El Poder Judicial (PJ) se encuentra en la recta final de las audiencias programadas para evaluar el recurso de apelación presentado por Martín Vizcarra, contra la sentencia de 14 años de cárcel que se le impuso por el Caso “Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”.
Este jueves, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, terminará de escuchar los alegatos finales de la defensa del vacado exmandatario, que ha cuestionado 28 puntos de la sentencia. De haber tiempo, se escucharán además los alegatos finales del Ministerio Público.
Se tiene previsto concluir la sesiones el próximo 26 de noviembre con los alegatos de cierre de la Procuraduría Anticorrupción y la defensa de las empresas implicadas en el caso y la actuación de alguna prueba adicional, para luego fijar fecha de la sentencia de apelación.
El vacado exmandatario, quien viene cumpliendo su condena en el Penal de Barbadillo (Ate), también fue condenado a la pena de 7 años de inhabilitación para ejercer caro público y al pago solidario de S/2′336.000 como reparación civil.
En noviembre del 2025, Vizcarra Cornejo fue hallado culpable del delito de cohecho al haber desplegado diversos actos de corrupción en su labor como gobernador regional de Moquegua (2011-2014) al haber recibido millonarias coimas por la licitación de obras públicas a favor de las empresas Obrainsa-Astaldi e Iccgsa-Incot.
Según la sentencia, el Hecho 1 está vinculado al Proyecto “Construcción de la Línea de Conducción N.º 1 Jaguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua” a favor de Obrainsa, por el que recibió el 2% del valor de su licitación (S/81’000.000), equivalentes a S/ 1′016.212,72.
Mientras que el Hecho 2, es por el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Hospiìtal de Moquegua Nivel II-2” a favor de Iccgsa, donde recibió un pago ilícito de S/1’300.000, a fin de no objetar la propuesta y suscribir el contrato de buena pro.
En las sesiones de apelación desarrolladas hasta el momento, los abogados de Martín Vizcarra se han centrado en cuestionar la fiabilidad y el uso de los colaboradores eficaces en la sentencia impuesta, alegando que los dichos de una colaborador deben ser corroborados con elementos periféricos autónomos.
Para la defensa legal del vacado exmandatario dichos elementos periféricos fueron indebidamente valorados en el juicio oral puesto que solo se habrían corroborado con las declaraciones de otros testigos y tampoco se habría acreditado la entrega del dinero ilícito.
Además, los abogados solicitaron al tribunal que se declare prescrito el Hecho 1, alegando que, en el caso de que se hubiera solicitado una coima, esta se realizó el 6 de noviembre del 2013. Y, aplicando un año de la suspensión de prescripción, más los 8 años de pena por el delito de cohecho más su mitad, los 13 años de plazo habrían prescrito el pasado 6 de noviembre del 2026.
En las audiencias, Vizcarra Cornejo ha tratado de beneficiarse sacando a relucir la situación del suspendido fiscal superior, Germán Juárez Atoche, quien afronta una investigación por la presunta solicitud de dinero a un colaborador eficaz en el Caso Lava Jato.
Sin embargo, en la sentencia se han rescatado las declaraciones de diversos testigos como Manuel Tejeda Moscoso (expresidente de Obrainsa), Ana María Helen Vela (Secretaria de Obrainsa), Rosa Carmen Ríos Quinteros (secretaria), Donato Reyes Antezana (Auxiliar), Diego Agurto Alván (empleado de Obrainsa) y Tobías Puerta Gutiérrez (Conserje) quienes han confirmado haber visto a Vizcarra en las oficinas de Obrainsa.
Sobre ello, la defensa ha buscado negar la presencia de Vizcarra en las oficinas de la empresa, en Lima, el día 6 de de noviembre del 2013, al señalar que no se tomó en cuenta documentos que probarían que el sentenciado estuvo en la región Moquegua en esa fecha.
No obstante, de acuerdo a la sentencia, los documentos que supuestamente firmó Vizcarra el 6 de noviembre del 2013 -con los que se pretende confirmar su presencia en dicha región- fueron rubricados por el vicegobernador regional Humberto Portilla Alarcón.
Ese día -siempre en base a la condena- el exfuncionario acudió hasta las oficinas de Obrainsa en Lima, a fin de pedir una coima del 2% del valor propuesto a cambio de brindar información para que la empresa pueda ser favorecida con la adjudicación de la obra Lomas de Ilo.
Ese día, según la sentencia, el exgobernador regional de Moquegua informó al colaborador eficaz, Elard Tejeda Moscoso (ex representante de Obrainsa), el monto que debía ofertar por el Proyecto “Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo – Moquegua”. Esto, debido a que tenía conocimiento que el proyecto estaba valorizado en S/70´000.000 y que el Gobierno Regional recibiría por Transferencias del Gobierno Central el monto de S/93′000.000 para su ejecución.
Por ello, Obrainsa debía ofertar un monto promedio, presentado al final una oferta aproximada a los S/81´000.000 con lo que se hizo ganador del proyecto.
Además, la sentencia señala que los pagos ilícitos sí se concretaron. Primero, porque Obrainsa realizó el pago de S/35.985,65 por la contratación de una avioneta para que Vizcarra Cornejo y una delegación boliviana pueda trasladarse en un vuelo Lima-Ilo-Tacna-Ilo-Lima el 4 de diciembre del 2013.
Junto a ello, también se le entregó dos pagos ilícitos en efctivo correspondiente a los montos de S/400.000 y S/600.000. Esto se realizó a través de sobres manila que el sentenciado exmandatario fue a recoger hasta las instalaciones de la empresa Obrainsa entre enero y abril del 2014.
Este jueves, la defensa de Vizcarra Cornejo deberá concluir con sus alegatos respecto al Hecho 2, vinculado al Proyecto Hospital de Moquegua a favor de la empresa Iccgsa.
Según la sentencia, se probó que los directivos de la referida empresa accedieron al pedido indebido de dinero realizado por el exgobernador regional de Moquegua.
Los tratos sobre la entrega de dinero fueron a través de José Hernández Calderón, exministro de Vizcarra Cornejo y colaborador eficaz.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, acogida por el tribunal que emitió la sentencia, Vizcarra condicionó su conducta funcional, a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de S/ 1’300.000.
Junto a la condena por corrupción impuesta en primera instancia, Martín Vizcarra aún enfrenta otros procesos judiciales vinculados también a presuntos actos ilícitos en otros cargos públicos.
En el Caso “Richard Swing” el Ministerio Público acusó a Vizcarra Cornejo en su condición de expresidente de la República por los presuntos delitos de negociación incompatible, y, alternativamente, tráfico de influencias. Por ello, solicitó 5 años y 4 meses de cárcel por el primer delito y por la calificación alternativa 6 años y 8 meses de prisión.
En este caso, es acusado por presuntamente haber usado su cargo para beneficiar al cantautor Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, con contratos en el Ministerio de Cultura (Mincul), entre los años 2018 y 2020.
La semana pasada el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria devolvió la acusación a la fiscalía para que levante observaciones respecto a los hechos de la acusación.
En calidad de exmandatario también afronta otra investigación por el Caso “Los Intocables de la Corrupción” donde afronta presuntos delitos de organización criminal y corrupción juntos a su exministro de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo.
Según la hipótesis fiscal, Vizcarra habría recibido sobornos por parte de empresas peruanas y chinas beneficiadas ilegalmente con licitaciones de Provías Descentralizado (PVD), una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Por este caso, la Procuraduría Anticorrupción señaló que se causó un perjuicio al Estado de aproximadamente S/ 280 millones.
Por el Caso “Vacunagate” Vizcarra Cornejo también afronta una denuncia constitucional por el presunto delito de concusión por aprovechar su cargo, como presidente de la República, para solicitar que se le aplique la dosis de la vacuna contra el virus del Covid-19, en octubre del 2020.
En noviembre del 2025, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que recomienda acusar a Vizcarra Cornejo y a su exministra de Salud, Pilar Mazzetti. El caso aún debe ser aprobado por el Pleno del Congreso.


