Los votantes de Texas enfrentan nuevas barreras a menos de un mes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos. El estado canceló registros de ciudadanos tras una revisión con el sistema federal SAVE, y una ley vigente prohíbe que personas pagadas ayuden a llenar la boleta por correo. Los efectos recaen sobre todo en ciudadanos naturalizados, latinos con poco dominio del inglés, adultos mayores y personas con discapacidad.
Uno de los casos es el de Domingo García, dirigente de LULAC, una de las organizaciones hispanas de derechos civiles más antiguas del país. El condado de Dallas anuló en abril su inscripción electoral, pese a que vota desde hace 50 años. Según la carta que recibió, la baja se produjo “después de haber revisado su inscripción”, sin más detalle. García asegura que nadie le avisó y que, al reclamar, le dijeron que se trataba de “otro Domingo”. Lo volvieron a inscribir. “Yo soy abogado. Me puedo defender, pero hay mucha gente que no sabe”, afirmó a Telemundo.
SAVE es una plataforma en línea del Servicio de Inmigración (USCIS) que consulta bases federales con el fin de verificar ciudadanía. Nació en 1986 para revisar quién podía recibir beneficios públicos. En 2025, tras una orden de Donald Trump, se conectó con datos del Seguro Social y pasó a analizar padrones completos. En octubre de 2025, Texas anunció que, tras examinar más de 18 millones de registros, detectó 2,724 “posibles no ciudadanos”. El aviso se envía por correo y quien no responda en 30 días pierde la inscripción. El plazo corre desde el envío, no desde la recepción.
“No hay ningún sistema electrónico necesariamente para comunicar eso y hay gente que no chequea su correo muy frecuentemente”, dijo Carla Maradiaga, abogada de Texas Civil Rights Project. El secretario de estado, Robert Howden, informó que 578 personas marcadas, una de cada cinco, probaron ser ciudadanas.
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Ley SB1 limita la ayuda a votantes con discapacidad
La ley SB1, aprobada en 2021, prohíbe compensar a quien asista a un votante por correo y obliga a los ayudantes a declarar bajo juramento cómo colaboraron. Eustorgia Torres lo descubrió en septiembre, cuando acudió con su esposo Nemorio, de 72 años, a la oficina de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), en el Valle del Río Grande. El personal le dijo que ya no podía asistirlo. A Nemorio le cuesta ver y su esposa teme por su participación.
Varias organizaciones demandaron al considerar que la norma choca con la Ley de Derecho al Voto, que garantiza a quien necesita ayuda por ceguera, discapacidad o analfabetismo el derecho a elegir a su asistente. En agosto de 2025, un panel dividido del Quinto Circuito mantuvo la prohibición y el juramento. El 29 de junio, la Corte Suprema se negó a revisar el caso.
Tania Chávez Camacho, presidenta de LUPE, relató que muchas personas piden ayuda con su boleta y no pueden recibirla. “Se desesperan”, dijo, y algunas dejan de votar si nadie las lleva a las urnas. También hay menos voluntarios, por temor al juramento. El 12 de agosto, el mismo tribunal anuló un fallo que había bloqueado nueve disposiciones de SB1, entre ellas el número de identificación en la boleta. Según The Arc, esas barreras seguirán vigentes para más de tres millones de texanos con discapacidad. “La gente no sabe qué número poner”, advirtió Chávez Camacho.
Condados aplican reglas distintas y generan confusión
Cada condado manejó la lista a su manera. Hidalgo dio de baja a 148 de sus 149 votantes marcados, y solo uno probó su ciudadanía. En Fort Bend, 38 de 55 fueron retirados a fines de 2025 por no contestar la carta. Nueve resultaron ser ciudadanos y el condado los reincorpora, según el administrador electoral Chase Wilson.
El Paso no canceló ninguno de sus 165 casos, para respetar el plazo de 90 días en que la ley federal prohíbe depuraciones sistemáticas. Hoy 44 están activos y 116 siguen en revisión. “No debe importar en qué parte del estado vives”, sostuvo Jonathan Díaz, de Campaign Legal Center, organización que demandó al estado y a condados como Collin, Denton y Dallas en nombre de LULAC y Common Cause.
Entre los afectados figuran Sofía Minotti, nacida en Argentina, quien debió probar su estatus en Denton, y Anthony Nel, a quien le suspendieron el registro mientras esperaba un pasaporte. Thomas Saenz, de MALDEF, señaló que el sistema suele fallar con apellidos dobles, acentos y la letra ñ.
Corte Suprema avala el uso ampliado del sistema SAVE
El 25 de septiembre, la Corte Suprema permitió al Gobierno seguir usando la versión ampliada de SAVE en todo el país. La mayoría recordó que la ley prohíbe depuraciones sistemáticas en los 90 días previos a una elección federal, aunque admite revisiones individuales. La jueza Ketanji Brown Jackson advirtió del riesgo para los ciudadanos recién naturalizados.
La Administración informó que SAVE verificó a más de 65 millones de votantes en 26 estados y marcó a 28,635. El 9 de octubre, una jueza federal anuló la política del Departamento de Justicia de cruzar padrones con la herramienta, pero el fallo no alcanza la revisión que Texas hizo por su cuenta.
El costo de vida domina el voto en Ohio y Texas
La economía pesa en otros estados clave. En Ohio, Doug Rende, de Shapes Unlimited, calcula entre 4,5 y 5 millones de dólares en costos extra por aranceles al aluminio y por el alza de la gasolina. Denise Barber, de 68 años, evalúa volver a trabajar para pagar el combustible y la atención médica de su familia. Según AAA, la gasolina subió más del 45% desde el inicio de la guerra en Irán y promedia 4,37 dólares por galón. Sherrod Brown, aspirante demócrata al Senado, afirmó que los votantes “no querían ver una explosión en los costos de todo”.
