El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. La decisión llega después de que el Congreso rechazara su paquete de medidas contra la crisis de la vivienda, una derrota parlamentaria que precipitó el fin de la legislatura.
Sánchez compareció desde el Palacio de la Moncloa para informar que llamará a un Consejo de Ministros extraordinario con el objetivo de disolver las Cortes Generales y convocar los comicios.
El jefe del Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de aumentar el respaldo parlamentario con el fin de sacar adelante sus reformas. "Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente", afirmó Sánchez.
Las elecciones estaban previstas en un principio para mediados de 2027. El Boletín Oficial del Estado publicará el martes el decreto de disolución de las Cortes firmado por Felipe VI.
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PP y Vox buscan capitalizar el desgaste del Gobierno
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó de inmediato al anuncio. "Por fin decidirán los españoles", manifestó el dirigente conservador, quien reclamó durante meses elecciones anticipadas.
El opositor aseguró que estos comicios no son como los anteriores, son para que "España le gane a Sánchez" y a lo que representa. A su juicio, los españoles deben elegir entre "un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país", entre "corrupción o decencia" y entre "decadencia o prosperidad".
Feijóo sostuvo que en los ocho años de Gobierno de Sánchez "se ha levantado un muro entre españoles" y se ha llegado a un momento en el que el coste de la vida "es insoportable", la vivienda "está inalcanzable" y hay una "inmigración descontrolada" y "más inseguridad". "No me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré", agregó.
El Partido Popular publicó en la red social X un mensaje tras la decisión del presidente. "Por fin podremos decir lo que pensamos, daremos nuestra opinión, haremos justicia, por fin decidiremos la mayoría", señala en un vídeo difundido poco después del anuncio.
En tanto, el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó el adelanto electoral como una noticia "excelente" porque van a votar todos los españoles y "no unas minorías que hasta ahora han dirigido y han secuestrado al país". Sin embargo, alertó sobre el riesgo de manipulación electoral por parte de Sánchez.
Abascal exigió "elecciones libres, limpias y sin violencia". El dirigente de la ultraderecha afirmó que está "absolutamente preparado" para afrontar los comicios y ofrecer a España las soluciones que necesita.
Sumar y Podemos buscan alianza para el 29-N
La nueva coalición Sumar, bajo el nombre de Frente Amplio, consideró que la convocatoria electoral es "pertinente y necesaria" y auguró que será "la llave de una mayoría nueva" que solucione el problema de la vivienda y permita seguir "avanzando en derechos".
Los cuatro partidos que integran Frente Amplio (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) aún no han designado a su cabeza de lista. En un breve comunicado, señalaron que "las derechas de Vox, PP y Junts pueden bloquear el Parlamento pero no van a poder bloquear la democracia".
La coalición tiene previsto un acto el 17 de octubre con el objetivo de presentar el nuevo proyecto político y a su cabeza de lista para las generales. "El Frente Amplio será la llave de una mayoría nueva que dé solución a este problema y siga avanzando en derechos. Vamos a dar la batalla", añadieron.
Podemos mostró su disposición a ir en coalición con los partidos de la nueva alianza de Sumar, pero insistió en la celebración de unas primarias abiertas para elegir cabeza de cartel. La número dos de la formación, Irene Montero, propuso como fecha los días 14 y 15 de octubre.
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"No hay tiempo que perder y tenemos mucho trabajo que hacer. Y ofrecemos, ofrezco, unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social", declaró Montero a los medios.
La vivienda se convierte en el eje de la campaña
El adelanto electoral llega tras un duro revés para el Ejecutivo, que intentó aprobar la semana pasada un paquete de medidas en plena ola de protestas por la vivienda. El rechazo de las reformas en el Congreso indignó a los colectivos que se movilizan contra el encarecimiento de los pisos.
El detonante fue el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años convertida en símbolo de las dificultades de acceso a la vivienda en España. La madrileña fue obligada a abandonar el piso en el que había vivido durante siete décadas, después de que la vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía aumentarle el alquiler un 275%.
"Ahora comienza una campaña electoral que va a estar profundamente marcada por la vivienda", aseveró a periodistas Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, motor de las protestas. "Esta ola de indignación es imparable y no vamos a parar", añadió.
Al igual que en muchos otros países europeos, la escasez de vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España. Plataformas de alquiler turístico y fondos de inversión son señalados por organizaciones y sectores políticos como factores que contribuyen al aumento de los precios y a la reducción de la oferta para residentes.
El Gobierno prevé volver a aprobar en la reunión del Consejo de Ministros de este martes los decretos leyes sobre vivienda que rechazó la pasada semana el pleno del Congreso. Si se aprueban, tendrán que ser convalidados en el plazo de un mes por el Parlamento, y al estar ya disuelto, quien tiene potestad para hacerlo es la Diputación Permanente.
Acampada en Sol presiona por vivienda digna
Cientos de personas acampan desde hace una semana en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para presionar a favor de reformas. El sábado, decenas de miles de personas se manifestaron en la capital y otras ciudades españolas para exigir soluciones a la crisis.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada, como solicitaba de manera cautelarísima el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso. Aunque, en opinión de la sección sexta de lo Contencioso, "concurren circunstancias de especial urgencia", la decisión no puede adoptarse "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado".
El tribunal tuvo en consideración "la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas" y "la irreversibilidad de las consecuencias" que tendría acceder al desalojo instado por el Gobierno madrileño. Los magistrados consideraron que la "tan real posibilidad" de que el desalojo incluya medidas de "compulsión física sobre las personas acampadas" exige poder contar con el criterio de la Delegación del Gobierno.
La Delegación del Gobierno en Madrid consideró positiva la decisión del tribunal y reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y el respeto al derecho fundamental de reunión. "Ninguna presión política puede sustituir los requisitos que exige la ley para limitar un derecho fundamental", resaltó la institución.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que las elecciones del 29 de noviembre serán un plebiscito entre "democracia o Sánchez". La dirigente del PP pidió "a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo" y dijo que el PP estará "muy pendiente" de la "adulteración posible" de los censos electorales.