Este 27 de noviembre se cumple un año desde que el expresidente Pedro Castillo fue sentenciado a más de 11 años de prisión. El exmandatario y tres de sus exfuncionarios fueron hallados culpables de conspiración para la rebelión, pero solo el primero se encuentra recluido.
A casi un año de la sentencia, el caso aún no llega a su capítulo final en el sistema de justicia. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tiene pendiente programar la audiencia para decidir, en segunda instancia, si confirma, revoca o modifica las penas impuestas. Dos sentenciados, Aníbal Torres y Willy Huerta, esperan la decisión en libertad al igual que otros tres absueltos.
Pendientes
Fue el 7 de diciembre del 2022 cuando Castillo pretendió disolver el Congreso, “reorganizar” el sistema de justicia e instalar un gobierno de excepción sin éxito. Casi tres años después, y tras culminar un juicio oral en 268 días, el 27 de noviembre del 2025 la Sala Penal Especial (Corte Suprema) dictó sentencia. Los jueces José Neyra, Iván Guerrero y Norma Carbajal concluyeron que el mensaje a la nación, pronunciado por Castillo, fue “una decisión colegiada y con participación de múltiples actores”. (Ver infografía)
Así, de los seis acusados, cuatro fueron sentenciados por conspiración para la rebelión. Castillo, la expremier Betssy Chávez –hoy asilada política en México– y el exministro Willy Huerta (Interior) recibieron 11 años, 5 meses y 15 días de prisión.
En cambio, el exasesor de Presidencia, Aníbal Torres, obtuvo 6 años y 6 meses de pena. A diferencia de los demás, los dos últimos corrieron con otra suerte. La sala estableció que Huerta y Torres no vayan a prisión hasta que sus penas sean confirmadas en segunda instancia.
En tanto, se absolvió a Manuel Lozada, general de la Policía Nacional (PNP) y exjefe de la Región Policial Lima; Justo Venero, oficial de la PNP; y Eder Infanzón, comandante PNP en retiro. La Fiscalía pedía 2 años y 6 meses de prisión para cada uno, por ello, apeló la sentencia. No fue la única, otras cinco apelaciones, de parte de las defensas, fueron presentadas.
Se alistan
Los seis acusados, en distintas condiciones, se juegan su libertad en segunda instancia. Además de la Fiscalía, las defensas de Castillo, Chávez, Huerta y Torres apelaron la sentencia.
Recibidos los recursos, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema los declaró “bien concedidos”, tras corroborar que cumplen con las formalidades de ley, y acordó evaluarlas en audiencia. La decisión se adoptó en una resolución emitida el 22 de octubre último y, hasta ahora, no se ha agendado la fecha de inicio de sesiones.
El documento, por otro lado, incluye una solicitud de información al despacho fiscal a cargo del caso: la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
“Es necesario (…) un informe expreso y documentado, con indicación de fecha y disposición fiscal correspondiente, (que precise) en qué momento y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de ser objeto de la investigación preparatoria”, refiere.
El pedido está vinculado a los cambios en la acusación que realizó la fiscal Galinka Meza, quien tenía el caso a su cargo y renunció a su puesto “por motivos personales” durante el transcurso del juicio oral.
Si bien Meza acusó al grupo por rebelión y, alternativamente, conspiración para la rebelión, luego cambió de opinión y solo imputó el primer delito. No fue hasta septiembre de 2025, dos meses antes de culminar la evaluación, que los jueces a cargo introdujeron la imputación que la Fiscalía había descartado antes; es decir, incorporaron el cargo de conspiración para la rebelión como una “calificación jurídica alternativa”.
Los pormenores de por qué la fiscal llegó a juicio con una única imputación deberán ser informados a la instancia que ahora decidirá el futuro del expresidente y compañía.
Actualmente, la Sala Penal Permanente está formada por los jueces Víctor Prado Saldarriaga (presidente), Manuel Luján Túpez, María Altabás Kajatt, Sara Maita Dorregaray y Víctor Contreras Cuzcano. Sin embargo, el grupo podría cambiar a fines de 2026, por disposición del Poder Judicial.
“Normalmente, hay reconformaciones a fin de año, pero no son sustanciales. Puede que el presidente (de la sala) sí se mantenga, pero uno u otro magistrado salga de ella. Siendo cinco los jueces, se puede cambiar a uno u otro, pero esta es la sala que se hará cargo de la apelación”, detalló a Correo el penalista Andy Carrión.
En tanto, en la lista de posibles reemplazos no figura la jueza Aracely Baca Cabrera. La magistrada solicitó su inhibición del caso, cuando fue convocada para evaluar la admisión de la apelación, por ostentar una “relación de amistad” con la esposa de Aníbal Torres.
Inhibición
La jueza suprema, hoy en la Sala Penal Transitoria (Corte Suprema), presentó su solicitud el 22 de septiembre último. En su escrito, detalló que conoció a la cónyuge de Torres Vásquez durante sus estudios universitarios.
“La magistrada inhibida ha señalado que mantuvo una relación académica con Amelia Ruth López Retes durante sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que, además, actualmente conserva con ella una relación de amistad. Esta última circunstancia adquiere relevancia en tanto la referida persona es cónyuge de Aníbal Torres, quien ostenta la condición de procesado y recurrente en la presente causa”, se detalla en la resolución a la que accedió Correo.
Si bien la magistrada fue apartada del caso, sus colegas precisaron que la decisión es preventiva y no compromete su imparcialidad como profesional, pues “esta se presume mientras no exista prueba de lo contrario”.
“La relación de amistad vigente con la cónyuge de uno de los recurrentes constituye un motivo grave que justifica su apartamiento, no porque se haya desvirtuado la presunción de imparcialidad subjetiva que la ampara, sino porque resulta necesario excluir cualquier duda objetivamente razonable respecto de la neutralidad del Colegiado y preservar la confianza en la administración de justicia”, reza documento.


