La simplificación administrativa o la reducción del exceso de burocracia pública se ha convertido en uno de los grandes pedidos en el país, tanto a nivel de la ciudadanía como de negocios de diferentes tamaños. Durante años, han sido diversos los anuncios de avances relevantes, pero poco lo concretado.
El actual Gobierno de Keiko Fujimori ha mostrado primeras intenciones de abordar esta problemática. En el pedido del Ejecutivo de delegación de facultades legislativas se han considerando iniciativas referidas a la transformación digital, elevar la calidad regulatoria, eliminar barreras burocráticas y también alcanzando el régimen de derechos de tramitación. El Congreso aún no ha decidido si las otorgará.
Perú burocrático
La tramitología en la administración pública no solo presenta un escenario adverso dentro del país, sino que comparado a otros de la región el análisis también es negativo.
En este contexto, el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria (PPU) compartió con Gestión una evaluación, en exclusiva, sobre las principales condiciones y trámites para que comercios puedan operar, puntualmente enfocada en el caso de restaurantes. Esto abarca desde la idea de crear un negocio, que implica la constitución de la sociedad, hasta los últimos permisos relevantes para recibir público.
En el caso de Perú, se cuentan hasta nueve principales requisitos y/o autorizaciones para que un negocio pueda iniciar operaciones. Esta cifra es mayor que los seis claves en el caso de Colombia y los siete de Chile.
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Desde PPU indicaron que, para el escenario de Perú, la apertura de un restaurante requiere cumplir con trámites municipales y sanitarios regulados, principalmente, por la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley Nº 28976) y la Norma Sanitaria para Restaurantes y Servicios Afines (NTS Nº 142-MINSA/2018/DIGESA).
El primer paso crítico es verificar la compatibilidad de uso/zonificación del inmueble ante la municipalidad correspondiente, antes de comprometer recursos, valoraron.
Otro clave es la solicitud de licencia de funcionamiento, que va vinculado al certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Esto depende si implica un riesgo bajo/medio o alto/muy alto.
En el primer caso se obtiene la licencia y luego el certificado de ITSE. Luego de solicitada la licencia, se tiene una aprobación automática en dos días hábiles. En el segundo escenario, se debe obtener el certificado o resultado favorable de la ITSE antes de solicitar la licencia de funcionamiento. El plazo máximo para obtener la licencia es de ocho días hábiles.
En Perú, la licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada, mientras que el certificado ITSE tiene una vigencia de dos años y debe renovarse periódicamente.
En el panorama nacional también aparecen como trámites la implementación de principios generales de higiene (PGH), su respectiva certificación sanitaria, entre otros.
Por su parte, Colombia apunta seis principales permisos y/o autorizaciones para que un restaurante inicie operaciones. Incluso, esto podría reducirse a cinco si se prescinde como trámite clave de los derechos de autor por difusión de música.
Desde PPU destacaron que, a diferencia de Perú, Colombia no exige una licencia previa de funcionamiento para restaurantes. “El establecimiento abre cumpliendo requisitos verificables, que la autoridad puede exigir en cualquier momento”, anotaron.
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Los dos trámites críticos son el concepto sanitario y el concepto de bomberos, ambos condicionados a que el local ya esté adecuado. Agregaron que el “cuello de botella” real no es societario sino inmobiliario: verificar el uso del suelo antes de firmar el arriendo evita perder meses.
“En un escenario ordinario en Colombia, entre la decisión de invertir y la apertura al público transcurren, aproximadamente, cuatro meses”, subrayaron.
Ahora bien, para el caso de Chile, se tiene hasta siete principales permisos, pero que pueden reducirse hasta cinco. Esto, si se prescinde como trámite clave del permiso de venta de alcohol o no se contempla la instalación de una terraza en un espacio público.
Desde PPU precisaron que el listado definitivo y los plazos de tramitación en Chile dependerán de la comuna y dirección del establecimiento, las condiciones actuales del inmueble y las características específicas del proyecto.
En este contexto de análisis de los trámites, también es importante señalar que para la constitución de una sociedad en Perú se identifican hasta 10 requerimientos, mientras que en Colombia solo siete.
¿Por qué Perú es engorroso para los negocios?
Sobre la base de estos hallazgos, Valeria Milla, directora del área de Derecho Público de PPU, apuntó que la cantidad de trámites que se requiere en Perú para iniciar un negocio es, precisamente, uno de los mayores obstáculos para emprender.
Milla agregó que se suma como problema que la mayoría de entidades públicas incumplen los plazos establecidos legalmente. “Por más que presenten a tiempo sus solicitudes o subsanen oportunamente las observaciones de las autoridades, la obtención de los permisos demora mucho más de lo previsto, generando pérdidas a los emprendedores, pero también desincentivando a otros”, valoró.
Frente a los países comparados, Milla consideró que la mayor dificultad para emprender también pasa porque nuestro sistema legal está “fragmentado institucionalmente”, ya que diversas autoridades concentran diferentes competencias.
“Otra de las grandes desventajas del Perú es la falta de digitalización en los procedimientos para tramitar las autorizaciones, lo que se traduce también en lentitud y falta de interconexión entre las entidades involucradas”, añadió.
José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y Turismo, apuntó que a este escenario se agrega que hay una errónea heterogeneidad en los criterios de inspección por parte de las municipalidades. Solo en Lima Metropolitana hay más de 40.
En este ámbito, subrayó que también aparece la corrupción, pues no son poco los funcionarios que condicionan sus gestiones al pago de coimas.
“Después de abrir un negocio recién viene lo complicado porque caes en la garra de mafias que existen en la mayoría de municipalidades, encubierta en visitas inopinadas. Por ejemplo, la norma estipula un plazo de 15 días para cierto trámite y lo real es que demora hasta 60. Entonces, se piden coimas para gestionar, tanto en el resultado positivo como la velocidad”, narró.
Blanca Chávez, vocera de la Asociación de Restaurantes y Afines (Ahora Perú), también observó la falta de uniformidad en los criterios de inspección, abarcando a Defensa Civil.
“Hay casos donde los mismos funcionarios no se ponen de acuerdo. Un día vienen, realizan una inspección, te dejan un número de observaciones y luego nosotros las subsanamos. Pero cuando vienen a corroborar, está otro funcionario, quien hace otras observaciones, y se retrasa la apertura del local. No hay uniformidad y nos afecta económicamente”, comentó.
Milla expuso que algunas entidades públicas pueden usar de forma abusiva o desproporcionada sus potestades. Por ejemplo, tras una fiscalización, disponen la clausura de un establecimiento por supuestos incumplimientos que, o bien no son tales, o pueden ser subsanados rápidamente. “Todo esto genera un clima negativo para las inversiones, que termina materializándose a mediano o largo plazo”, refirió.
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Medidas para revertir
Para Milla, aunque una primera medida es continuar con la simplificación regulatoria, más efectivo sería cambiar el enfoque actual y migrar más hacia un régimen en el que no se necesiten tantos permisos de evaluación previa para operar un negocio, sino que el cumplimiento pueda ser verificado por las autoridades posteriormente al inicio de las operaciones.
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Silva aportó, en este punto, que otro país que aventaja a Perú en calidad regulatoria es Ecuador, donde rige un esquema parecido a la “autoinspección” y luego la autoridad lo corrobora.
“En Perú el problema es que abres tu negocio, operas, tienes clientes, te cierran por una observación y demora mucho para confirmar la subsanación”, comentó.
Chávez indicó que se requiere estandarizar los criterios de inspección. Este esfuerzo debe venir desde el Gobierno central. “Desde el Ministerio de la Producción debe trabajarse con las municipalidades”, señaló.
Silva sumó que debe evaluarse la autonomía que tienen las municipalidades sobre este campo. Además de cerrar espacios para la corrupción, coincidió en la relevancia de que se homogenicen criterios.
“También debemos ver la manera de aplicar sanciones más ejemplares para los funcionarios corruptos”, subrayó.
