Cuando una persona elige una universidad, decide dónde invertir tiempo, esfuerzo y expectativas sobre su futuro. Por eso, considero importante preguntarnos cómo conocer la calidad de su formación y evaluarla más allá de sus afirmaciones y las regulaciones nacionales.
Desde mi interés por el derecho y la ciencia política, encuentro en la transparencia y la rendición de cuentas dos aspectos importantes de esta discusión. Las universidades cumplen una función esencial en la sociedad y es necesario que sean examinadas con criterios claros e identifiquen oportunidades de mejora.
En ese contexto, las acreditaciones internacionales constituyen herramientas valiosas para evaluar el desempeño de las instituciones bajo estándares definidos. Un caso es el Sello Sofía, otorgado por la Fundación para el Conocimiento Madrid, de España, que toma como referencia los estándares europeos de calidad de la educación superior. Su evaluación contempla diez estándares relacionados con la gestión institucional, la formación, la investigación, la información pública y la mejora continua.
¿Pero de qué sirve una evaluación si sus resultados no conducen a cambios? Su valor radica en cómo utilizan ese proceso para corregir deficiencias y fortalecer la formación de sus estudiantes.
La formación universitaria también se construye intercambiando ideas y buscando respuestas a los desafíos de nuestras sociedades. Fue allí donde reafirmé una convicción: investigar es una forma de gritar por el derecho del mañana.
