Un proyecto de ley presentado por Juntos por el Perú busca dejar sin efecto las normas que permiten reorganizar los activos de Petroperú y llevarlos al régimen de promoción de la inversión privada. La propuesta, presentada por la diputada Analí Márquez, plantea derogar los decretos de urgencia 010-2025 y 003-2026 y restituir la protección legal que mantiene a la petrolera estatal fuera de determinadas modalidades de inversión privada.
La discusión gira, sobre todo, alrededor del Decreto de Urgencia 010-2025, norma que permite dividir el patrimonio de Petroperú en bloques patrimoniales autónomos. Estos pueden incluir la Nueva Refinería de Talara y otros activos estratégicos. Los bloques pueden incorporarse al proceso de promoción de la inversión privada, cuya estructuración queda a cargo de ProInversión.
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Para los autores del proyecto, ese diseño va mucho más allá de una reorganización administrativa de la empresa. La exposición de motivos sostiene que abre una ruta para que activos que hoy pertenecen a Petroperú puedan terminar con participación privada.
Petroperú y la puerta que abren los bloques patrimoniales
La propuesta cuestiona el uso de los llamados bloques patrimoniales. El Decreto de Urgencia 003-2026 establece que para administrar estos bloques pueden crearse vehículos de propósito especial, es decir, sociedades en las que también pueden participar terceros, incluidas entidades financieras. Estos acuerdos pueden definir los aportes de capital, los derechos de los accionistas y las condiciones para comprar o vender participaciones.
Según la exposición de motivos, el riesgo está en que Petroperú pierda participación si un inversionista privado aporta capital y la empresa estatal no puede hacerlo en la misma proporción. En ese escenario, la participación privada dentro de la sociedad podría aumentar y, posteriormente, incluso podrían transferirse acciones o encargarse a terceros la operación de determinados activos.
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El cuestionamiento, por tanto, no apunta necesariamente a una venta directa de una refinería o un terminal. La participación privada podría darse a través de la sociedad creada para administrar ese activo. Bajo esa interpretación, los autores del proyecto califican el mecanismo como una privatización encubierta y plantean la derogación de los decretos.
La iniciativa también cuestiona la vía utilizada para introducir estos cambios, ya que sostienen que una modificación con efectos sobre el patrimonio y la estructura de Petroperú no debería establecerse mediante un decreto de urgencia, por tratarse de una herramienta normativa de carácter excepcional.
JP quiere devolver a Petroperú la protección frente a la inversión privada
El proyecto plantea restituir el artículo 1 de la Ley 28244, que excluye a Petroperú de determinadas modalidades de promoción de la inversión privada contempladas en el Decreto Legislativo 674. Con ello, busca retirar a la empresa estatal del marco que hoy permite estructurar operaciones sobre sus activos bajo ese régimen.
La propuesta también pretende cortar cualquier avance que se haya producido bajo los decretos cuestionados. Sus disposiciones finales establecen que los actos administrativos e instrumentos legales realizados en aplicación de esas normas quedarían sin efecto y que las transferencias de activos, bloques patrimoniales o recursos deberían revertirse en un plazo de 60 días.
La discusión no es menor porque ocurre mientras Petroperú atraviesa una situación financiera delicada. Al cierre del primer semestre de 2026, la empresa acumulaba US$6.052 millones de deuda, pérdidas por US$2.350 millones y un déficit de capital de trabajo de US$1.427 millones.
El proyecto, sin embargo, plantea que esa situación puede atenderse sin recurrir a la apertura de activos estratégicos.
La propuesta para Petroperú: usar S/6.049 millones pendientes
El texto identifica S/4.218 millones en créditos fiscales acumulados vinculados con la exoneración del IGV en la Amazonía y otros S/1.831 millones correspondientes a saldos de IGV relacionados con la modernización de la Refinería de Talara. En total, calcula S/6.049 millones.
La propuesta plantea que la Sunat priorice la devolución de estos recursos, en coordinación con el MEF y el Minem. El dinero tendría un destino específico: financiar el capital de trabajo de Petroperú.
Además, encarga al Ministerio de Energía y Minas elaborar, en un plazo de 90 días, un Plan Integral de Reestructuración Financiera y Fortalecimiento, así como presentar informes anuales sobre su cumplimiento.
Petroperú llega a esta discusión con una mejora en sus resultados. Durante el primer semestre de 2026 obtuvo una utilidad neta de US$121 millones, frente a la pérdida de US$278 millones registrada en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el endeudamiento y la falta de capital de trabajo siguen siendo problemas para la empresa.
La propuesta de Juntos por el Perú plantea que Petroperú recupere esos recursos y avance en una reestructuración financiera antes de recurrir a mecanismos que permitan la participación privada en sus activos estratégicos.