El Poder Judicial (PJ) ordenó a las autoridades provinciales de San Martín abstenerse de autorizar cambios de zonificación y proyectos urbanos que vulneren las áreas protegidas de la laguna de Ricuricocha, en la región San Martín.
El Primer Juzgado Civil de Maynas declaró fundada una demanda de amparo presentada por la Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo.
El caso se originó por una ordenanza aprobada el 7 de julio de 2025, que permitía modificar la zonificación de un terreno de 39,0281 hectáreas para el proyecto inmobiliario Prana Lagoons, de Franquicia Ciudapolis S.A.C. La norma convertía terrenos de preservación paisajística y agrícolas en zonas de uso urbano, residencial y recreacional.
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Según el fallo, este cambio amenazaba el derecho colectivo a un ambiente equilibrado y era incompatible con el Plan de Desarrollo Urbano vigente. La laguna es un humedal de alto valor ecológico por su biodiversidad y su función como refugio de diversas especies de aves.
Cabe precisar que la Municipalidad Provincial de San Martín derogó la ordenanza el 2 de diciembre de 2025, tras advertir cuestionamientos técnicos y legales. Entre las irregularidades figuraban la ausencia de una audiencia pública obligatoria, deficiencias en el tratamiento de las observaciones ciudadanas y la falta de una opinión técnica ambiental.
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Aunque la derogación y la nulidad de los actos derivados hicieron cesar la amenaza, el juzgado consideró necesario pronunciarse para evitar que hechos similares se repitan. Por ello, ordenó al concejo provincial y a la municipalidad no volver a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la demanda.
El mandato impide tramitar o aprobar planes, habilitaciones urbanas y licencias que contradigan la condición de suelo no urbanizable e intangible de las áreas protegidas señaladas en la sentencia. Además, exige garantizar la participación ciudadana y contar con opiniones técnicas ambientales en las propuestas que involucren el ámbito de influencia de la laguna.
Las autoridades que incumplan la resolución se exponen a multas progresivas o a la destitución, sin perjuicio de posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas. El juzgado también dispuso que la entidad demandada pague los costos del proceso a favor de la asociación.


