En su libro Sin miedo, Judith Butler utiliza la noción de "vidas prescindibles", es decir, aquellas que, debido a las desigualdades de género, clase o raza, se considera que "no merecen ser lloradas". Es una definición tan cruda como cierta y que lamentablemente describe a gran parte de la población cuya afectación de derechos pareciera no importarle a nadie más.
Es imposible no pensar en esta noción al recordar que este año se cumplieron treinta años desde la creación del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que tuvo como resultado la esterilización forzada de miles de mujeres y cientos de hombres que aún no encuentran justicia. Treinta años luchando, y algunos se quejan de que la paciencia se les acaba.
Tanto a nivel de la ONU como de la Corte Interamericana se ha responsabilizado al Estado peruano de haber desarrollado una política orientada a promover "la esterilización masiva como método anticonceptivo principalmente dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad en razón de su etnia y nivel socioeconómico, mediante la amenaza y la coerción". En el reciente caso Ramos Durán, la Corte ordenó al Estado que investigara las circunstancias de la muerte de la señora Ramos y sancionara a los responsables.
Asimismo, la Corte hizo referencia al marco de impunidad aprobado en el Perú y reiteró que "no podrán aplicarse disposiciones de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables", y que las graves violaciones de derechos humanos como estas no prescriben.
Sin embargo, el temor a una eventual persecución contra el fiscal que formalice la denuncia amenaza con que, una vez más, las víctimas no logren justicia. Por ello, la Fiscalía tiene hoy la oportunidad de marcar un precedente: sobreponerse al temor a las represalias y demostrar a las más de 4000 mujeres cuyos casos están en la carpeta fiscal que sus vidas, sin ninguna duda, no son prescindibles.