A lo largo de la última década, parecía existir un consenso en el Perú sobre la necesidad de mantener una suerte de equilibrio entre China, como principal socio comercial e importante fuente de inversión, y Estados Unidos, con quien el Perú había desarrollado estrechos vínculos en materia de seguridad y una importante afinidad política. Un ejercicio delicado, aunque cada vez más extendido en el mundo, que algunos excancilleres han definido como neutralidad activa o búsqueda de autonomía estratégica.
En materia económica, las cifras hablan por sí solas: entre enero y julio de este año, el 38,3% de las exportaciones peruanas tuvo como destino China, frente al 9,7% correspondiente a India, 9,4% a Estados Unidos y un 8,8% a la UE. A su vez, según la Red ALC-China, la inversión china en el Perú supera los 37.000 millones de dólares, frente a unos 30.000 millones provenientes de la UE y menos de 7.000 millones de Estados Unidos.
Mientras tanto, desde comienzos de siglo, el Perú había construido con Washington una relación basada en estrechos vínculos de seguridad y cooperación militar, afinidad política en torno a la democracia liberal, los derechos humanos y el Estado de derecho, así como posiciones generalmente coincidentes respecto del orden internacional, como se reflejó, entre otros ámbitos, frente a la guerra en Ucrania y la situación política de Venezuela.
Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, esta afinidad comenzó a erosionarse de manera significativa, debido a su cuestionamiento explícito de varios de los pilares del orden internacional liberal, a acciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad en el mundo y, en el caso concreto del Perú, a la imposición unilateral de un arancel adicional del 12,5%. En contraste, pese a sus claras diferencias ideológicas, Lima y Beijing mantienen posiciones relativamente coincidentes en diversos ámbitos: la defensa del multilateralismo, la centralidad de las Naciones Unidas y la solución pacífica de las controversias; en el ámbito económico, ambos siguen apostando por la apertura comercial, expresada, entre otros espacios, en la OMC y el APEC, así como por el desarrollo sostenible. También se ha destacado el papel de China como factor de estabilidad del orden internacional contemporáneo, especialmente frente al creciente unilateralismo, la imprevisibilidad y el tono cada vez más confrontacional de la política exterior estadounidense bajo Trump.
En un contexto así, no deja de sorprender el claro alineamiento con Estados Unidos adoptado por el actual gobierno, tras un acercamiento iniciado con el retorno de Trump a la Casa Blanca. Durante 2025 y la primera mitad de 2026, el Perú había reforzado su cooperación con Washington en ámbitos como los minerales críticos, la lucha contra el crimen organizado y la defensa, ante la creciente presión estadounidense para posicionarse frente a China. Con la llegada de Keiko Fujimori al poder, este acercamiento ha dado paso a un alineamiento más explícito, reflejado, entre otros aspectos, en la adhesión al Escudo de las Américas, un acuerdo sobre inteligencia artificial y determinadas posiciones diplomáticas frente a Irán, Palestina y el Sáhara Occidental. De esta manera, el Perú se aleja de una política arraigada que, en palabras de García Bedoya, buscaba “afianzar la independencia y evitar la dependencia”.
El gobierno sostiene que este acercamiento responde a prioridades legítimas: la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y el acceso a inversión en minerales críticos. Son objetivos razonables. La duda es si un alineamiento tan explícito es la vía más eficaz para lograrlos y a qué costo. Por otro lado, más allá de la retórica oficial, no queda claro qué beneficios concretos puede reportar este alineamiento para el desarrollo nacional o, incluso, para el propio combate contra el crimen organizado.
Así, más allá de las constantes críticas hacia los inversionistas chinos y las “sugerencias” de Washington sobre cómo elegir a sus socios, todavía está por verse si este acercamiento político se traducirá en un flujo significativo de nuevas inversiones estadounidenses. Matarani, el puerto de Arequipa operado por Tisur y en el que participa el fondo estadounidense GIP-BlackRock, con una ampliación de unos US$700 millones y una concesión renovada por 30 años, y la entrada de Chevron en la exploración offshore son señales importantes, pero aún están lejos de los volúmenes de inversión china. En Corío, el megapuerto proyectado en Punta de Bombón (Arequipa) que aspira a rivalizar con Chancay, por ahora existen expresiones de interés de empresas estadounidenses, según el Gobierno Regional de Arequipa, pero no una inversión confirmada. Y oportunidades no faltan: ProInversión promociona una amplia cartera de proyectos, incluida una cartera ferroviaria superior a los US$20.000 millones. Tampoco es seguro que las iniciativas, como el Escudo, sobrevivan a un eventual cambio de administración: América Crece perdió protagonismo tras el primer mandato de Trump, mientras que la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, impulsada por Biden, no sobrevivió a su retorno. ¿Qué garantiza que las iniciativas actuales tendrán una suerte diferente?
Más importante aún, buena parte de la agenda de este acercamiento parece venir definida por las prioridades estratégicas de Washington y, en particular, por su competencia con China. El Escudo y otros acuerdos recientes siguen siendo en buena medida ambiguos y, además, complementan los mecanismos de cooperación ya existentes entre el Perú y Estados Unidos. Pero su contenido revela también la preocupación central de Washington: la referencia a la necesidad de contener la “influencia maligna de actores extrahemisféricos”, una clara alusión a China. Las temáticas priorizadas –desde la defensa y el combate al crimen organizado hasta los minerales críticos, las cadenas de suministro y la inteligencia artificial– reflejan sus intereses estratégicos en el hemisferio y, en buena medida, el espíritu del “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”. Mientras tanto, intereses concretos del Perú, como asegurar el correcto cumplimiento del TLC o recuperar parte de la cooperación suspendida a través de USAID, no parecen recibir una respuesta equivalente. A ello se suma el riesgo de alejar innecesariamente a China, precisamente cuando este país ya ha realizado inversiones de gran magnitud y tiene previsto seguir ampliando su presencia en nuevos ámbitos, como la transformación digital, las energías renovables y las tecnologías avanzadas.
Tampoco se trata, por supuesto, de defender un alineamiento del Perú con China en detrimento de Estados Unidos, sino de recuperar, con pragmatismo, los márgenes de maniobra necesarios para construir una estrategia multisectorial que defienda las prioridades nacionales en un escenario global cada vez más polarizado e incierto. Para ello, no solo se debería impulsar un debate nacional sobre los riesgos y oportunidades de nuestra relación con ambas potencias, que podría empezar en el Congreso y la Cancillería, con participación de gremios exportadores, academia y regiones, y traducirse en una hoja de ruta pública con metas concretas para cada socio, sino también fortalecer los vínculos con socios como India, la UE y Brasil, nuestro gran vecino sudamericano. El desafío del Perú no es escoger entre Washington y Beijing, sino mantener la suficiente autonomía para relacionarse con ambos y con sus demás socios en función de sus propios intereses.