La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró infundadas las solicitudes de prescripción de la acción penal, bajo el amparo de las leyes 32107 y 32419, planteadas por la defensa de los sentenciados por el caso referido a la masacre de Cayara, (Ayacucho), ocurrida en 1988.
Conforme al expediente judicial, la masacre, se concretó, como respuesta a una emboscada de Sendero Luminoso, con la incursión de militares en Cayara donde ejecutaron a civiles, a quienes posteriormente desenterraron e incineraron para ocultar las pruebas, además, de silenciar testigos, según indicó el Poder Judicial a través de un comunicado.
Al evaluar el requerimiento, el tribunal supremo determinó que los hechos materia de juzgamiento constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles conforme al Derecho Internacional y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apuntó.
Así, inaplicó la Ley 32107 por considerarla incompatible con las obligaciones internacionales del Estado peruano y respecto a la Ley 32419, determinó que carece de efectos jurídicos para delitos de esta naturaleza, al ser contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
ALEGACIONES DE DEFENSA
La defensa de los encausados sostuvo que los hechos imputados ocurrieron hace más de 36 años y que fueron calificados como delitos de lesa humanidad, pese a que, al momento en que se produjeron, no existía tal previsión legal, por lo que se habría aplicado de forma retroactiva una norma penal en su perjuicio.
Los abogados defensores alegaron que la acción penal se encuentra prescrita tanto conforme al Código Penal de 1924 como al Código Penal de 1991, al considerar, además, que, mediante la Ley 32107, se precisaron la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y de los crímenes de guerra en la legislación peruana.
A su vez, argumentaron que la acción penal se extinguió por el transcurso del tiempo, conforme con los plazos establecidos en el Código Penal y de acuerdo con la referida ley.
En el recurso de nulidad interpuesto se sostuvo, también, que los hechos imputados ocurrieron el 14 de mayo de 1988, fecha en la que no se encontraba vigente el Estatuto de Roma, el cual, según afirmó, rige en el Perú desde el año 2002, conforme a la Ley 32107.
Asimismo, indicaron que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad tampoco se encontraba vigente, porque, de acuerdo con el artículo 3 de la citada ley, rige desde el 9 de noviembre de 2003.
En consecuencia, alegaron que, conforme con los artículos 4 y 5 de la Ley 32107, la acción penal se encontraba prescrita y la sentencia condenatoria vulneró el principio de legalidad y el debido proceso.
Con respecto a la amnistía se sustentó tal pretensión en la Ley 32419, mediante la cual el Estado peruano concedió amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de la lucha contra el terrorismo, durante los años 1980 a 2000.
- LEA TAMBIÉN: Poder Judicial anula multas electorales en Lima por retrasos en instalaciones de mesas de sufragio
Se sostuvo que dicha ley constituye una norma de aplicación inmediata y que, en consecuencia, corresponde declarar la extinción de la acción penal conforme con lo previsto en el inciso 1 del artículo 78 del Código Penal vigente, por lo que sobre esa base, se solicitó el archivamiento definitivo del expediente.
DESESTIMACIÓN DE RECURSOS
El tribunal supremo sostuvo que tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Constitucional reconocen que las graves vulneraciones de los derechos humanos consideradas como crímenes de lesa humanidad constituyen una categoría preexistente al Estatuto de Roma.
En consecuencia, señaló, que no resulta jurídicamente correcto sostener que la categoría de los crímenes de lesa humanidad haya surgido para el ordenamiento jurídico peruano únicamente a partir de la entrada en vigor del referido tratado, el 1 de julio de 2002.
“Dicho instrumento (Estatuto de Roma) no creó esta categoría, sino que sistematizó y precisó una institución previamente consolidada por el Derecho Internacional, por lo que los hechos investigados, sean anteriores a 2002 no impide, por sí solo, que puedan ser examinados jurídicamente a la luz de dicha categoría”, falló.
- LEA TAMBIÉN: Poder Judicial acelera proyecto para garantizar cumplimiento de fallos laborales: ¿cómo?
El tribunal supremo consideró, además, que la Ley 32107 no puede aplicarse al presente caso, pues ello supondría el incumplimiento de obligaciones internacionales vinculantes para el Estado peruano.
“En ejercicio del control de convencionalidad que corresponde a todo órgano jurisdiccional realizar, la referida disposición legal debe ser inaplicada al caso concreto, razón por la cual la excepción de prescripción deducida por las defensas debe ser desestimada”, señaló.
Por ello, remarcó que, cuando los hechos involucren graves vulneraciones de los derechos humanos que se encuentren comprendidas en la categoría de crímenes de lesa humanidad, la imprescriptibilidad encuentra fundamento en el Derecho Internacional y resulta plenamente exigible, independientemente de la fecha de comisión de los hechos.
yt:RPaw9h1Fx1U
De otro lado, la sala suprema refirió que los estados no pueden sustraerse del deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de lesa humanidad mediante la aplicación de leyes de amnistía u otras disposiciones de derecho interno que impidan el cumplimiento de dichas obligaciones internacionales.
“Las normas de amnistía que pretendan impedir la investigación y sanción de tales delitos son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y carecen de efectos jurídicos”, sostuvo.
De ese modo, la sala suprema confirmó la penas impuestas que van desde ocho a 15 años a los involucrados en el caso.
