Un instalación deficiente, además de elevar el riesgo de ocasionar cortocircuitos e incendios, agrava la vulnerabilidad de una vivienda cuando llegan las lluvias intensas. En Perú, 7 de cada 10 productos del mercado eléctrico minorista son ilegales o subestándares. En total, representan, aproximadamente, 12 millones de unidades al año.
Esta exposición se multiplica sobre todo en hogares que crecen sin supervisión profesional. Así lo detectó la Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos (EPEI) en su tercera edición del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales (OPEI), compartido en exclusiva con Gestión.
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Los “disfraces” de los productos no aptos
Orlando Ardito, gerente general de la EPEI, lanzó una precisión: a pesar de que los productos eléctricos inadecuados que son comercializados equivalen a una inmensa mayoría, el costo total declarado de todo ese volumen abarca solo el 30% del valor monetario de las importaciones del sector.
El escenario demuestra que existe un problema sistemático de subvaluación en aduanas e ingreso de mercadería a precios ínfimos para evadir impuestos. “Aquello ratifica las declaraciones que nosotros ya habíamos hecho con respecto al involucramiento de evasión tributaria. [...] Hay una composición: el producto de mala calidad no solamente viene en gran volumen, sino viene a muy bajo precio. Por eso su comercialización en el mercado es rápida”, sostuvo.
Determinó así las cuatro categorías de elementos subestándar e ilegales que circulan en el país. Primero, aquellos que son genuinos pero no certificados; es decir, son productos no adaptados a la norma peruana, como tomacorrientes con clavija plana, diseñados para 110 voltios, en lugar de receptáculo redondo para 220 voltios.
También se reconocen los adulterados, que son productos modificados en su etiquetado, componentes o documentación. Siguen los de marca desconocida y técnicamente deficientes; en otras palabras, insumos inseguros, como extensiones con cables internos de aluminio en vez de cobre.
Por último, están los falsificados: los productos que suplantan marcas registradas y violan la propiedad intelectual.
En ese sentido, Ardito precisó que, tras las evaluaciones de las partidas arancelarias de consumo común en el sector residencial, la lista de los productos eléctricos más expuestos la integran los enchufes, los tomacorrientes, los interruptores termomagnéticos, los diferenciales y los sistemas de iluminación.
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La precariedad y El Niño
El factor económico también influye en las decisiones de compra, resaltó el especialista. En hogares de menores ingresos, el precio puede simbolizar un peso importante frente a otros criterios.
En el corto plazo, esto puede percibirse como un ahorro; sin embargo, la sustitución o renovación de productos, además de la exposición a fallas y accidentes, puede convertir ese menor precio inicial en un costo mayor para la familia completa. En suma, la falsa percepción de un ahorro inmediato termina imponiéndose sobre la seguridad eléctrica.
El panorama se vuelve una luz roja porque, bajo la lupa del EPEI, se identificó que el 80% de los peruanos compra productos falsificados de manera deliberada: una gran parte de la población tiene toda la certeza de que lo que adquiere no es original. Este patrón de consumo se visibiliza de igual manera en el sector construcción, más aún en las viviendas progresivas y autoconstruidas.
En detalle, el gremio distinguió que el 70% de las viviendas se edifican sin criterios técnicos, el 80% de la mano de obra es no calificada, 4 de cada 5 casas no registran buenas prácticas ni normas vigentes y el 38% de los materiales proviene del mercado informal. Por eso, el impacto del Fenómeno El Niño en las viviendas se convierte en una peligrosa “bomba de tiempo”: los estragos del desastre en sí mismo interactúan con la vulnerabilidad de la estructura.
Asimismo, cuando los techos carecen de la debida impermeabilización, el agua de lluvia se filtra a través del concreto e ingresa en las tuberías y canalizaciones eléctricas hasta alcanzar focos, tomacorrientes e interruptores. Y si el tablero eléctrico cuenta con interruptores falsificados, adulterados o de mala calidad, estos dispositivos no actuarán para interrumpir el flujo eléctrico a tiempo.
A esta cadena de fallas se suma la extrema peligrosidad de los cables informales, los cuales no poseen aislamientos con retardante de llama y de baja emisión de humos. Al generarse un amago de incendio, los materiales subestándar se queman y generan densas nubes de humo tóxico, la principal causa de muerte por asfixia durante las emergencias.
¿Cómo paliar la dinámica de un mercado vulnerable?
Para evitar que las casas se construyan con materiales peligrosos; entre ellos, los insumos eléctricos, el vocero planteó tres acciones urgentes.
Primero, el control en Aduanas. Lo ideal, remarcó, sería implementar reglamentos técnicos que permitan frenar el ingreso de productos subestándar en la frontera.
“Si Aduanas no tiene e instrumentos que le digan qué producto pasa y qué no pasa, entonces el producto de mala calidad va a ingresar a nuestro país sin ningún tipo de bloqueo. Ese instrumento se llama reglamento técnico. El reglamento técnico nace del Ministerio de la Producción (Produce), validado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) a través de sus comités técnicos de normalización como el del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que es la máxima autoridad en el tema eléctrico”, dijo Ardito.
A ello se suma la fiscalización municipal. El objetivo es inspeccionar ferreterías y obras de construcción para decomisar productos que incumplan el Código Nacional de Electricidad.
“En los lugares donde se están construyendo edificios, se están construyendo viviendas, hay que hacer una fiscalización, no solo ir a mirar, sino también ir a verificar, hacer controles, ensayos en los materiales y, de alguna manera, cumplir con ese rol de vigilancia por el bienestar del ciudadano”, subrayó.
“Mientras el usuario tenga la oportunidad de escoger en góndola, seguramente va a decidir entre un producto malo y uno peor, entre uno falso y uno subestándar, cuando lo que el Estado debería de garantizar es que el usuario escoja entre un producto bueno y uno mejor”, concluyó.
