En la selva peruana, la minería ilegal sigue encontrando espacios para proliferar. La República participó en un sobrevuelo sobre el río Tigre, desde su desembocadura en el Amazonas hasta la frontera con Ecuador, organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). El recorrido confirmó la presencia de nueve nuevas dragas, maquinaria flotante utilizada para extraer ilícitamente oro aluvial de los ríos.
Las dragas, embarcaciones similares a pequeños buques, se encuentran distribuidas en distintos puntos del río, tanto aguas arriba como aguas abajo de Intuto, la capital del distrito loretano de Tigre. La mayor concentración se registra entre las comunidades de Santa Elena, Nueva Jerusalén y Paiche Playa, donde se identificaron cinco de estas embarcaciones. Otras cuatro dragas fueron detectadas en las inmediaciones del río Santa Bárbara y cerca de la comunidad nativa Nuevo Canaán.
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Cabe mencionar que, de acuerdo con el catastro minero del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), a través de su plataforma GEOCATMIN, y el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta la fecha no se ha otorgado ninguna concesión minera en el río Tigre. Esto genera que cualquier operación minera en esta zona constituya una actividad ilícita.
El río Tigre, afluente del Marañón, enfrenta así un impacto ambiental constante. Entre 2021 y 2025, la minería ilegal en la zona experimentó un incremento sustancial.
Una fuerte contaminación
"Los sobrevuelos de monitoreo territorial que FCDS Perú realiza de manera sistemática constituyen una herramienta estratégica para generar información técnica, actualizada y basada en evidencia sobre las dinámicas de transformación del territorio amazónico y sus fronteras. Estos ejercicios prestan especial atención a la expansión de actividades ilegales, las presiones sobre los ecosistemas y los cambios en el uso y la ocupación del suelo", señaló Andrea Buitrago, directora de la organización, a La República.
"A través de la observación directa, el registro georreferenciado y el análisis de información territorial, los sobrevuelos permiten identificar tendencias, documentar amenazas emergentes y reconocer áreas prioritarias de intervención y prevención. Su propósito es transformar la información obtenida en conocimiento estratégico y oportuno para la toma de decisiones, poniéndolo a disposición de instituciones públicas y otros actores clave. De esta manera, contribuyen a focalizar acciones, fortalecer las capacidades de prevención y respuesta del Estado y promover intervenciones articuladas en la Amazonía peruana", continuó.
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Según Martín Arana, líder de Gestión Territorial Amazónica de la FCDS, una sola draga similar a las presenciadas podría extraer hasta 100 gramos de oro al día. De acuerdo con la calculadora de impactos de la minería presentada por la organización Conservation Strategy Fund (CSF), la extracción de 100 gramos de oro genera un residuo de 3,72 gramos de mercurio, que podría ingresar en la cadena trófica y afectar tanto al ecosistema como a las personas que consumen recursos provenientes de este entorno.
"El sobrevuelo que hemos realizado hoy en el río Tigre corrobora lo que ya habíamos mapeado previamente. En la dinámica de la minería ilegal que viene ocurriendo en Loreto, el río Tigre era una ruta alterna a la minería en el río Nanay. Sin embargo, en el último año se ha venido consolidando como un nuevo frente de la minería ilegal. (…) De momento, la minería ilegal se concentra en el cauce mismo del río Tigre y utilizan las quebradas como escondites. Al menos, todavía no tenemos evidencia de que esto se esté extendiendo a bosques aledaños, como pasa en parte del Nanay y como ocurrió en el caso de Madre de Dios", indicó Arana a este medio.
Además, los efectos nocivos de la minería ilegal sobre el ambiente no se limitan a la contaminación del agua. La remoción del lecho fluvial para extraer oro también puede deformar el cauce del río. Esto incrementa el riesgo de inundaciones e interrumpe procesos ecológicos en los hábitats acuáticos, lo que afecta a la fauna que se reproduce en estos espacios.
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Población coaccionada
"Otra cosa que corrobora el proceso por el cual se vienen estableciendo estos nuevos frentes de minería ilegal es que siguen la misma dinámica que se ha dado en el río Nanay y el río Napo. Inicia con unas pocas dragas y luego aumentan a partir de una renegociación con la población, ya sea a través del acuerdo o la coacción con la propia gente", señaló Arana.
Mientras un sector de la población del distrito de Tigre demanda acciones efectivas del Gobierno, otro ha sido captado por la minería ilegal mediante ofrecimientos económicos. Frithman Salas, especialista en vigilancia y control de la Reserva Nacional Pucacuro del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), explicó a este medio el modus operandi de las organizaciones vinculadas a esta actividad ilícita.
"Hay un tema de desplazamiento de su propia identidad cultural. Los comuneros ya no realizan sus actividades propias, como la cacería y la pesca; ahora trabajan en el campo usando las dragas, y eso les genera una gran rentabilidad. Si hacemos la comparación con una venta de carne del monte, por ejemplo, la actividad ilícita sigue generando más para ellos", señaló.
Salas añadió otros datos relevantes para analizar el avance de la minería ilegal en la zona. Según explicó, la comunidad nativa de Paiche Playa fue una de las primeras en involucrarse en esta actividad, cuyo crecimiento todavía es incipiente. Además, advirtió que, si bien durante el sobrevuelo se identificaron nueve dragas, otros reportes apuntan a que la cifra podría ser mayor y alcanzar las 15 maquinarias distribuidas a lo largo del río.
Acciones por tomar
El especialista del Sernanp indicó que se vienen desarrollando acciones para evitar que las comunidades queden sometidas al poder económico de las organizaciones criminales.
"Venimos coordinando con diferentes actores en el territorio, entre ellos la ONG DAR, un aliado clave, así como instituciones públicas, comunidades aliadas y asociaciones productivas, entre otras, que tienen injerencia en la gestión del área natural protegida. Buscamos fortalecer las capacidades de las personas que aprovechan los recursos naturales al interior de la reserva, la zona de amortiguamiento y el paisaje asociado. Entre estos recursos figuran la carne del monte, los frutos silvestres para la elaboración de harinas para panes, el aguaje y el camu camu, que son clave en la zona. Trabajamos en ello desde el año pasado", señaló.
Asimismo, Salas explicó que, bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, se viene implementando el proyecto ASL2, una iniciativa que busca impulsar actividades económicas como alternativa a la minería ilegal.
"Se ha propuesto un proyecto de manejo pesquero para el río Tigre, donde puedan acceder a un mercado y generar ingresos para sus familias. Asimismo, se viene trabajando en la recuperación de la taricaya, una especie cuyas poblaciones han ido mermando a lo largo del tiempo. La idea es que la especie se recupere y que, posteriormente, cuando sus poblaciones se hayan restablecido, la gente pueda aprovechar sus derivados, como los huevos y la carne", señaló.
Desde el Ministerio Público, también se plantea la necesidad de continuar con las labores de investigación y prevención frente a esta situación. Félix Castro, fiscal especializado en materia ambiental de la sede de Nauta, en Loreto, señaló que la detención de ciudadanos vinculados a la minería ilegal contribuye a que la propia población adopte una posición de rechazo frente a esta actividad.
Castro relató que la detención de cuatro ciudadanos motivó a representantes de comunidades indígenas ubicadas al norte del río Tigre a expulsar a los mineros ilegales. El fiscal sostuvo que las distintas áreas de la institución deben encontrar mecanismos para combatir estos delitos, incluso cuando los hechos detectados no correspondan directamente a su ámbito de investigación.
"El trabajo estructurado y organizado es clave. Nosotros trabajamos con las fiscalías penales, no siempre habrá un caso 'perfecto'. Si alguien traslada un insumo, no corresponde dejarlo pasar, sino trasladarlo a otra fiscalía para que pueda investigarlo. Esa organización es clave: si no hay un caso por minería, pero sí por delito común, tenemos respuesta. Además, el trabajo debe articularse también con la Marina y la Policía", indicó.
Castro también señaló que es necesario que el Estado proporcione los recursos logísticos necesarios a las instituciones involucradas para que estas labores puedan desarrollarse con éxito.
"No hablamos solo de dinero. La distancia entre Iquitos para llegar a estas dragas, de manera aérea, ya es larga. Hacerlo por el río es demasiado lejos. En ese interín, personas ya pasan el dato y la intervención pierde fuerza. Necesitamos helicópteros y no los tenemos. No es porque no queramos, es porque no hay la logística necesaria", afirmó.
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Al finalizar la jornada, Martín Arana señaló que la situación en el río Tigre todavía es controlable. En regiones de la selva peruana, como Madre de Dios, las organizaciones dedicadas a estas actividades ilícitas han evolucionado hasta alcanzar un nivel de poder que limita la autonomía de las comunidades y favorece el avance de la minería ilegal y otras actividades relacionadas. Para Arana, es necesario actuar ahora para evitar que ese escenario se replique en Loreto.
"Una de las cosas que tendría que ser una lección aprendida es la acción temprana de manera preventiva. Ahora mismo, esto es incipiente y manejable, pero si no se interviene oportunamente será una situación difícil de controlar. El río Tigre tiene un único acceso fluvial que abastece y sostiene esta actividad. Establecer un control fluvial efectivo de combustible, insumos y personas es parte de lo que demanda la población. Estamos a tiempo, pero sin fiscalización continua, las operaciones del momento solo generarán un efecto momentáneo", señaló.
