Cuando una empresa mantiene una deuda tributaria con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), los intereses pueden seguir aumentando mientras se resuelve una controversia. Sin embargo, existen situaciones en las que el propio Tribunal Fiscal determina que el cobro no corresponde y deja sin efecto la deuda. El problema surge cuando la Sunat no está de acuerdo con esa decisión y acude al Poder Judicial (PJ) para intentar revertirla. Eso ocurrió en un caso que “retornó” a la Corte Suprema.
Una empresa había conseguido que el Tribunal Fiscal (TF) dejara sin efecto su deuda, pero años después esa decisión fue anulada por la Corte Suprema. Así, el TF emitió otra resolución y la deuda volvió a ser exigible. Como consecuencia de ello, la Sunat exigió el pago, esta vez incluyendo intereses por el tiempo transcurrido.
- LEA TAMBIÉN: Deudas tributarias: Congreso quiere “ayudar” a Sunat a cobrar hasta S/ 123,000 millones, ¿cómo?
Esto gatilló que la empresa cuestionara estos cobros ante el Poder Judicial y obtuvo una sentencia parcialmente favorable, que fue confirmada por la Sala Superior. Sin embargo, la Corte Suprema apareció nuevamente en la ecuación y advirtió que los jueces no habían analizado adecuadamente las circunstancias del caso y ordenó que se emita una nueva sentencia.
En concreto, anuló la sentencia de segunda instancia y ordenó que se vuelva a evaluar si corresponde cobrar los intereses, tomando en cuenta que la deuda había sido dejada sin efecto y que fue la administración quien inició el juicio.
Esto no significa que la empresa ya haya quedado libre de pagar los intereses, sino que los jueces tendrán que revisar nuevamente el caso y explicar por qué corresponde o no cobrarlos.
yt:cyBC0yLp8Ms
- LEA TAMBIÉN: Sunat apuntará a deudores tributarios por IGV: traza meta de reducir monto a la mitad al 2030
¿Corresponde cobrar intereses si no había deuda?
Giorgio Balza, asociado senior de Cuatrecasas, considera que la Sunat no debería cobrar intereses moratorios durante el periodo en que el Tribunal Fiscal había dejado sin efecto la deuda. Explica que estos intereses se generan cuando un contribuyente no paga una obligación a tiempo, pero que en este caso existía una resolución que señalaba que la empresa no tenía una deuda exigible.
“Si el propio Tribunal Fiscal declaró que no había deuda exigible, el contribuyente no estaba en mora; estaba amparado por una resolución expresa”, sostuvo. A su juicio, tampoco sería correcto trasladar a la empresa las consecuencias de un posible error del Tribunal Fiscal.
Jesús Ramos, socio de DLA Piper, coincide con esta interpretación. Señala que no corresponde exigir intereses por un periodo en el que la deuda había sido dejada sin efecto, especialmente cuando fue la propia Sunat quien acudió al Poder Judicial para revertir esa decisión.
¿Qué ocurre si la deuda vuelve a ser exigible?
Uno de los principales puntos de discusión es qué sucede cuando una decisión favorable al contribuyente es posteriormente anulada y la deuda vuelve a ser exigible.
Balza sostiene que esa situación no debería generar automáticamente el cobro de intereses por los años anteriores. Explica que, durante ese tiempo, la empresa actuó respaldada por una resolución del Tribunal Fiscal y que la posterior anulación no cambia lo ocurrido.
“La nulidad debe servir para determinar bien la deuda, no para convertir en moroso a quien no lo era”, afirmó.
Ramos añade que este caso presenta una diferencia importante respecto del precedente Maxco del Tribunal Constitucional. Mientras que ese precedente aborda los intereses generados por demoras en resolver controversias tributarias, aquí también debe considerarse que fue la administración quien inició el juicio para recuperar una deuda previamente revocada.
Ambos coinciden en que esta circunstancia debe ser evaluada antes de determinar si corresponde mantener los intereses.
- LEA TAMBIÉN: Minería informal bajo lupa de la Sunat: el esquema con detracciones que se plantea aplicar
Las consecuencias para otras empresas
Si la Sala Superior determina que no corresponde cobrar los intereses cuestionados, Balza explica que la administración tendría que recalcular la deuda y devolver los pagos en exceso que correspondan. Además, considera que esa decisión podría servir de referencia para otras empresas que hayan obtenido una resolución favorable del Tribunal Fiscal posteriormente cuestionada por Sunat.
Por el contrario, advierte que mantener el cobro podría generar incertidumbre para los contribuyentes, pues una decisión favorable no impediría que continuaran acumulándose intereses mientras la administración intenta revertirla judicialmente.
Ramos sostiene que la casación ofrece una herramienta adicional para cuestionar estos cobros cuando existan circunstancias excepcionales. No obstante, aclara que ello no significa que los jueces puedan dejar de aplicar los precedentes sin justificación.
En ese sentido, ambos especialistas destacan que cada controversia debe analizarse individualmente, considerando quién inició el proceso, la situación de la deuda y las razones de las demoras.
¿Es necesario cambiar las reglas?
Ramos explica que el Código Tributario vigente ya contempla límites al cobro de intereses cuando la administración excede los plazos legales para resolver reclamaciones y apelaciones. Sin embargo, señala que la regulación no establece una regla equivalente para todas las demoras que puedan producirse en el Poder Judicial.
Por ello, considera que podría evaluarse una modificación para precisar cómo deben tratarse los intereses cuando existen retrasos judiciales injustificados. Reconoce, no obstante, que determinar cuánto tiempo constituye una demora excesiva resulta más complejo en los procesos judiciales.
Balza, por su parte, no considera necesaria una reforma general a partir de este caso. Explica que muchas controversias todavía pendientes corresponden a periodos en los que se aplicaban reglas distintas de las actuales.
En su opinión, antes de plantear cambios legales, debe identificarse qué norma corresponde aplicar a cada periodo y si existen aspectos que realmente requieren una precisión adicional. Ambos coinciden en la importancia de evitar que los contribuyentes asuman costos derivados de demoras atribuibles al Estado.


