En el marco del décimo aniversario de la World Compliance Association (WCA), Lima reunió a más de 500 asistentes de más de 20 países en el primer Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción, donde se debatieron los desafíos de la prevención de delitos corporativos, el lavado de activos y los nuevos riesgos tecnológicos. Teresa Tovar, socia líder de Compliance en Echecopar y vicepresidenta de WCA Perú, señaló que el reto para las empresas ya no es solo contar con políticas y canales de denuncia, sino lograr que la prevención influya en las decisiones del negocio y tenga el respaldo efectivo de los directorios.
- ¿Qué ha cambiado en los últimos años en la forma en que las empresas peruanas entienden el compliance? ¿Ha dejado de ser principalmente una función de control para convertirse en una herramienta de gestión del negocio?
En los últimos años, el compliance en el Perú ha pasado gradualmente de entenderse como una función centrada en políticas, capacitaciones y controles formales a convertirse en una herramienta para gestionar riesgos y garantizar la sostenibilidad del negocio. La propia Ley N.° 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, prioriza un enfoque basado en riesgos y una mayor participación de la alta dirección, con el objetivo de que los modelos de prevención sean efectivos y adecuados a la realidad de cada empresa. En la práctica, esto implica incorporar evaluaciones de compliance antes de tomar decisiones comerciales, cómo contratar terceros, realizar adquisiciones o fusiones, ingresar a nuevos mercados, desarrollar operaciones con el Estado o diseñar incentivos comerciales.
- ¿Qué tan preparados están hoy los directorios peruanos para enfrentar una investigación interna? ¿Cuáles son los errores más frecuentes cuando aparece una denuncia o sospecha de irregularidad?
Existe una mayor conciencia sobre la importancia de realizar investigaciones adecuadas al nivel de riesgo de los hechos. Las empresas con mayor exposición —por ejemplo, aquellas sujetas a una regulación intensa o que participan en contrataciones estatales— y las que tienen estructuras organizativas complejas suelen contar con comités especiales del directorio y contratar asesoría profesional externa. Sin embargo, uno de los principales retos es que los directorios conozcan oportunamente los hechos que podrían constituir infracciones o incumplimientos y que requieren atención prioritaria por las contingencias legales o reputacionales que pueden generar. Cuando se trata de asuntos especialmente sensibles o complejos, una investigación no puede considerarse exclusiva de las áreas Legal o de Compliance. Tampoco se debe omitir la definición, desde el inicio, del papel que tendrá el directorio. Un directorio preparado debe garantizar independencia, recursos, alcance, trazabilidad y criterios claros para escalar los casos, sin sustituir al equipo investigador ni interferir en sus conclusiones.
- ¿Cuánto puede costarle a una empresa no tener un sistema adecuado de compliance? Más allá de una eventual multa, ¿qué impacto puede tener en sus contratos, reputación, financiamiento o valor?
El costo puede ser considerablemente mayor que una multa. Un incidente de corrupción, fraude o lavado de activos puede dar lugar a investigaciones penales y eventuales sanciones contra la empresa. Sin embargo, las consecuencias también pueden afectar su operatividad y sostenibilidad. Estos incidentes pueden perjudicar la reputación de la compañía, reducir el valor de sus acciones y ocasionar la pérdida de contratos con socios comerciales y clientes. El impacto reputacional tiene consecuencias económicas directas: afecta la capacidad de atraer talento, conservar clientes y participar en cadenas de suministro. Además, las contrapartes comerciales pueden activar cláusulas de terminación contractual o imponer restricciones. Por ello, el compliance debe entenderse como una inversión para proteger la continuidad operativa, la confianza y el valor empresarial, y no únicamente como un gasto destinado a evitar sanciones.
- En un contexto en el que el Gobierno plantea fortalecer los mecanismos de prevención y control de la corrupción, ¿qué medidas podrían funcionar y cuáles deberían evitarse para que el compliance no se convierta en más burocracia?
Las medidas más efectivas son aquellas que permiten a las empresas incrementar su capacidad para detectar y prevenir conductas indebidas. Sería útil fortalecer la disponibilidad, actualización y calidad de la información pública relacionada con los beneficiarios finales, los conflictos de interés, los antecedentes y las sanciones. Un buen marco regulatorio debe aplicar criterios de proporcionalidad, coordinación institucional y un enfoque basado en riesgos. De lo contrario, el cumplimiento puede convertirse en una carga documental que consume recursos sin reducir realmente la corrupción.
- ¿La inteligencia artificial puede cambiar la manera en que las empresas detectan riesgos de corrupción y fraude? ¿Qué aplicaciones concretas tiene y qué nuevos riesgos genera?
La inteligencia artificial puede ampliar significativamente la capacidad de prevención y detección, especialmente mediante el análisis de grandes volúmenes de transacciones, la identificación de patrones anómalos, la priorización de alertas, la revisión de documentos y el cruce de información para monitorear a terceros. Sin embargo, no debe sustituir el juicio profesional de la función de compliance ni convertir una alerta algorítmica en una conclusión definitiva. Por ello, las empresas necesitan establecer mecanismos de gobernanza de inteligencia artificial que contemplen evaluaciones de impacto, validación humana, calidad y seguridad de los datos y trazabilidad de los procesos.
- ¿Qué está pasando con la demanda de profesionales y servicios de compliance en el Perú? ¿Las empresas están aumentando sus inversiones y qué sectores muestran mayor necesidad?
La demanda está creciendo y, sobre todo, se está especializando. Las empresas ya no buscan únicamente un oficial de cumplimiento generalista, sino profesionales capaces de conectar conocimientos legales con investigación, auditoría, análisis de datos, tecnología, prevención del lavado de activos, libre competencia y sanciones económicas, entre otros campos. Los sectores con mayor necesidad suelen ser aquellos altamente regulados, con interacción frecuente con el Estado o con extensas cadenas de proveedores, como minería, servicios financieros, infraestructura y telecomunicaciones. El reto será invertir menos en volumen documental y más en talento, capacidad analítica, monitoreo, independencia y evidencia de efectividad de los controles.
- El Congreso reunió a expertos de más de 20 países. ¿Qué prácticas internacionales de compliance considera que el Perú todavía tiene pendiente incorporar, especialmente en el sector empresarial?
El Perú todavía puede avanzar en varias prácticas internacionales. Una de ellas es fortalecer la supervisión activa y documentada de los directorios, de modo que puedan recibir información periódica y adecuada sobre los riesgos, las investigaciones, los recursos disponibles y la efectividad de los programas de compliance. Otro ámbito es la gestión integral de terceros durante todo el ciclo de la relación comercial, mediante procesos de debida diligencia proporcionales al nivel de riesgo, monitoreo periódico y respuestas oportunas frente a las alertas. Finalmente, es fundamental establecer estándares claros para la gobernanza de datos y la inteligencia artificial. Los estándares ISO, las buenas prácticas desarrolladas por la OCDE y la experiencia de autoridades extranjeras, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido, ofrecen referencias útiles. No obstante, deben adaptarse al perfil de riesgo y a la realidad operativa de cada empresa peruana.
- En el Perú, ¿el principal problema es que las empresas no tienen sistemas de compliance o que los tienen, pero todavía no están suficientemente integrados en las decisiones del negocio y de los directorios?
El problema principal no es únicamente la ausencia de sistemas o programas de compliance, sino la distancia entre el programa formal y la toma real de decisiones. Muchas empresas ya cuentan con códigos, políticas, canales de denuncia, capacitaciones y matrices de riesgos. Sin embargo, estos elementos no siempre influyen en las decisiones comerciales ni en la agenda de la alta dirección. El mejor indicador de madurez de un programa es la participación real y oportuna de la función de compliance en esas decisiones. Para ello, debe contar con suficiente independencia para plantear y escalar una preocupación sin represalias ni riesgo de que sea ignorada. El desafío es convertir el programa en una capacidad de gestión integrada al negocio, en lugar de mantener un sistema que solo se activa ante una denuncia, una investigación o una auditoría.
- ¿Qué resultado concreto debería dejar el primer Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción para que no se quede únicamente en una discusión sobre integridad y buenas prácticas?
El Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción, organizado por la World Compliance Association, ha generado una comunidad que permite compartir criterios, metodologías y experiencias entre empresas, academia, autoridades y profesionales. Sería valioso que las empresas cuyos representantes participen en el encuentro elaboren una agenda de implementación de buenas prácticas pendientes. Esta podría incluir pruebas de efectividad de los controles críticos, protocolos para investigaciones internas y herramientas para una gestión integral de los riesgos. Asimismo, sería deseable que las empresas atiendan los asuntos de compliance con la misma regularidad y rigor con que abordan sus asuntos comerciales o financieros.
