El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme a la Ley N.° 32537. Ante su vencimiento, el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), presentado por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, propone un régimen de consolidación desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2028, dirigido exclusivamente a los inscritos que cumplan las condiciones establecidas.
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La propuesta busca ordenar la transición hacia un nuevo marco de formalización. En el régimen ordinario, los operadores deberán contar con autorización sectorial y certificación ambiental antes de iniciar o reiniciar actividades. Para el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, el periodo transitorio también debe contemplar medidas que permitan comprobar avances antes de la fecha límite.
“Mi idea de un plazo así no es decir, bueno, tienen hasta el 31 de diciembre del 2028 y esperar que el 31 de diciembre del 2028 y nadie haya hecho nada”, sostuvo a La República. Con esa advertencia, planteó distribuir el cumplimiento de los requisitos por grupos de mineros, con fechas intermedias durante los dos años previstos. Precisó que se trata de una recomendación personal y que esa propuesta no fue discutida en la reunión de presentación del proyecto.
FORMAPE concentrará funciones de formalización
Uno de los cambios institucionales planteados es la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem). La entidad tendría entre sus funciones emitir autorizaciones de inicio o reinicio de actividades, evaluar instrumentos de gestión ambiental, otorgar acreditaciones a pequeños productores mineros y mineros artesanales, y administrar sistemas de información y trazabilidad.
El proyecto también propone centralizar los procedimientos administrativos mediante una Casilla Electrónica Única y hacer seguimiento al mineral desde su origen hasta su comercialización. La regulación comprendería a titulares de derechos mineros y de actividades de beneficio, así como a acopiadores, transportistas, procesadores y comercializadores.
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Para Herrera Descalzi, la trazabilidad es uno de los aspectos centrales de la reforma. “La palabra clave es trazabilidad. De dónde sale el oro, hasta dónde llega”, señaló. Sin embargo, advirtió que identificar el origen del mineral no equivale a seguir el destino del dinero obtenido con su venta. “Cuando el oro se convierte en dólares, ya es otra cosa”, agregó.
En materia ambiental, la iniciativa plantea que las actividades se sujeten a los principios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Los requisitos específicos se establecerían mediante decreto supremo y tendrían que adecuarse a los riesgos y las condiciones territoriales de cada operación. Asimismo, el proyecto propone autorizar al Banco de la Nación a prestar servicios bancarios a pequeños mineros y mineros artesanales.
La transición dependerá de la capacidad del Estado
La aplicación del nuevo régimen requerirá que las instituciones puedan procesar trámites, evaluar requisitos y ejecutar las disposiciones dentro del plazo previsto. Herrera Descalzi sostuvo que el trabajo debe comenzar antes de que venza el Reinfo y no limitarse a la aprobación de una nueva ley. “Necesita hacer ajustes en el propio Ministerio de Energía y Minas”, afirmó.
El exministro también mencionó la corrupción como un obstáculo para formalizar el sector. No obstante, al sustentar esa apreciación aludió a comentarios que dijo haber escuchado durante la reunión de presentación, sin aportar documentación que permitiera verificar sus afirmaciones.
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Otro desafío es la dimensión económica y laboral de la pequeña minería. Herrera Descalzi explicó que los precios actuales de los minerales han contribuido a que estas operaciones sean económicamente viables. Añadió que hay zonas cuyas características pueden permitir el desarrollo de la pequeña minería, aunque no necesariamente de proyectos de mediana o gran escala.
Por ello, planteó que el Estado delimite adecuadamente las áreas de explotación y oriente a los operadores hacia la formalidad. La transición, desde esa perspectiva, debe combinar el cumplimiento de las normas con procedimientos y plazos que permitan avanzar en el proceso. El proyecto, sin embargo, no incorpora la propuesta personal del exministro de establecer fechas intermedias por grupos de mineros.
La aprobación dependerá del Congreso
La iniciativa todavía debe pasar por el trámite legislativo antes de convertirse en ley. Herrera Descalzi recordó que el Ejecutivo puede presentar el proyecto, pero su aprobación corresponde al Congreso. “La ley MAPE es una propuesta y las leyes no las aprueba el Ejecutivo, las leyes las aprueba el Legislativo”, afirmó.
El debate parlamentario deberá definir el contenido final del régimen de consolidación y las atribuciones de FORMAPE. La propuesta busca establecer un marco para la pequeña minería y la minería artesanal después del vencimiento del Reinfo, pero su aplicación dependerá de las disposiciones que finalmente se aprueben y de la capacidad institucional para ponerlas en práctica.
