La bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, y pidió su inhabilitación por diez años.
El documento presentado ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados cuestiona la resolución del organismo electoral que establece impedimentos para que Rafael López Aliaga pueda asumir la Alcaldía de Lima durante el periodo municipal 2027-2030.
Son doce los parlamentarios de Renovación Popular quienes firman la denuncia, entre ellos Norma Yarrow, Roxana Rocha, Diego Bazán, Félix Chang, entre otros. Los denunciantes solicitan que se autorice el procesamiento judicial de Burneo y se disponga su destitución e inhabilitación para ejercer función pública por diez años.
Cabe señalar que Burneo es juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y fue elegido por la Sala Plena de ese poder del Estado como su representante titular ante el JNE. Esta condición de magistrado supremo es uno de los argumentos invocados por los denunciantes para sostener que está comprendido entre los altos funcionarios sujetos al procedimiento de acusación constitucional previsto en la Constitución.
El principal cuestionamiento está dirigido contra la Resolución del JNE que -según la denuncia- estableció que quien hubiera ejercido la Alcaldía durante el periodo municipal anterior y hubiera sido elegido primer regidor para el siguiente periodo no podría asumir nuevamente dicho cargo ante una eventual vacancia o ausencia del alcalde.
La bancada sostiene que esta disposición introduce una restricción que no está contemplada en la Ley Orgánica de Municipalidades y modifica anticipadamente las reglas de sucesión de las autoridades municipales.
Uno de los principales argumentos de Renovación Popular se sustenta en el artículo 24 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que, ante la vacancia o ausencia del alcalde, lo reemplaza el teniente alcalde, es decir, el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.
Para los denunciantes, esta disposición no contempla como impedimento el hecho de haber ejercido la Alcaldía durante el periodo municipal anterior. Por ello, consideran que el JNE excedió sus atribuciones al incorporar una prohibición adicional y disponer que, ante determinados supuestos, se continúe con el orden de prelación de la lista electoral.
En ese sentido, los parlamentarios sostienen que el organismo electoral no tiene facultades para modificar el mecanismo de reemplazo establecido por el legislador ni para introducir nuevas restricciones al ejercicio de los cargos municipales.
Delitos atribuidos
Respecto al presunto delito de usurpación de funciones, tipificado en el artículo 361 del Código Penal, Renovación Popular argumenta que Burneo habría intervenido en la aprobación de una disposición que, según su interpretación, corresponde al ámbito de competencias del legislador y no del organismo electoral.
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En cuanto al presunto abuso de autoridad, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, los denunciantes consideran que la resolución habría constituido un acto arbitrario que ocasionaría perjuicio al primer regidor elegido y a la representación municipal obtenida por Renovación Popular.
El perjuicio estaría relacionado con la restricción del derecho a asumir la Alcaldía conforme al mecanismo de reemplazo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Presuntas infracciones constitucionales
La denuncia también atribuye a Burneo presuntas infracciones a los artículos 31, 39, 178 y 181 de la Constitución Política.
Los parlamentarios sostienen que la resolución podría afectar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
Asimismo, cuestionan que el JNE habría excedido las competencias que le reconoce el artículo 178 de la Constitución y que su decisión no habría respetado el mandato del artículo 181, que dispone que el Pleno resuelva en materia electoral con arreglo a ley y a los principios generales del derecho.
La bancada solicita que la Comisión de Acusaciones Constitucionales admita la denuncia y se permita que el Ministerio Público investigue a Roberto Burneo por los presuntos delitos señalados, además de determinar su eventual responsabilidad constitucional.


