¿Quién se puede oponer a que las familias del Cusco o Apurímac paguen entre S/20 y S/30 al mes por el gas para cocinar en vez de los casi S/70 u S/80 que hoy destinan en promedio para comprar un balón de GLP? Curiosamente, la izquierda peruana, que dice defender a los más pobres.
Diversos parlamentarios de Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno han expresado su rechazo a la adenda que está por firmar el Gobierno con la empresa Cálidda, que ya distribuye gas natural en Lima y Callao, para sacar adelante el proyecto de masificación de este recurso en las regiones de Ayacucho, Cusco, Puno, Apurímac, Junín, Huancavelica y Ucayali.
Este proyecto, que demandará una inversión de US$590 millones, apunta en una primera etapa a llevar gas natural a 15 localidades de estas siete regiones y conectar a unas 300.000 familias con una tarifa única equiparable a la de Lima. Llegará a hogares, mypes, transporte e industria. Significa cocinas más baratas, taxis y combis que gastan menos y panaderías y restaurantes con menores costos. Es energía barata para quienes más la necesitan: según el índice de Promigas, la pobreza energética llega a 82,7% en Huancavelica y 77% en Apurímac, frente a 5,1% en Lima.
Sin embargo, diputados y senadores de varias bancadas, en una sesión presidida por la diputada Yenifer Paredes, de JP, pidieron no firmarla, y la Bancada Región Cusco amenaza con interpelar y censurar al ministro Guillermo Shinno. Su principal reparo es la cobertura: a Cusco le tocarían 33.367 conexiones hasta el 2043. Pero esa cifra es un piso, no un techo. En Lima y Callao, la meta inicial fue de 65.000 conexiones y hoy hay más de dos millones de usuarios. Bloquear el proyecto no le suma una conexión al Cusco: le resta todas.
También alegan que la adenda sepultaría el Sistema Integrado de Transporte de Gas de la Zona Sur. Pero esta semana Pro Inversión anunció que priorizará reactivarlo. Usar un gasoducto que lleva una década en el papel para negarle gas a quien hoy paga S/70 por un balón es un despropósito. Un gasoducto que no existe no calienta ninguna olla.
Nuevamente, ¿por qué hoy la izquierda se opone? En el 2022, el gobierno de Pedro Castillo prometió llevar el gas a estas siete regiones en dos años. No ocurrió. Sin embargo, un discurso que vive de la promesa incumplida del Estado se queda sin argumento cuando el Estado cumple. Si el gas llega al sur al precio de Lima, habrá un agravio histórico menos que capitalizar.
Lo que está en juego no es poco. El mismo índice muestra que en los distritos donde ya llega el gas natural la pobreza energética baja a 7,6%, frente a 56,7% en el resto del país. Para muchas familias del sur, el gas no es solo pagar menos: es dejar de cocinar con leña o bosta.
El gas de Camisea sale del Cusco y hace 20 años viaja a Lima. Ya es hora de que llegue a las cocinas del sur. Si hay dudas, que se pongan las metas por escrito y que el Osinergmin las vigile. Pero frenar el proyecto no defiende a nadie: solo obliga a los más pobres a seguir pagando el balón más caro. Los congresistas que hoy se oponen deberían explicarle a una madre de Abancay por qué tiene que seguir pagando S/70 cuando podría pagar S/25. Si no pueden, que no estorben.


