El Perú tenía 2.416 obras públicas paralizadas al cierre de 2025, con un costo de inversión actualizado de S/67.139 millones, de acuerdo con el informe de la Contraloría General de la República. De ese monto, todavía faltaba ejecutar S/32.243 millones, recursos vinculados a proyectos que no habían culminado o permanecían sin avance físico durante al menos seis meses.
La dimensión del problema contrasta con los recursos presupuestales asignados durante el año pasado: solo 911 de esas obras, equivalentes al 37,7% del total, contaban con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para 2025. La asignación conjunta fue de S/3.596 millones. Las otras 1.505 no registraban presupuesto modificado para ese año, según el reporte del órgano de control.
En este contexto, el Congreso aprobó el dictamen de la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2025, que plantea crear un Inventario Nacional de Obras Paralizadas. El texto también contempla que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presente un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría y que esta entidad acceda a información tributaria anonimizada de la Sunat, respetando la reserva tributaria.
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Gobierno Nacional concentra S/37.432 millones en obras paralizadas
Aunque los gobiernos locales concentran la mayor cantidad de proyectos detenidos, el Gobierno Nacional reúne el mayor monto de inversión comprometida. Según el informe de la Contraloría, las municipalidades y otras entidades locales acumulan 1.693 obras paralizadas, con un costo actualizado de S/10.525 millones. En el nivel nacional hay 386 proyectos, valorizados en S/37.432 millones, mientras que los gobiernos regionales registran 337 obras por S/19.180 millones.
La distribución muestra que el número de obras no necesariamente coincide con el volumen de recursos comprometidos. Los gobiernos locales reúnen el 70,1% de los proyectos paralizados, pero concentran el 15,7% de su costo actualizado. En cambio, el Gobierno Nacional representa el 16% de las obras y el 55,8% de la inversión asociada.
Entre las causas reportadas por las entidades ejecutoras figuran los incumplimientos contractuales, que explican el 26,2% de los casos; la falta de recursos financieros o liquidez, con el 22,9%; las deficiencias de los expedientes técnicos, con el 9,1%; y las controversias, disputas o arbitrajes, con el 8,7%.
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Contraloría identificó 762 obras detenidas en el Banco de Inversiones
La creación del inventario nacional forma parte de las medidas incluidas en el dictamen de la Cuenta General de 2025, que no recibía aprobación parlamentaria desde 2013. La propuesta busca reunir información sobre los proyectos detenidos, mientras que el plan a cargo del MEF apunta a dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la Contraloría.
La existencia de registros previos es relevante para evaluar el alcance de la medida. El informe de la Contraloría elaborado con información de Infobras, el Sistema de Seguimiento de Inversiones, el Sistema Integrado de Administración Financiera y el inventario del Banco de Inversiones ya identificaba las 2.416 obras paralizadas. Además, al cierre de 2025, el inventario del Banco de Inversiones registraba 762 obras que continuaban detenidas; de ellas, 466 no contaban con un informe de estado situacional actualizado en el sistema.
El dictamen también plantea que la Contraloría acceda a información tributaria anonimizada de la Sunat, con respeto de la reserva tributaria. Asimismo, el MEF deberá presentar un plan para implementar las recomendaciones del órgano de control, algunas de las cuales, según lo expuesto durante el debate parlamentario, permanecen pendientes desde 2013.
La aprobación de la Cuenta General no equivale a una validación de la gestión de las entidades públicas ni de sus actos administrativos. Tampoco exime a los funcionarios de eventuales responsabilidades civiles, administrativas o penales. El efecto de las medidas dependerá de su implementación y del seguimiento que se realice a las observaciones pendientes.
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La Cuenta General y las cifras del gasto público
La Cuenta General de la República consolida información presupuestaria, financiera y patrimonial de las entidades estatales. De acuerdo con el MEF, durante 2025 el sector público ejecutó S/328.363 millones de presupuesto, equivalente al 93,6% del Presupuesto Institucional Modificado. La inversión pública alcanzó S/61.941 millones, con una ejecución del 83,8% del presupuesto actualizado para ese rubro.
Sin embargo, la auditoría de la Cuenta General encontró resultados distintos según los estados revisados. La Contraloría emitió una opinión sin salvedades sobre el Estado de Tesorería y el Estado de la Deuda Pública; formuló una opinión con salvedades sobre los estados presupuestarios y se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros consolidados.
El MEF informó que se recibió información de 2.536 de las 2.547 entidades consideradas en la Cuenta General, lo que representa una cobertura del 99,6%. Esa proporción da cuenta del alcance de la información reportada, pero no elimina las observaciones de auditoría ni reemplaza el seguimiento que corresponde a las recomendaciones pendientes.
