La senadora Mirtha Vásquez y la diputada Indira Huilca, de Ahora Nación, así como el senador Jaime Quito (Juntos por el Perú), presentaron una denuncia constitucional contra el senador Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) por presuntas infracciones a la Constitución vinculadas a sus actuaciones y declaraciones contra jueces que aplicaron el control difuso en casos de violaciones de derechos humanos.
En su cuenta de X, Vásquez sostuvo que “existe un patrón sistemático de denuncias disciplinarias contra magistrados” ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), así como amenazas públicas que, según indicó, afectan la independencia del sistema judicial y el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
“Junto a la diputada @IndiraHuilca y el senador Jaime Quito hemos presentado una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por haber infringido diversos artículos de la Carta Magna al amedrentar a jueces que aplicaron el control difuso en casos de violaciones de derechos humanos”, señaló.
Junto a la diputada @IndiraHuilca y el senador Jaime Quito hemos presentado una denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por haber infringido diversos artículos de la Carta Magna al amedrentar a jueces que aplicaron el control difuso en casos de violaciones de derechos humanos. Existe un patrón sistemático de denuncias disciplinarias contra magistrados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y una serie de amenazas públicas que afectan la independencia del sistema judicial y el deber del Estado de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. 📎 Denuncia ⬇️ https://t.co/IOhDCKx4mo #DenunciaRospigliosi #LaJusticiaNoSeAmenaza
— Mirtha Vásquez (@MirtyVas) October 29, 2026
Piden suspensión e inhabilitación
En el documento, los denunciantes sostienen que las actuaciones atribuidas a Rospigliosi, entre ellas el uso de denuncias ante la JNJ y sus declaraciones públicas contra el sistema de administración de justicia, afectarían la separación de poderes y la independencia funcional de los órganos jurisdiccionales.
Como sustento, citan jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la separación de poderes y la independencia judicial, además de publicaciones en redes y periodísticas relacionadas en donde el senador se expresa contra el sistema de justicia y dice que es necesario “barrer” el sistema judicial.
Entre los antecedentes mencionados figuran las denuncias de Rospigliosi contra jueces por sus decisiones en casos de violaciones de derechos humanos.
Los denunciantes solicitan que, de acreditarse los cargos, el Senado disponga la suspensión inmediata de Rospigliosi en el ejercicio de sus funciones y su inhabilitación para ejercer la función pública por un periodo de hasta 10 años, al amparo del artículo 100 de la Constitución.
El documento argumenta que una eventual sanción se justificaría por la pluralidad de infracciones atribuidas, la reiteración de las conductas durante más de un año y la gravedad de los bienes constitucionales presuntamente afectados.
