Protección ambiental y derechos de pueblos indígenas: avances y contradicciones
El verdadero desafío del Perú no es únicamente reconocer derechos, aprobar nuevas normas o asumir compromisos ambientales, sino lograr que estos se traduzcan en cambios reales y sostenibles.
RPP••Actualizado: 19 nov. 2026, 2:00 p. m.
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Iniciamos un año complejo, marcado por cambios, avances y retrocesos, en el que pareciera que multiplicamos nuestros compromisos, pero perdemos capacidad para traducirlos en intervenciones efectivas y resultados concretos. El 2026 ha transcurrido a una velocidad sorprendente y, cuando estamos a poco más de un mes de concluirlo, nos encontramos frente a una realidad que exige una reflexión profunda sobre cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda por hacer.La minería ilegal persiste y continúa extendiéndose en Madre de Dios y otras regiones del país; el debate sobre la formalización minera, las sucesivas ampliaciones del Reinfo y la necesidad de una nueva legislación para la pequeña minería y minería artesanal sigue sin ofrecer respuestas definitivas.Al mismo tiempo, las amenazas y la violencia contra quienes defienden el ambiente y sus territorios continúan siendo motivo de profunda preocupación, mientras los mecanismos de protección muestran serias limitaciones para garantizar su seguridad. A ello se suman los conflictos vinculados al acceso, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que evidencian las tensiones existentes entre las actividades económicas, la protección ambiental y los derechos de las poblaciones locales.La gran contradicción de este 2026 parece estar precisamente allí: avanzamos en compromisos, reconocimientos y marcos normativos, pero seguimos enfrentando enormes dificultades para transformar esas decisiones en resultados efectivos. Debemos considerar que el verdadero desafío del Perú no es únicamente reconocer derechos, aprobar nuevas normas o asumir compromisos ambientales, sino lograr que estos se traduzcan en cambios reales y sostenibles en los territorios, donde la protección de nuestro patrimonio natural y los derechos de los pueblos indígenas dejen de ser promesas y se conviertan en una realidad. Las elecciones generales, la conformación de un nuevo gobierno y el complejo proceso de transición hacia un sistema legislativo bicameral marcaron un escenario de profundos cambios políticos e institucionales, en el que confluyeron distintas visiones sobre el desarrollo del país y el papel del Estado.En este contexto, surgieron propuestas de reforma que, bajo el discurso de la modernización, la simplificación administrativa y la promoción del crecimiento económico, plantearon serios interrogantes sobre sus posibles consecuencias para la sostenibilidad ambiental. Lejos de fortalecer necesariamente la gobernanza y la protección de nuestro patrimonio natural, algunas de estas propuestas podrían debilitar los mecanismos de protección ambiental y reducir las garantías para el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, profundizando la tensión entre las prioridades económicas y la responsabilidad del Estado de proteger nuestra biodiversidad y los derechos de las poblaciones que habitan estos territorios.El 2027, entonces, se presenta como un año de incertidumbre y grandes desafíos, en el que la protección de nuestro patrimonio natural, la seguridad de los territorios indígenas y el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental deben consolidarse como ejes transversales de las decisiones políticas y las estrategias de desarrollo del país.El desafío será lograr que estas prioridades no queden relegadas frente a intereses de corto plazo, sino que se conviertan en pilares fundamentales de una visión de desarrollo que reconozca el valor de nuestra biodiversidad, garantice los derechos de los pueblos indígenas y fortalezca la capacidad del Estado para protegerlos de manera efectiva.
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