Esta semana, dos escalas de la gira presidencial peruana por Asia pusieron una idea a prueba. En Shenzhen, tras visitar un centro de comando del distrito de Longgang, la presidenta Keiko Fujimori anunció que China aportará US$22 millones adicionales para construir en el Perú un centro de monitoreo inteligente que contribuya a mejorar los servicios públicos y la seguridad ciudadana. Y en Tokio, Fujimori y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, acordaron estrechar la cooperación para asegurar el suministro de minerales críticos, entre ellos el cobre. Los dos proyectos plantean preguntas distintas. En el primero importa quién controlará los datos. En el segundo, qué capacidad tendrá el Perú para procesar su cobre y elegir a quién venderlo.
Incluso Estados Unidos y China dependen de mercados, proveedores y socios para sostener su poder. La soberanía jurídica permite a un Estado decidir, pero ejercer esa facultad bajo presión exige recursos y conocimientos propios. En el futuro centro de monitoreo peruano, esa diferencia se hará visible cuando toque renovar una licencia, reparar una falla o cambiar de proveedor. Antes de ponerlo en servicio, corresponde precisar quién custodiará la información, quién podrá consultarla y qué personal peruano estará en condiciones de mantener el sistema.
Europa afronta la misma exigencia a otra escala. En el 2025, los aliados de la OTAN se comprometieron a destinar anualmente el 5% de su producto bruto interno a defensa y seguridad para el 2035. Al menos el 3,5% corresponderá al gasto de defensa y hasta el 1,5% podrá dedicarse a fines como proteger infraestructura crítica y redes. La revisión prevista para el 2029 ofrece la oportunidad de examinar qué equipos podrán mantener los aliados con sus propios técnicos y cuánto tiempo podrán operarlos si se interrumpe el suministro de repuestos.
Groenlandia muestra cuánto puede durar una decisión de seguridad. El acuerdo que Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron el 22 de setiembre reconoce la soberanía del Reino de Dinamarca y el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. También prevé ampliar las actividades estadounidenses en la base de Pituffik y establecer nuevas áreas de defensa. El texto supedita su entrada en vigor a los procedimientos parlamentarios correspondientes. Carece de fecha de término y exige consentimiento mutuo para modificarlo. Para un futuro gobierno groenlandés, esa última cláusula puede pesar tanto como la presencia militar que hoy se negocia.
En el Perú, la urgencia es contener a organizaciones criminales que operan a través de varias fronteras. En julio, la cancillería anunció la incorporación del país al Escudo de las Américas, impulsado por Washington. En setiembre, el canciller compareció ante el Senado para explicar sus alcances. Compartir inteligencia puede ayudar a identificar a quienes financian una red de extorsión. El Estado Peruano debe precisar qué autoridad autoriza cada actuación, qué información puede entregarse y quién responde por su uso. El origen del apoyo externo no altera esa responsabilidad.
La cooperación europea ofrece otra vía. El Perú y la Unión Europea concluyeron en julio la negociación de un acuerdo de cooperación con Europol. El 16 de octubre, la Comisión Europea propuso al Consejo autorizar su firma. El texto negociado prevé intercambiar información, incluidos datos personales sujetos a salvaguardas, para combatir la delincuencia grave y el terrorismo. Su utilidad se apreciará en un caso concreto. Una cámara puede registrar el vehículo empleado en una extorsión. Para llegar a quienes la ordenaron, la policía y la fiscalía deben preservar la grabación, seguir el dinero y obtener pruebas utilizables cuando la pista cruce una frontera.
La diversificación también tiene una dimensión productiva. Desde el 1 de mayo se aplica provisionalmente el acuerdo comercial interino de la Unión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Para el Perú, la conversación de hoy con Japón abre una oportunidad distinta. Si ambos países quieren dar continuidad al suministro de cobre, al Perú le toca definir qué busca a cambio: inversión en procesamiento, formación técnica o acceso a nuevos compradores. Esas prioridades deben orientar la negociación desde el comienzo.
Antes de asumir un compromiso, corresponde evaluar la amenaza que atiende, el costo de sostenerlo y los conocimientos que quedarán en el país. En seguridad, el acuerdo debe preservar el mando nacional, proteger los datos y prever fiscalización. En todos los casos, debe quedar claro cómo revisar sus condiciones o poner fin a la participación. La prueba decisiva llegará cuando cambien las prioridades del socio. Si entonces el Estado puede sostener sus servicios, ajustar su estrategia y decidir si continúa, la alianza habrá ampliado su autonomía.


