Un acuerdo clave para enfrentar los delitos ambientales se acaba de sellar en Viena ( Austria) en la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC). Se trata de la aprobación de una resolución para la creación de un comité especial encargado de elaborar un Protocolo sobre delitos ambientales transnacionales.
El cambio es fundamental. Hasta ahora, la reunión de la UNTOC, que se realiza cada dos años desde 2000, bajo el marco de la Convención de Palermo, se centraba en la criminalidad transnacional asociada a la trata de personas, la migración y el tráfico de armas.
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A partir de esta 13ª cumbre, que finalizó el 23 de octubre, se abre un nuevo capítulo para afrontar el tráfico de fauna y flora silvestres –incluyendo madera y productos madereros–; la minería ilegal y el tráfico de minerales y metales preciosos; y el tráfico de residuos. Éstos serán considerados delitos transnacionales que requieren acciones coordinadas de los países miembros de UNTOC.
“Este es un momento histórico en la lucha mundial contra los delitos ambientales. En un momento en que el multilateralismo se enfrenta a una presión sin precedentes, los gobiernos se han unido para reconocer que delitos como el tráfico de especies silvestres y la minería ilegal son formas graves de delincuencia organizada transnacional que requieren una respuesta internacional coordinada”, dijo Alice Pasqualato, especialista en políticas globales sobre delitos ambientales de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, tras la aprobación del acuerdo.
Durante la cumbre fue decisiva la presencia y participación de un grupo de representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía. Más de diez líderes de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil asistieron a la cita para contar cómo la criminalidad organizada está afectando sus vidas en la Amazonía. Esta fue la primera vez que un grupo de representantes de pueblos indígenas amazónicos asistió a esta cita mundial.
La resolución para iniciar la construcción de un Protocolo sobre delitos ambientales transnacionales fue impulsada por once países, entre ellos ocho de América Latina –Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay– además de Mauritania, República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe y recibió el respaldo de 83 naciones. Solo 12 votaron en contra y 27 se abstuvieron.
Algunos de los que votaron en contra fueron Argentina, Israel, Venezuela, Japón y Estados Unidos, este último presentó hasta tres enmiendas para bloquear la creación del protocolo y presionó a otros países para que votaran en contra.
El rol de los líderes indígenas
“Nuestra participación ha sido importante para exponer la grave amenaza que existe en nuestros territorios, a causa del narcotráfico, la minería ilegal y también del tráfico de tierras”, dice desde Viena, Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) de Perú.
Los representantes de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil asistieron a esta cumbre para exponer el impacto de los crímenes ambientales en cada uno de sus países y cómo la violencia y la presencia del crimen organizado mantiene bajo amenaza a los pueblos indígenas en la Amazonía.
“Sabemos que el narcotráfico y el crimen organizado no tienen fronteras, por eso necesitamos que en este espacio global, donde se habla sobre estos temas, se apruebe el protocolo que ayudará a combatir el incremento de la criminalidad organizada en nuestros territorios”, comentó el líder indígena kakataibo poco antes de la aprobación del pedido.
Durante la cumbre los representantes de los pueblos indígenas se reunieron con embajadores de los países miembros del convenio de las Naciones Unidas, así como con miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y con Monica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), organismo que supervisa y gestiona la UNTOC.
“Exponer ante la comunidad internacional la grave amenaza que ocurre en nuestros territorios y, sumado a ello, los asesinatos que hemos sufrido ha sido muy importante en estos días de diálogo”, comenta Marcelo Odicio. “También exigimos que en las próximas conferencias exclusivamente de crimen organizado los pueblos indígenas tengan su propio espacio de diálogo”, agrega.
Brayan Mojinajisoy, integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas Inga del Municipio de Villagarzón (Acimvip) y líder del pueblo inga del Bajo Putumayo, en Colombia, también estuvo presente en la cumbre. El líder inga cuenta que el contexto de los pueblos indígenas fronterizos en el Putumayo, es similar al caso peruano, puesto que los actores armados presentes en esta zona se movilizan entre Colombia, Ecuador y Perú. “De algún modo, eso permite que sean corredores para que realicen sus actividades. Yo vengo de la parte media del río Putumayo y conocemos cómo funcionan estas dinámicas”, comenta.
Mojinajisoy señala que los pueblos indígenas asistieron a esta cita con varios pedidos, además de la búsqueda de la aprobación del protocolo sobre delitos ambientales. Los líderes indígenas también tenían en agenda que se incluya a las autoridades indígenas, sus sistemas de gobierno y estructuras organizativas en las discusiones de este foro internacional.
En la delegación indígena estuvo, además, Patricia Gualinga, de Ecuador, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas; Galois Flores, vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis en Perú; Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) en Perú; Francisco Da Silva Piyako, líder indígena de la región de Juruá en Brasil; Ingry Mojinajisoy, líder indígena Inga de Acimvip, en Colombia; Segundo Pino, de la Guardia Indígena Kakataibo en Perú; Herlin Odicio, vicepresidente de ORAU y Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
¿Qué significaría la creación de este nuevo protocolo?
La resolución aprobada en la UNTOC establece la creación de un comité especial para elaborar un protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con miras a enfrentar los delitos ambientales mencionados anteriormente, así como para adoptar otras medidas pertinentes para la prevención, la investigación, el enjuiciamiento y la resolución de dichos delitos.
Este acuerdo es el inicio de las negociaciones para establecer el nuevo protocolo. El documento aprobado establece que se debe convocar a cuatro sesiones con miras a que en la siguiente conferencia de las partes se presente un proyecto de protocolo.
La decisión aprobada el viernes también reconoce ”la importante función de los pueblos indígenas y las comunidades locales, al contribuir a los esfuerzos de los Estados miembros —de conformidad con su legislación nacional— para prevenir y combatir los delitos que afectan al medio ambiente, así como la corrupción relacionada con tales delitos”.
“Esta decisión histórica permite que la comunidad internacional llegue a un acuerdo sobre respuestas coordinadas a los delitos ambientales transnacionales. Sin embargo, solo será efectiva si el protocolo se discute, diseña e implementa con la participación significativa de los pueblos indígenas”, comenta Raphael Hoetmer, director del Programa del Amazonas Occidental de Amazon Watch.
Sofía Jarrín, asesora de Defensa de la Amazonía Occidental de Amazon Watch, destaca que se haya reconocido a los pueblos indígenas como actores importantes. “Lo que se inicia en este momento es un proceso de negociaciones donde buscaremos que la voz de los pueblos indígenas sea escuchada”, acota.
Aunque menciona que aún no existe un mecanismo formal para la participación de los pueblos indígenas, Jarrín señala que lo que se buscará es que los pueblos indígenas sean actores activos “no solamente porque conocen el territorio y sus actividades, sino porque contribuyen a la seguridad dentro de la Amazonía”.
La iniciativa que acaba de ser aprobada fue liderada por Brasil y Perú. Carlos Alberto Sánchez del Águila, Ministro en la Embajada de Perú de Austria, ha sido uno de los impulsores de este acuerdo.
Jarrín comenta que Sánchez del Águila,representante de Perú, “lleva varios años detrás de esta propuesta” junto con Brasil que ha hecho todos “los esfuerzos por impulsar este protocolo y los mecanismos de participación”.
En un comunicado, la Wildlife Conservation Society (WCS) reconoció “especialmente el liderazgo de Brasil, Francia y Perú al reunir a sus gobiernos en torno a esta iniciativa y felicitó a todos los copatrocinadores y socios de la sociedad civil cuyo compromiso y diplomacia contribuyeron a que la decisión fuera posible”.
El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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