Hace algunos años, el cannabis medicinal despertaba grandes expectativas en el Perú. Multinacionales llegaban, empresas locales preparaban laboratorios y se proyectaban ventas millonarias. En estas páginas informamos sobre la primera empresa que obtuvo una licencia de producción con cultivo y sobre decenas de compañías que habían hecho los trámites para importar derivados de la planta. Incluso dimos cuenta de que las cadenas de farmacias más grandes habían obtenido autorización para la venta de estos productos. Hoy, el mercado es más reducido de lo que se avizoraba. ¿Qué ocurrió?
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La canadiense Canopy Growth fue uno de los protagonistas de aquella etapa. Ingresó mediante Spectrum Therapeutics, pero en el 2021 su filial peruana entró en liquidación. Digemid canceló, a pedido de la compañía, su licencia de importación y comercialización y los registros sanitarios de sus productos pasaron a otra empresa.
En cuanto a puntos de venta, las cifras reflejan el retroceso. En junio último, la Digemid registraba 52 boticas y farmacias autorizadas para comercializar derivados de cannabis, de las cuales 51 figuraban activas. En el 2023 se habían reportado 68 establecimientos con licencia.
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También cambió la presencia de las grandes cadenas. Según información de la Digemid publicada por Gestión, en enero del 2021 Inkafarma tenía 21 establecimientos autorizados y Mifarma, cinco. En marzo del 2023 sumaban 25 entre ambas. El listado de junio último consigna solo nueve Inkafarma y ningún Mifarma. Juntas representan el 17.6% de los locales activos autorizados.
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La actividad efectiva podría ser todavía menor. Una fuente de la industria señala que entre el 2025 y el 2026 abrieron tres boticas relevantes y estima que, incluyéndolas junto con las que permanecen desde los primeros años, no más de diez puntos de venta registran demanda consistente en todo el país. Podrían ser menos. Es una estimación, ya que los demás locales podrían vender ocasionalmente.
Curt Schwarz, presidente de la Asociación Peruana de Industrias del Cannabis y CEO de Anden Health, propone una explicación. “El negocio terminó siendo uno distinto del que mucha gente imaginó en el 2019 y el 2020”. El marco siempre fue médico, con prescripción, controles sanitarios y trazabilidad. Schwarz afirma que eso se conocía desde el inicio. El problema fue la velocidad de adopción: “Esperábamos que los médicos y las instituciones prestadoras de salud lo incorporaran mucho más rápido de lo que terminó ocurriendo”. Para él, el resultado es “mucho más chico de lo que se proyectó, pero mucho más sólido”.
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La formación médica es, en su opinión, uno de los principales obstáculos para ampliar las prescripciones. De otro lado, un emprendedor de la industria añade que todavía hay personas que desconocen que el cannabis medicinal es legal. El problema no se resuelve únicamente con establecimientos autorizados, ya que también requiere médicos familiarizados con estos tratamientos y, sobre todo, pacientes informados.
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Las empresas buscaron nuevas vías de crecimiento. Anden Health abrió en el 2021 su botica y su laboratorio al mismo tiempo, como farmacia magistral especializada en cannabis. Esa infraestructura permitió incorporar otras líneas: salud capilar, salud sexual, nutracéuticos y salud femenina. Se buscó diversificar el negocio. Hoy el cannabis sigue siendo una de sus líneas, pero ya no es la única.
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La fuente de la industria antes referida considera que los operadores que lograron mantenerse ahora necesitan crecer y ve una oportunidad en incorporar al circuito medicinal a consumidores que hoy compran en el mercado informal, siempre que cumplan los requisitos médicos. Schwarz advierte que ambas demandas no coinciden necesariamente y cuestiona la falta de controles de calidad, composición y trazabilidad de los productos informales.
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Un estudio publicado este año en la revista científica de la Digemid refuerza esa distinción: el 67.6% de los productos con registro sanitario examinados para el período 2019-2025 no registró importaciones efectivas. Así, la autorización de los productos, obviamente, no garantiza disponibilidad.
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Otra oportunidad está en el cáñamo industrial. La Ley 32195, publicada en diciembre del 2024, contempla usos textiles, alimentarios y manufactureros, pero condiciona su entrada en vigor a la publicación del reglamento. El texto contiene una contradicción ya que su cuarta disposición final da 180 días para reglamentar desde la entrada en vigor, mientras la quinta establece que la ley entra en vigor cuando se publique el reglamento. El Midagri publicó el proyecto el 22 de agosto de 2025 y abrió una consulta pública de 90 días, concluida en noviembre. Schwarz señala que el reglamento definitivo sigue pendiente, lo que dificulta planificar inversiones. También indica que el proyecto contempla venta de determinados productos con CBD sin receta. Se trata de una propuesta y no de una autorización vigente.
El sector sí desarrolló capacidades técnicas, pero su mercado sigue siendo reducido. La adopción médica, el acceso formal y la definición de las reglas para el cáñamo determinarán cuánto de aquellas expectativas puede convertirse finalmente en negocio.
Moisés Navarro Palacios es editor de Opinión de Gestión.
