La diputada de Fuerza Popular, María Luisa Silupu Inga, presentó un proyecto de ley que plantea modificar la Ley Orgánica de Elecciones para ampliar el plazo de difusión de encuestas electorales hasta las 23:59 horas del viernes anterior al día de los comicios. La iniciativa cuenta con el respaldo de otros cinco integrantes de su bancada.
De acuerdo al texto, la propuesta busca modificar el artículo 191 de la Ley 26859, que actualmente establece que la publicación o difusión de encuestas y proyecciones sobre los resultados electorales, a través de los medios de comunicación nacionales, puede realizarse hasta el domingo anterior a las elecciones. De esta manera, la restricción comprende los seis días previos a la jornada electoral y el propio día de la votación.
De aprobarse la iniciativa, las encuestadoras y los medios de comunicación podrían difundir sus estudios hasta la medianoche del viernes previo a los comicios, reduciendo el periodo de prohibición a la víspera y al día de las elecciones.
Sanciones para encuestas falsas
La iniciativa legislativa no solo plantea modificar el plazo de difusión, sino también incorporar una infracción específica para quienes publiquen o difundan encuestas, simulacros de votación o proyecciones que no hayan sido elaborados por una encuestadora inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que carezcan de la ficha técnica exigida o que atribuyan resultados a una encuestadora que no los haya producido.
En esos casos, el JNE podría imponer multas de acuerdo con la gravedad de la conducta y distinguir entre quienes elaboran o publican originalmente el contenido y quienes únicamente lo reproducen.
En la exposición de motivos, Silupu sostiene que la restricción vigente genera una desventaja informativa para los ciudadanos, debido a que organizaciones políticas y otros sectores pueden acceder a estudios de intención de voto durante la última semana de campaña, mientras que la población no puede conocer esos resultados a través de los medios de comunicación.
Asimismo, argumenta que una parte del electorado define o modifica su voto durante los últimos días de campaña, por lo que considera necesario garantizar el acceso a información electoral más actualizada.
La propuesta también precisa que la nueva regulación alcanzaría a cualquier medio de difusión, incluidas las plataformas digitales y las redes sociales, con el propósito de evitar que la restricción se aplique únicamente a los medios de comunicación tradicionales.
