excedan los plazos y recomendó procesos automáticos con fiscalización posterior.
