Miles de personas participaron en las primeras grandes protestas contra el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia, que asumió el poder el 7 de agosto. La jornada reunió a sindicatos, estudiantes, docentes, comunidades indígenas, colectivos feministas y organizaciones políticas que rechazaron las medidas del Ejecutivo y defendieron los derechos sociales impulsados durante la administración de Gustavo Petro (2022-2026).
El presidente cifró en 62.000 el número de participantes en todo el país y aseguró que el 98% de las movilizaciones transcurrió de forma pacífica. Sin embargo, durante la noche, la fuerza pública dispersó a grupos en Bogotá, Ibagué y Popayán con gases lacrimógenos y chorros de agua. Las autoridades también reportaron seis detenciones por presuntos actos de vandalismo en Montería, Pasto e Ibagué.
Las marchas tuvieron su mayor concentración en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, aunque también hubo manifestaciones en Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta. Entre las principales demandas figuraron la defensa de la educación pública, el salario mínimo, las reformas laborales y los subsidios a la energía eléctrica. Los asistentes también expresaron su rechazo al acercamiento del Gobierno con Estados Unidos y al restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel.
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La oposición advierte de una huelga general en noviembre
Los sectores contrarios al Ejecutivo advirtieron que las movilizaciones podrían continuar durante las próximas semanas y derivar en un paro nacional indefinido en noviembre. Antonio Sanguino, exministro de Trabajo durante el mandato de Petro, sostuvo que la respuesta dependerá de las decisiones del presidente y de su disposición a mantener las reformas sociales.
"Si el Gobierno insiste tercamente en esta agenda contraria a los derechos de la gente, de los trabajadores, iremos a un paro nacional que podría ser indefinido", declaró Sanguino a EFE durante la jornada en Bogotá.
El senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, defendió la oportunidad de las manifestaciones ante los recortes anunciados en entidades públicas, entre ellas el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). También cuestionó la eliminación de subsidios eléctricos, especialmente en la región Caribe.
Gustavo Petro se sumó brevemente a la concentración de la capital, aunque no ofreció declaraciones durante la marcha. En una publicación en X, el expresidente escribió "El pueblo no se rinde, carajo".
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Iván Cepeda denunciará ante la CIDH presuntos abusos policiales
El senador Iván Cepeda anunció que enviará información periódica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre presuntas vulneraciones de derechos fundamentales. El expediente incluirá casos de violencia policial contra jóvenes en Bogotá y Santa Marta durante los últimos dos meses, así como denuncias sobre intervenciones en centros universitarios y posibles amenazas a la autonomía académica.
Cepeda también prevé remitir el decreto 1525 de 2026, que regula la protesta social, y datos sobre la preparación de un proyecto de Estatuto Antiterrorista. El legislador considera que estas medidas representan un riesgo a las garantías democráticas.
"De ahora en adelante, enviaré comunicaciones periódicas a la CIDH para que se tenga total claridad sobre lo que está ocurriendo en Colombia", escribió en X. El senador acusó al Gobierno de impulsar un modelo autoritario y sostuvo que la ciudadanía debe defender los avances sociales del periodo anterior.
El decreto de De la Espriella enfrenta críticas por limitar las protestas
La controversia sobre el derecho a la protesta social aumentó después de la publicación del decreto 1525, que permite a las autoridades intervenir contra quienes cometan actos violentos sin que el diálogo previo sea una condición obligatoria. El Gobierno sostiene que la norma busca impedir agresiones, daños a bienes públicos y bloqueos que afecten los servicios de emergencia.
De la Espriella defendió la actuación policial y afirmó que su administración garantizará las manifestaciones pacíficas, pero advirtió que no tolerará hechos violentos. Según el balance oficial, las autoridades intervinieron en seis puntos del país, dos de ellos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y otro en Medellín.
Las críticas también alcanzaron el proyecto de regulación de la Guardia Indígena, una organización civil que protege territorios ancestrales. En el suroeste del país, integrantes de comunidades originarias alertaron sobre posibles amenazas a sus derechos y a la defensa de sus tierras.
"Marchamos porque nuestros derechos están en riesgo, porque la movilización está en riesgo, porque la Guardia indígena está en riesgo, porque nuestro territorio está en riesgo", declaró Jorge Sánchez, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca.
