El Poder Judicial (PJ) programó para el próximo jueves 3 de diciembre el control de acusación en contra Vladimir Cerrón, en el marco de la acusación en su contra por el presunto delito de falsa declaración de aportes del desaparecido partido Perú Libre (PL).
Tal como lo informó El Comercio, el Ministerio Público (MP) ha solicitado 3 años de pena privativa de libertad para el también exgobernador de Junín, así como su inhabilitación para ejercer cargo público.
A través de una resolución obtenida por este Diario, el 21 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima programó la sesión, tras una decisión de la Sala Superior que ordenó un nuevo control de acusación.
El juzgado precisó que la audiencia tiene carácter de “inaplazable”, por lo que conminó al representante de la fiscalía a concurrir “bajo apercibimiento de informar a su órgano de control en caso de inconcurrencia injustificada”.
Mientras que advirtió a Cerrón Rojas que su abogado debe presentarse “bajo apercibimiento, en caso de inconcurrencia injustificada, ser reemplazado por un defensor público”.
Contra el líder de Perú Libre también existen otras investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos, crimen organizado y corrupción. Entre ellos, el caso “Los Dinámicos del Centro”, “Aportes ilícitos a Perú Libre” y “Antalsis”.
Los hechos acusados por la fiscalía
El exfuncionario permaneció prófugo de la justicia por casi tres años -entre octubre de 2023 y agosto de 2026- luego que se dictó una condena efectiva en su contra. La medida fue posteriormente anulada.
De acuerdo a la acusación, la fiscalía le imputa el presunto delito contra la participación democrática – falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.
Esto por presuntamente haber brindado falsa información en el registro de aportes y gastos de Perú Libre, entre el 2019 y 2020, que fueron presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Cerrón Rojas deberá responder por qué en los informes entregado a la ONPE, figura “cero” como aportes o gastos, pese a que reportes de la entidad señalaron que PL usó inmuebles para su funcionamiento.
Además, cuando se denominaban Movimiento Regional Perú Libre sus “activos” habrían ascendido a S/480,581.03 que incluían los saldos en bancos al momento de la fusión, y “pasivos” de S/420,402.57 que provendrían de “fuentes de financiamiento prohibidas”.
Incluso, según la fiscalía, parte del dinero habría servido para pagar la cuota inicial de la compra de un inmueble ubicado en la avenida Brasil, Cercado de Lima, que se convertiría en el local de campaña.


