La salud del papa León XIV y su viaje al Perú en noviembre, el encarnizado debate en el Senado por las facultades legislativas y las lluvias generadas por El Niño que han golpeado al norte del país son temas importantes, pero no deberían hacernos olvidar que este domingo se cumplen tres semanas de las elecciones regionales y municipales, y hasta el momento Lima, la capital del país, no sabe quién será su primera autoridad a partir del próximo uno de enero.
Esta demora se debe en primer término a que tenemos un sistema electoral arcaico, anclado en los años 80, a diferencia de países vecinos como Chile o Colombia, donde los ganadores son proclamados en cuestión de horas. Hasta ayer el conteo de actas en Lima iba en 97%, y la distancia entre la lista de Renovación Popular y la de Avanza País era de poco más de 1%. Mucha reforma y muchos recursos, pero seguimos marcando nuestras preferencias con lapiceros.
Esta vez no cabe el argumento de que las largas distancias desde los centros de sufragio a las ciudades, la falta de conectividad a internet, las lluvias, las tormentas, los ríos caudalosos, las quebradas y los precipicios, impiden terminar con el conteo y la revisión a cargo de los jueces electorales de las dos instancias, pues estamos hablando de Lima Metropolitana, donde lo más lejano es Ancón por el norte, Pucusana por el sur y Chosica por el este. ¿Seguiremos igual dentro de cuatro años?
Pero no es la única razón por la cual los más de 10 millones de limeños no saben quién será su próximo burgomaestre, pues el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue en modo lavado de manos, sin aclarar qué pasará si gana la lista de Renovación Popular, pues no tienen candidato a la alcaldía y su aspirante a primer regidor, Rafael López Aliaga, en teoría no podría asumir el cargo porque la reelección está expresamente prohibida por la Constitución.
En todo esto, lo último que se ha tenido en cuenta es el respeto al elector, al ciudadano, al que se pone detrás de procesos lentos y papelucheos absurdos, aparte de la actitud de un JNE como el encabezado por Roberto Burneo, que antes de las elecciones del 4 de octubre debió aclarar una controversia que mantiene vigente a 20 días del sufragio. ¿No lo hizo por miedo a recibir gritos e insultos como los que le lanzó López Aliaga tras la primera vuelta de los comicios generales? Puede ser.
