Con la rúbrica de 12 diputados de Renovación Popular, la agrupación presentó una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ante la Cámara de Diputados del Congreso. La agrupación de Rafael López Aliaga lo acusa, en su condición de juez supremo, de los presuntos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, entre otros, por lo que solicita su destitución del cargo y su inhabilitación por diez años.
Lo que desencadenó esta acusación fue la Resolución N°4557-2026-JNE, a través de la cual el máximo ente electoral estableció como criterio —por una mayoría de tres votos contra dos— que quien hubiera ejercido la Alcaldía en el período inmediato anterior y hubiera sido elegido ahora como primer regidor no podría asumir dicho cargo, al amparo del artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.
La diputada Roxana Rocha, vocera de Renovación Popular en la Cámara Baja, sostuvo desde el Congreso que cuando un funcionario público “trasgrede la Constitución”, esto “puede tener consecuencias como podrían ser la destitución y la inhabilitación por diez años”.
Según manifestó, se encuentran “indignados” y la resolución del JNE en cuestión amerita una revisión e investigación, pues —remarcó— “ninguna autoridad puede extralimitarse de sus facultades”.
“Nosotros, como Renovación Popular, no vamos a aceptar que las reglas sean cambiadas y modificadas de ninguna manera luego de un mes de llevada a cabo la elección; pedimos que se respete la voluntad popular”, acotó Rocha en diálogo con la prensa.
La denuncia fue presentada ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Daniel Varas Seguin (Juntos por el Perú). En esta comisión, Renovación Popular cuenta con tres de los 25 integrantes, por lo que necesita el respaldo de otras agrupaciones para que una denuncia de este calibre prospere.
Esto último cobra especial relevancia si se considera que el procedimiento no solo debe superar esta instancia, sino también obtener el respaldo del Pleno de la Cámara de Diputados y, posteriormente, del Senado, como se verá más adelante.
Los argumentos sobre la mesa y todo lo que se viene
En sentido estricto, a Burneo se le atribuye la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad, así como la infracción de cuatro artículos de la Constitución. Por estos hechos, se solicita que el Congreso autorice el inicio de un procedimiento judicial y disponga su destitución del cargo e inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.
En la denuncia se cuestiona la resolución del JNE, al alegar que introduce una “restricción” no prevista en la Ley Orgánica de Municipalidades y, además, altera “las consecuencias jurídicas de la representación obtenida en las urnas”.
Esta “afectación”, se sostiene, no solo supone un perjuicio individual para López Aliaga, sino que “repercute en la representación institucional que los ciudadanos otorgaron a través del proceso electoral”. También se afirma que Burneo intervino en la aprobación de “una regla que excedió las competencias” del JNE y “alteró” el mecanismo de reemplazo de alcalde establecido en la ley.
“La decisión afectó la representación municipal obtenida por Renovación Popular, al modificar anticipadamente las consecuencias del orden de prelación de su lista electoral y excluir al primer regidor de la posibilidad de asumir la Alcaldía en los supuestos previstos por la ley”, se refiere.
La denuncia constitucional fue planteada por los diputados Norma Yarrow, Roxana Rocha, Diego Bazán, Felix Chang, Javier Cipriani, Leo de Paz, Frank Krklec, Paola Martínez, Alexander Segura, Carlos Yalta, Mady Yonz y Jorge Zeballos, todos integrantes de la bancada de Renovación Popular.
En cuatro pasos:
Según disponen los reglamentos, una vez presentada, la denuncia es derivada a la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados para su calificación. Si obtiene una calificación positiva, el informe es elevado al Pleno de la Cámara de Diputados para su debate y eventual aprobación.
De recibir el respaldo en esta instancia, se establece un plazo para que la comisión realice una investigación y presente su informe, luego de la notificación al denunciado, la presentación de sus descargos y la realización de una audiencia.
Los reglamentos establecen que el informe final puede concluir únicamente con la acusación del denunciado o el archivamiento de la denuncia. No se admite otro tipo de conclusión. Una vez aprobado por la comisión, el informe es elevado para su debate y votación en el Pleno. Si se aprueba la acusación, se nombra una comisión acusadora —integrada por tres diputados—, encargada de sustentar el informe y formular la acusación ante el Senado.
Ya en la Cámara Alta, los integrantes de la comisión acusadora exponen la acusación, se otorga el derecho de defensa al denunciado, se debate y finalmente se somete a votación. Con esta decisión se da por concluido el procedimiento parlamentario.
Hablan los especialistas
En diálogo con El Comercio, Delia Muñoz, abogada constitucionalista y exministra de Justicia, explicó que, en tanto juez de la Corte Suprema, Burneo está comprendido en el antejuicio político, una protección para determinados altos funcionarios regulada en el artículo 99 de la Constitución.
Esta se extiende por cinco años después de haber cesado en sus funciones, aspecto sobre el cual el Tribunal Constitucional ya zanjó jurisprudencia en su sentencia 152/2025, de julio del año pasado. Por ello, agregó, en cuanto a los aspectos formales, la denuncia se encuentra dentro de este precepto.
Ahora bien. Respecto a los derechos que la agrupación política considera que han sido vulnerados, Muñoz señaló que todo dependerá del material probatorio y de la forma en que estos sean eventualmente sustentados y valorados ante el Congreso.
“Hay que recordar, como lo dice su propio nombre, que estamos ante una valoración política de las cosas. Habrá que ver cómo lo toman los diputados, donde la mayoría está marcada por una tendencia opuesta a la de Renovación Popular. Habrá que ver allí la fortaleza de los argumentos y cómo es que estos son presentados para que sea aceptado en la Cámara de Diputados”, expresó.
Por su parte, el abogado constitucionalista Natale Amprimo afirmó que todos los peruanos, y más aún los funcionarios públicos, tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, la misma que prohíbe expresamente la reelección de alcaldes.
Por ello, sostuvo que, más allá de las críticas al desempeño del JNE, que “ha permitido cosas que jamás debió permitir”, la postura adoptada por el organismo electoral se ajusta a la Constitución. Añadió que la demora del JNE para aclarar el panorama, que consideró criticable, “no significa que se pueda convalidar una trampa constitucional”.
“Ninguno de esos errores convalida a que alguien que expresamente está prohibido a ser reelegido -porque la Constitución dice que no hay reelección, salvo dejando un periodo- interprete que bajo la figura de postular a un segundo cargo pueda en el fondo, como la campaña lo ha demostrado, aspirar a ser alcalde”, expresó Amprimo.
Ahora bien, para el constitucionalista, el derecho al antejuicio —es decir, que antes de que un caso sea objeto de intervención de los operadores de justicia tenga que pasar por el Congreso— tiene como objetivo evitar que una denuncia responda a motivaciones políticas.
“Y es evidente que en este caso la denuncia tiene motivaciones políticas; está yendo a contramarea de lo que busca la Constitución”, aseveró. Agregó que, a su juicio, esta denuncia “no tiene ni pies ni cabeza”, por lo que no debería prosperar en el Congreso.
En similar sentido se pronunció Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista. Consideró que la denuncia carece de un “anclaje” constitucional, pues, en sus términos, “no podría cometer infracción constitucional quien defiende la Constitución”.
Por ello, consideró que, desde un punto de vista técnico, esta denuncia no prosperaría. A ello añadió que, en el ámbito político, Renovación Popular tampoco tendría los votos necesarios en la Cámara de Diputados.
“Por lo tanto, no va a pasar ese filtro. Jamás llegará siquiera a la Cámara de Senadores para un juicio político. Así que no va a pasar eso, más que nada son fuegos artificiales, nada más”, expresó.


