Juan Carlos Portugal es abogado de Dina Boluarte. | Fuente: RPP
Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta Dina Boluarte, explicó que la Fiscalía de la Nación dispuso el archivo definitivo de la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, luego de que un informe pericial concluyera que no existió un desbalance patrimonial injustificado.En el programa Ampliación de Noticias, el letrado dijo que la investigación fiscal partió de una diferencia de aproximadamente 198 000 soles entre las declaraciones juradas de ingresos, rentas y bienes de Boluarte correspondientes a los años 2023 y 2024. A partir de esa comparación, la Fiscalía planteó inicialmente la hipótesis de un supuesto desbalance patrimonial.Portugal señaló que, durante la investigación, la Fiscalía dispuso que dos peritos contables del Ministerio Público realizaran un análisis financiero de las cuentas y movimientos de la entonces presidenta.De acuerdo con el abogado, los peritos analizaron los ingresos y egresos de Boluarte, la extracción de dinero de sus diferentes cuentas bancarias y, principalmente, el origen de los fondos, a fin de determinar si estos correspondían a ahorros, transferencias entre cuentas o si existían recursos cuyo origen no pudiera ser identificado.Portugal sostuvo que el resultado de esta pericia permitió determinar que no existía un desbalance patrimonial injustificado. Acotó que parte de la diferencia detectada inicialmente se debía a que Boluarte no había consignado en su declaración jurada de 2023 los fondos que mantenía en su AFP.“Ella no consigna en su declaración jurada del 2023 su AFP que ascendía aproximadamente a ese monto del aparente desbalance. Utilizado ese saldo a favor en la declaración jurada del 2024, se justifica finalmente esos ingresos”, afirmó. Portugal dice que tampoco se acreditó abuso del cargoEl abogado también señaló que la investigación debía determinar si existió un vínculo entre el supuesto incremento patrimonial y el ejercicio del cargo público de presidenta de la República.“El delito de enriquecimiento ilícito tiene una condición que es particularmente importante, que es el abuso del cargo. En palabras sencillas, que el funcionario público utilizando indebidamente el cargo se enriquezca a costa de su función”, sostuvo.Según Portugal, la investigación no determinó la existencia de ese abuso, dado que los ingresos identificados correspondían a los ingresos de Boluarte como mandataria.“No se determinó ese abuso de cargo porque no había ingresos que no correspondían sino únicamente a su ingreso o emolumento, entiéndase sueldo de presidenta”, señaló.El abogado agregó que otro elemento considerado en el análisis fue el saldo inicial de las cuentas bancarias. Explicó que, para determinar si existe un incremento patrimonial durante un periodo específico, es necesario conocer cuánto dinero tenía una persona al inicio de ese periodo, debido a que parte de los fondos pueden corresponder a ahorros acumulados anteriormente.“Para poder cuantificar objetivamente con cuánto ingresas y a partir de ahí hacer una pericia de trazabilidad, necesitas objetivamente saber cuánto es tu saldo inicial”, indicó.Portugal sostuvo que durante la investigación se identificó un saldo inicial que, según afirmó, no había sido considerado inicialmente y que permitía explicar parte del patrimonio de Boluarte.“El Ministerio Público no identificó un saldo inicial bastante importante, con lo cual se determinaba pues una justificación de su patrimonio”, concluyó.
