Juntos por el Perú ha decidido quitarse la máscara. La bancada presentó un proyecto para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2028. Que la iniciativa lleve el sello de una bancada que, desde la presidencia de la Comisión de Energía y Minas –a cargo de Yenifer Paredes–, ha convertido cada debate en una operación de defensa de la minería ilegal, es aún más esclarecedor de sus intenciones.
No se trata de una casualidad ni de un asunto legislativo. Se trata de una cadena de complicidades que ya conocemos. Yenifer Paredes recibió en su despacho a los dirigentes de la Confemin, el gremio que le reclamó, sin rodeos, que el Reinfo se amplíe “sí o sí”. Su comisión alberga además a diputados con inscripciones vigentes en el propio Reinfo o con vínculos comerciales directos con el negocio. Poner a ese sector de despensero de la formalización es la broma más cruel que puede hacérsele a un país que lleva una década viendo cómo el registro no formaliza a nadie y sí protege a todos.
El proyecto disimula su intención con un empaque técnico: censos, verificaciones, reversión de concesiones ociosas, pero es puro maquillaje. En el fondo, lo que se pide es más tiempo para los mismos de siempre, un manto de décadas para que el oro ilegal –más de US$10.000 millones en ventas el año pasado– siga fluyendo sin que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Sunat o la fiscalía puedan tocarlo.
Lo más grave es otro detalle. El Ejecutivo ya presentó su propia iniciativa: una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal para reemplazar el Reinfo, que vence el 31 de diciembre. Había, pues, un camino serio sobre la mesa. Juntos por el Perú lo ignoró y prefirió presentar su plan de ampliación, sin la menor intención de discutir el proyecto del gobierno. Ese gesto revela la verdad: no les interesa formalizar a nadie, solo blindar a los operadores que se benefician de la prórroga y que, según el propio dirigente de la Confemin, financiaron sus campañas.
No hay aquí negligencia ni torpeza. Lo que hay es una decisión de mantener la impunidad. Y mientras eso continúa, la minería ilegal sigue ensuciando ríos, financiando el crimen y traficando personas al amparo de un Congreso que la protege.
