El Congreso de la República buscaría “retomar” su intención de eliminar las normas que dieron luz verde a la reorganización de Petroperú. En concreto, diputados de Juntos por el Perú (JP) presentaron una proposición legislativa para derogar decretos de urgencia (DU) que autorizaron la reorganización y financiamiento de Petroperú, y retroceder en lo avanzado hasta ahora en ese proceso, que lidera la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
Vale recordar que en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento anterior votó en mayoría enviar al archivo un dictamen de ley que recogía 13 proyectos de diversas bancadas de izquierda para la derogatoria del DU 010-2025.
Entonces, esto significa que ahora JP buscaría revivir el dictamen rechazado por el anterior Congreso. De hecho, su iniciativa legal, además de la eliminación del DU 010-2025, propone derogar a la vez el DU 003-2026, que también implementa ProInversión, argumentando que el fin es “evitar la privatización de esta empresa pública”.
El DU 010-2025, dado en el Gobierno de José Jerí, establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de la empresa y garantizar la continuidad de su cadena de producción.
A su vez, el DU 003-2026 permite la creación de un Vehículo de Propósito Especial para recibir, canalizar y reponer aportes para garantizar y financiar la continuidad operativa de la compañía, y medidas para su reorganización patrimonial.
¿Qué más plantea el proyecto?
Las derogatorias no son lo único. El proyecto de ley también propone la recuperación de los créditos fiscales acumulados de la empresa, a consecuencia de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) prevista en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.
Pide además que pueda recuperar el saldo a favor pendiente de devolución del IGV correspondiente al proyecto de modernización de la refinería Talara, para destinar esos recursos, con carácter de inembargable, al capital de trabajo de Petroperú.
Igualmente, que se restituya la vigencia del artículo 1 de la Ley 28244, Ley que excluye a Petroperú de las modalidades de promoción de la inversión privada en las empresas del Estado.
A todo ello, se suma que con el proyecto se busca que se declaren nulos todos los actos administrativos en trámite o ya ejecutados al amparo de los DU 010-2025 y 003-2026, así como la reversión de las transferencias realizadas por ProInversión de activos, bloques patrimoniales y recursos en plazo no mayor a 60 días calendario.
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ProInversión: no habrá privatización
En su exposición de motivos, el proyecto arguye que el DU 010-2025 se configura en un “mecanismo orientado a una privatización encubierta de los activos estratégicos del Estado”, y que, en un contexto de alza de precios de los combustibles, resulta contraproducente pues debilita la capacidad del Estado en su rol de soberanía y seguridad energética, entre otras razones.
Sobre el DU 003-2026, que permite un financiamiento de hasta US$ 2,000 millones, señala que también resulta contraproducente pues como contratación de nueva deuda con la banca privada internacional, aumenta el riesgo de insostenibilidad financiera de la empresa.
Sin embargo, en la misma fecha que se presentó este proyecto, el 29 de septiembre, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Ángel Delgado, director del proyecto de reorganización Patrimonial de Petroperú en ProInversión, insistió que los citados decretos no buscan la privatización de la petrolera del Estado.
Delgado remarcó que todos los activos considerados estratégicos de la empresa, es decir los que son indispensables para que siga operando, se van a mantener en la titularidad de Petroperú y del Estado, a través de los bloques patrimoniales.
Explicó que lo que se busca es que un privado junto a Petroperú, gestione los activos incluidos en esos bloques, para que el privado inyecte recursos económicos para restablecer el valor del activo, que seguirá siendo del Estado, y que solo se venderá activos no estratégicos, como son los inmuebles para adjudicar en 5 subastas.
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Respecto al DU 003-2026, Delgado indicó que el hecho que permita constituir garantía financiera de hasta US$ 2,000 millones no significa el uso de recursos públicos ni que se ha usado una garantía soberana.
Además, aseguró que esos recursos no irán a la caja matriz de Petroperú, porque la probabilidad de que sea embargado o se use para otros fines es alta, por lo que se manejan a través de la Sociedad de Propósito Especial como fideicomiso.
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¿Cambiar liderazgo de reestructuración?
Consultado por Gestión sobre el tema, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, quien fue director de Petroperú anteriormente, consideró que no se puede derogar el DU 010-2025, porque sería retroceder en el proceso de reestructuración de esa empresa.
Sin embargo, consideró que se podría dar más espacio al directorio de Petroperú para que lidere el proceso de reorganización, de la mano con el reestructurador internacional, y que ProInversión acompañe en el proceso.
“ProInversión podría acompañar el proceso de reestructuración. Al final es la Junta General de Accionistas la que designa al directorio y este cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Ya no sería necesario que ProInversión sustituya al directorio”, aseveró Gamio.
Fallo pendiente
Por otro lado, Gamio estimó que el Tribunal Constitucional (TC) estaría pronto a emitir sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad que plantearon la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara en contra del DU 010-2025.
En la misma línea que el Congreso, la Defensoría del Pueblo argumenta que el citado dispositivo viola el artículo N°60 de la Constitución que protege a Petroperú como empresa estratégica, y que la Ley 28244 la excluye de las modalidades de promoción de la inversión privada.
Tras audiencia que convocó el TC el pasado 25 de agosto para analizar las demandas de inconstitucionalidad antes señaladas, y luego de escuchar a las partes involucradas, quedó “al voto” es decir pendiente que el pleno del tribunal emita su fallo.