Lo que debía ser una audiencia del Congreso para recoger propuestas técnicas y evaluar salidas a los problemas que afronta el sector terminó convirtiéndose en toda una plataforma política para el golpista Pedro Castillo. A la cabeza estuvo su cuñada, la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), a quien el exmandatario considera como su “hija política” y quien actualmente ejerce la presidencia de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara Baja. La audiencia denominada “Por una minería para todos, por una real Ley Mape”, llevada a cabo el pasado 28 de octubre, terminó mezclando demandas y reclamos de distintos grupos de mineros informales con claras referencias al exmandatario. Además de esta, ya se han realizado otras dos audiencias en Puno y Trujillo, y se ha anunciado una más en Cajamarca.
Ninguna de ellas ha sido transmitida ni se encuentra disponible en los canales oficiales del Legislativo. Por ello, al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, El Comercio accedió al registro en audio y video del encuentro realizado el pasado 28 de octubre en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, en el Centro de Lima. El registro pone en evidencia el uso político de este espacio, sobre todo ad portas del vencimiento, el próximo 31 de diciembre, del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Sin duda, una fecha clave y el motivo por el cual se han anunciado movilizaciones de este sector a partir de este lunes.
El encuentro duró más de tres horas y contó con la participación de representantes de gremios, cooperativas y asociaciones de mineros informales, como la Confemin, la Fenamarpe, Macro Sur y Macro Norte, entre otros. Las intervenciones se concentraron principalmente en la ampliación del Reinfo, los contratos de explotación, la revisión de las denominadas “concesiones ociosas”, así como en la realización de un censo minero. También se reclamó agilizar los permisos para adquirir explosivos, facilitar el acceso al sistema financiero y resolver los problemas de trazabilidad y comercialización del mineral.
Paredes abrió el evento saludando a los asistentes, pero trasladándoles también “un cordial saludo a nombre de mi padre, el presidente Pedro Castillo”. Según expresó, el golpista exmandatario “sabe que estamos reunidos hoy aquí y envía sus saludos a cada uno de ustedes”.
En la víspera, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, había sustentado ante la comisión la propuesta del Ejecutivo para la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley Mape). Ya durante la audiencia, Paredes sostuvo que “fue evidente” que “todo fue una improvisación” y que pretendían trasladarle “una papa caliente” a la comisión a su cargo.
Por ello, explicó, se consideró conveniente “invitar a los reales protagonistas”. “Quiero darles la bienvenida y decirles que hoy los vamos a escuchar y de nosotros va a salir la verdadera Ley Mape”, expresó la diputada de JP ante los presentes.
En otro momento, volvió a evocar a Castillo al asegurar a los mineros informales que en el Congreso “van a tener un espacio”, tal como él “abrió la puerta a muchos mineros en Palacio”. También manifestó que ya estaban trabajando en una ley, pero que “necesitamos su apoyo”. Si bien reconoció que no era experta en la materia, sostuvo que buscaba cumplir la “función” que su padre le había encomendado, la de escuchar al pueblo.
“Que se lo queden bien claro las personas, la prensa, los medios de comunicación: buscamos una verdadera Ley Mape, con justicia y con derechos. (…) Quiero representar a la gente que no ha tenido voz, a los miles y miles de mineros que año a año, cuando se acaba el Reinfo, tienen que estar acá en la Avenida Abancay, a las pallaqueras que les quitan su mercadería y aquí no pasó nada, a los mineros que tienen que casi llevar sus explosivos escondidos porque van a estar en la fiscalía mañana más tarde; eso es lo que yo voy a decir cuando presente la Ley Mape”, expresó.
En esa línea, Paredes arremetió contra la propuesta planteada por el Ejecutivo, pues, a su juicio, “carece de sintonía con la realidad”. Y llegó a señalar ante los asistentes que “tienen una comisión, y les digo con toda sinceridad, [en la que] muchos son mineros”.
Como informó El Comercio en un reportaje anterior, al menos dos integrantes de la comisión, Jesús Pérez Alccahuamán (Juntos por el Perú) y Helard Sonco Villanueva (Ahora Nación) tenían vínculos con la minería informal.
Pérez Alccahuamán fue dirigente de una federación minera de Apurímac, organización que lo eligió como su candidato para estas elecciones. Además, en su hoja de vida declaró haber sido gerente de una empresa minera y su hermano, Julio Pérez Alccahuamán, cuenta con una inscripción en el Reinfo.
Por otro lado, Sonco Villanueva (Ahora Nación), a través de su empresa Señor de Ayabacas E.I.R.L., mantuvo una inscripción en Sandia, Puno, que figuraba como suspendida antes de que asumiera el cargo.
“Yo reafirmo nuestro compromiso de que nosotros vamos a presentar la Ley Mape, una ley que hemos tomado nota de cada uno de ustedes con nombre; esto dijo tal persona, y armar una verdadera ley. (…) Les pido su respaldo cuando sea necesario. Y sé que voy a contar con ello porque yo no soy experta en minería, pero los voy a representar”, aseveró Paredes.
Durante la audiencia, otros dos participantes también hicieron referencia a Pedro Castillo, en línea con el mensaje inicial de Paredes.
Además de Paredes, también estuvieron presentes en esta audiencia los diputados Analí Márquez, Haydee Poma y Jesús Pérez Alccahuamán, todos ellos de Juntos por el Perú. A ellos se sumaron los diputados Raúl Camargo (Partido Cívico Obras) y Helard Sonco Villanueva (Ahora Nación).
Márquez sostuvo que la Ley Mape planteada por el Ejecutivo “no nos representa para nada”, pues no contenía ninguna innovación y “simplemente es copia y pega” de lo ya visto. Consideró que para la formalización “necesitamos flexibilización de los requisitos”, especialmente en lo referido a las concesiones.
“Nuestro compromiso como diputados es firme para con ustedes de presentar nuestra propia ley Mape, y esto tiene que salir de aquí, de ustedes”, manifestó.
Por su parte, Pérez Alccahuamán sostuvo que la propuesta planteada por el gobierno “ha sido una necedad más” y que se tendrá que aprobar una ley “acorde a ustedes”. Sonco Villanueva, a su turno, afirmó que “tengo Reinfo, y por eso me dicen que no puedo ser juez y parte”. Aseguró conocer “la realidad” del sector y que primero se debía priorizar el censo minero y, “después de ello, vamos por las concesiones ociosas”.
Para César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, si bien el proyecto del Ejecutivo puede tener deficiencias, corresponde justamente a la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados plantear las mejoras necesarias.
Sin embargo, consideró que lo observado en la audiencia refleja “un discurso de facilitar la impunidad” y un claro “uso político” de este tema, que —según advirtió— tendrá su correlato la próxima semana, ante las protestas anunciadas. A su juicio, se sigue aplicando la misma receta.
“Se sigue convocando a los que generan la problemática, como si solo los mineros que generan la contaminación o la afectación son los únicos que conocen, y hubiera otros actores que también se ven afectados por esta actividad. Ellos son parlamentarios del Estado peruano, no son parlamentarios de los mineros. Como tal, toca que ellos recojan también y escuchen las otras voces”, expresó Ipenza a El Comercio.
En esa línea, mencionó a las poblaciones de Cajamarca que, según indicó, se ven afectadas por la minería informal, así como a las rondas campesinas que han sido amenazadas por mineros ilegales.
Además, expresó su preocupación por el reconocimiento de que algunos integrantes de la comisión mantienen vínculos con la actividad minera. A su juicio, quienes tienen intereses particulares en el sector deberían inhibirse de participar en las decisiones de la comisión.
Por su parte, Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, consideró que ha quedado en evidencia la “falta de objetividad” en la Comisión de Energía y Minas, particularmente desde su presidencia.
Según sostuvo Arenas, ya existiría una decisión tomada por parte de JP para respaldar una nueva ampliación del Reinfo, más allá si se le cambia el nombre o no. Sin embargo, también cuestionó la ausencia de voces críticas dentro de la comisión frente a esta posibilidad.
“La comisión le pertenece a la bancada de Juntos por el Perú, pero no hay ninguna voz crítica”, aseveró.
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