Este escenario vuelve a poner el foco en la capacidad de las municipalidades para planificar, gestionar y dar continuidad a los proyectos que se comprometen a realizar durante sus gestiones.
De acuerdo con un estudio del Consejo Privado de Competitividad (CPC), los gobiernos locales cuentan con cerca de S/ 33,000 millones para inversión pública, pero a agosto habían ejecutado alrededor de S/ 15,500 millones, menos de la mitad de esos recursos.
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Además, se identificaron alrededor de 43,000 proyectos municipales, de los cuales 15,343 registran ejecución cero. Estos representan cerca del 35% de la cartera y tienen alrededor de S/ 6,990 millones asignados, sostuvo Álvaro Cubas, economista del CPC.
Para la entidad, uno de los problemas detrás de la baja ejecución es la débil planificación de las inversiones. Cubas señaló que durante el año suelen incorporarse nuevos proyectos mientras otros permanecen pendientes, lo que puede dispersar los recursos y la capacidad de gestión de las municipalidades.
No obstante, el hecho de que un proyecto registre ejecución cero no implica necesariamente que exista una ineficiencia. Juan Carlos Odar, economista y jefe del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señaló a Gestión que también debe evaluarse qué proyectos se financiaron, qué necesidades atendieron y qué población fue beneficiada.
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EJECUTAR TODO EL PRESUPUESTO NO GARANTIZA EFICIENCIA
Odar advirtió que una buena ejecución presupuestal no necesariamente significa que una entidad pública haya utilizado sus recursos de manera eficiente. Del mismo modo, indicó que un proyecto con ejecución cero tampoco necesariamente significa que exista una ineficiencia.
“Una ejecución del 100% no necesariamente es deseable, así como una ejecución de cero tampoco necesariamente significa que exista una ineficiencia. Podría tratarse de un proyecto que, luego de ser evaluado, se determinó que no debía realizarse y, en cierto modo, es positivo que no se ejecute”, señaló a Gestión.
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Por ello, planteó que el análisis debe considerar la composición del gasto público y las brechas que se busca atender.
“Lo que debería evaluarse también es en qué se han destinado esos recursos, si se han cerrado las brechas de manera adecuada, qué población ha sido atendida y cuáles son las características de esa población”, explicó.
El economista Juan Carlos Odar también señaló que los recursos disponibles para regiones, provincias y distritos no necesariamente corresponden a sus carencias y necesidades.
Parte de estos ingresos responde a mecanismos predeterminados, como el canon y otras transferencias.
EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS TRAS “LA PRIMERA PIEDRA”
Otro de los problemas identificados por el especialista está relacionado con la falta de seguimiento de las inversiones. Según detalló Odar, existe mucha visibilidad sobre el inicio de una obra, pero no necesariamente ocurre lo mismo durante su ejecución.
Asimismo, agregó que se anuncia la denominada “primera piedra”, pero posteriormente no siempre existe suficiente seguimiento para conocer qué ocurrió con el proyecto, si se realizó dentro del plazo previsto o si terminó costando lo que inicialmente se había presupuestado.
Esta situación puede generar problemas en términos de eficiencia en el uso de los recursos. Al no existir suficiente visibilidad sobre el avance de las inversiones, se tiende a priorizar nuevas iniciativas antes que culminar las que ya están en marcha.
De esta manera, una nueva obra puede ser anunciada mientras otras permanecen pendientes de ejecución. Para el economista, esto genera una gran cantidad de obras que no llegan a terminarse y una ineficiencia en el uso de los recursos públicos.
En esa línea, advirtió que no existe necesariamente ningún incentivo, castigo o sanción por dejar incompletos los proyectos.
CAMBIO DE AUTORIDADES Y CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS
El problema puede adquirir una nueva dimensión con el reciente cambio de autoridades para el próximo año. Juan Carlos Odar consideró que, al asumir una nueva gestión, existe el riesgo de que se dejen de lado proyectos asociados a las autoridades anteriores y se priorice la agenda de la nueva administración.
Esto no necesariamente resulta conveniente para la población, especialmente si el proyecto abandonado atendía una necesidad que todavía permanece. Por ello, plantea la necesidad de una visión de mediano plazo que trascienda los periodos de gobierno.
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Como ejemplo, señaló que si una obra requiere tres años para ejecutarse y el cambio de autoridad ocurre antes de su culminación, debería existir un compromiso para que la siguiente gestión continúe con el proyecto, siempre que existan criterios de eficiencia que validen su necesidad y autorización.
“Fundamentalmente tiene que haber una organización que permita articular a los distintos gobiernos subnacionales y, por otro lado, una visión orientada a atender las carencias de la población”, indicó.
En esa línea, añadió que existen proyectos de interés común o con potencial para beneficiar a varias localidades que no se realizan simplemente porque las autoridades de la zona no están de acuerdo con el proyecto o no lo impulsa, pese a que pueda existir una necesidad.
MENOR INVERSIÓN PÚBLICA PUEDE AFECTAR AL SECTOR PRIVADO
El nivel de ejecución también tiene una dimensión económica. Álvaro Cubas, economista del CPC, estimó que, si las municipalidades mantienen el ritmo actual, podrían cerrar el año con una ejecución de entre 71% y 75% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
Para Juan Carlos Odar, que exista presupuesto sin utilizar puede significar que determinados proyectos no se realizaron o que otras necesidades de la población no fueron atendidas. Por ello, señaló que no necesariamente existe eficiencia en la asignación de los recursos.
“El hecho de que haya presupuesto sin utilizar puede significar que hay proyectos que no se han realizado o que puede haber otro tipo de necesidades de la población que no han sido atendidas. Por lo tanto, de partida, no necesariamente hay eficiencia en la asignación de los recursos.”
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Al tratarse de gasto de capital, agregó, los recursos que no se ejecutan también implican inversión que no se realiza. Esta menor eficiencia puede tener efectos negativos sobre el sector privado, especialmente cuando se trata de infraestructura necesaria para la actividad económica.
“Si una carretera, un puente u otra infraestructura necesaria demora mucho más en realizarse, e incluso puede no llegar a terminarse, también se afecta la actividad privada”, explicó.
Odar advirtió que este efecto puede acumularse a lo largo del tiempo. Una menor eficiencia en la inversión pública puede reducir el crecimiento potencial y generar menores oportunidades de expansión del empleo, crecimiento económico y desarrollo para el país.
Asimismo, sostuvo que una menor eficiencia en la ejecución de la inversión pública puede incidir negativamente en la trayectoria del PBI y, por tanto, en el bienestar de los peruanos.
